La presentación de las solicitudes de valoración de diversidad funcional disminuyeron en más de 17.000 durante el 2020, año en el que comenzó el covid. Durante esos 365 días fueron presentadas en la provincia un total de 29.677 mientras que en el 2019 la cifra era de 47.360. Un 37% menos en 2020 que el año anterior. Y en 2021, de enero a abril, 9.165, como indica la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Ocurre lo mismo con la movilidad reducida. Las resoluciones de valoración positiva para este ámbito se redujeron en el llamado «año covid» a 2.087 en contraposición con el 2019, cuando hubo 6.215 expedientes favorables. Una resta en la que obtienen 4.128 resoluciones menos.
Desde el departamento que dirige Mónica Oltra señalan que «el tiempo de espera varía según la casuística. Las personas que solicitan el certificado por una diversidad funcional de carácter intelectual tienen el procedimiento resuelto en 3 meses, las de carácter físico han aumentado pero no superan los 8 meses en la actualidad. En Alicante, se resuelven unos 1.200 expedientes al mes», indican. La pandemia y las limitaciones «ha sido el motivo del retraso en las valoraciones de la discapacidad física con respecto a las intelectuales, por ser necesario un informe médico y, en algunos casos, una valoración presencial». Aun así, «cuando dio comienzo el primer estado de alarma se decretó una prórroga de un año para todos los títulos que estaban en proceso de renovación y en los casos que es posible, resolverlo con un informe médico, que la ley estatal contempla para situaciones extraordinarias».
Con respecto a la demora en los centros de valoración, desde 2015 «reforzamos con dos equipos más en Alicante y mejorado los procedimientos de atención no presencial». Ahora se está trabajando en una pasarela «entre la dependencia y los centros de valoración para que una dependencia se pueda equiparar directamente con un determinado grado de discapacidad». Aunque recuerdan que este proceso «viene regulado por una ley estatal, muchas veces estos cambios llevan un proceso más lento», afirman fuentes de Conselleria.
Traslado y renovación
Noemí Torrado solicitó el traslado de expediente desde Madrid, al mudarse a la provincia. Tras pasar un cáncer de mama, su discapacidad es sobrevenida, debido a los efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento. En Madrid, el tribunal le otorgó un 36%.
A Alicante llegó a finales de 2018 y en junio de 2019 solicitó la renovación del expediente que caducaba el 9 de marzo de 2020. Lo hizo tan pronto «porque así me lo dijeron que aquí solían tardar mucho y al tener que hacer el traslado de expediente el proceso se alargaría aun más», comenta. A día de hoy aún no sabe realmente cuál es su situación. «Sé que el traslado de expediente se hizo en verano de 2019. El viernes pasado fui al centro base y cada persona con la que hablo me dice una cosa distinta. En febrero me dijeron que ya lo habían resuelto y a mayo de 2021 aún no tengo nada claro».
A esta técnica de laboratorio de 39 años, a raíz de la operación de pecho, le quedó un linfedema en el brazo izquierdo y rigidez articular, «probablemente por la medicación que estoy tomando. La discapacidad me dificulta, tengo problemas en las manos y los dedos por la rigidez articular, necesito ayuda para hacer algo de fuerza, pelar o trocear alimentos y para bajar escaleras debo apoyarme en una barandilla». Dos años después aún no sabe nada, «creo que en Conselleria llevan un bloqueo administrativo muy grande que el covid ha demorado, aunque este retraso ya era anterior. Pido a Conselleria que reconozcan mis derechos y cumplan la ley», reivindica.
Ocho años y un transplante
La batalla de Martina López comenzó en 2008, con 17 años. Un desmayo en la piscina fue la señal de alarma. Con esa edad le diagnosticaron una enfermedad cardiaca, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Más tarde descubrieron que tenía hipertrofia. La enfermedad evolucionaba, tras dos años recabando información, al tiempo que estudiaba Trabajo Social, pidió informes médicos, psicológicos, otros al Centro de Ayuda al Estudiante de la UA, para justificar sus faltas a clase o a los exámenes por su estado y operaciones.
En el año 2013 aportó toda esa documentación en el centro de reconocimiento de personas con diversidad funcional en Babel. Un año más tarde, el 7 de noviembre de 2014 «me llamaron para hacerme el reconocimiento, bastante traumático por la poca empatía que tuvieron. Una de las profesionales me dijo: ‘con todo lo que tienes ahora no te podemos dar nada’. No quería pensión económica tan solo la discapacidad», señala. En noviembre salió la resolución y el 18 de febrero de 2015 le dieron un 12%. Recurrió y ese mismo año interpuso una demanda contra la Conselleria de Bienestar Social. En 2016 tuvo un reconocimiento por parte del perito judicial y del suyo propio, ambos forenses coincidieron: le pertenecía un 49% que rechazaron en el juicio, en 2018. Tras desestimar la demanda, Martina realizó un suplicatorio a la sala social del TSJCV. Ganó y le dieron una discapacidad permanente del 34%. Esto supuso «con efecto retroactivo el pago de las matrículas de más por no poder presentarme a los exámenes». Once años después de iniciar el proceso, se sometió a un trasplante de corazón. «El covid es un peligro constante al tomar inmunosupresores, es un plus de riesgo», aclara esta trabajadora social que, con respecto a la discapacidad se pregunta, «¿quién decide ese grado un médico que es quién lo sabe o un juez?».
Con una actitud positiva y el lema «sonriendo a la vida», el transplante se la cambió por completo. Ahora, solo quiere servir de ayuda a otras personas con situaciones similares, con su canal de Youtube «Martina, un corazón diferente».
Agravamiento
Desde Cocemfe, federación a la que pertenecen ambas usuarias, recalcan que «el covid ha agravado aun más las demoras que arrastra el centro de valoración de Alicante, con retrasos de dos años o incluso más actualmente». Añadiendo que «no se están realizando valoraciones presenciales de las personas solicitantes y es imposible contactar de manera telefónica», apunta su presidente Antonio Ruescas. La trabajadora social de la entidad, Patricia Sánchez, pide a Conselleria «cumplir los plazos de la ley 9/2016 por la que el procedimiento debe ser resuelto en un plazo máximo de tres meses, además del retorno de las valoraciones presenciales y un nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad, en el actual se quedan fuera muchas patologías como las enfermedades degenerativas y las relacionada con discapacidades orgánicas».
Ambos confirman que este atraso se traduce «en una realidad que dificulta el acceso al empleo protegido, acceso a oposiciones, prestaciones y exenciones de impuestos vinculados con la discapacidad o prestaciones farmacéuticas».
