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Familias del colegio Mediterráneo firman en defensa de la directora, denunciada por "razones lingüísticas"

El denunciante, padre de una alumna, pide 15 años de inhabilitación porque el centro no tradujo al castellano la circular sobre una excursión

Recogida de firmas en defensa de las proferoras ante el colegio Mediterráneo

Familias del colegio público Mediterráneo, en la playa de San Juan, están recogiendo firmas en apoyo de la directora del centro y de una maestra tutora, a quienes ha denunciado el padre de una alumna por no traducir en su día al castellano la circular sobre una excursión a la que finalmente su hija no fue, ya que su progenitor indicó que no comprendía "la lengua valenciana" y los objetivos de la actividad solo aparecían en castellano.

Circular que recibieron los padres sobre la excursión

"Ante las graves repercusiones de los recientes acontecimientos, que han afectado en primera línea a la directora y a una de las profesoras tutora de nuestro colegio CEIP Mediterráneo, las familias y profesorado que configura la comunidad educativa del mismo queremos dejar patente, mediante las firmas adjuntas, nuestro apoyo incondicional a ambas en su profesionalidad y desarrollo de su labor pedagógica y en el extraordinario funcionamiento del centro en todos los ámbitos". Es el escrito para el que familias del centro han recogido más de 200 firmas de momento, con la intención de seguir aumentando apoyos la semana próxima.

Ambas docentes han sido llamadas a declarar y en su defensa señalan que todo ha sido fruto de un "error".

Los abogados del denunciante solicitan 15 años de inhabilitación para las docentes.

También desde la asociación de directores de Infantil y Primaria de la Comunidad han redactado un escrito conjunto de respaldo a las citadas directora y maestra, mientras desde la Conselleria de Educación indican haber puesto a disposición de las docentes los servicios de la Abogacía de la Generalitat.

Escrito de los directores de colegios de la Comunidad

Antecedentes

Aunque la Fiscalía archivó el caso en su momento -denunciado en febrero del año pasado de la mano de la asociación nacional por la libertad de elección de lengua "Hablamos Español"-, un juzgado de Alicante ha abierto diligencias y llamado a declarar a las docentes.

Tras la queja formulada en su día por el padre al centro, y no obtener una respuesta adecuada a sus demandas, decidió llevar el tema a los tribunales.

Este mismo jueves, en el transcurso del Foro Educativo convocado por conseller Vicent Marzà para debatir la organización del inicio el curso con el conjunto de representantes de la comunidad educativa, el sindicato docente mayoritario, STEPV, inició su intervención expresando su respaldo a ambas docentes y "solidarizándose con el colegio Mediterráneo de Alicante, que está siendo sometido a un acoso brutal, con denuncias penales contra parte de la plantilla, por enviar un escrito a las familias con una parte en valenciano".

El Sindicato muestra su preocupación por este ataque a la plantilla del centro que se enmarca en una campaña de acoso lanzada por una minoría.

Comunicado

El STEPV detalla que el denunciante "es a la vez dirigente de un partido de extrema derecha y en la denuncia, por la vía penal, que ha sido admitida por el tribunal, se piden 15 años de inhabilitación por haber recibido texto escrito en castellano que incluía, por error, una parte en valenciano ya que todas las circulares del centro envían en las dos lenguas oficiales del País Valenciano", subraya en un comunicado.

El Sindicato valora "positivamente" la reacción de "la comunidad educativa del centro, del profesorado valenciano, de Educación y de numerosas entidades e instituciones valencianas en apoyo de los denunciados" y muestra su preocupación por "esta campaña lanzada por una minoría, poco representativa de la sociedad valenciana, contraria a las libertades y la democracia, así como la lengua y cultura valencianas y la normalización lingüística del País Valenciano".

Recuerdan estos delegados docentes que "España suscribió la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, que está en vigor desde el 1 de agosto de 2001, que reconoce las lenguas definidas como "regionales o minoritarias" como expresión de riqueza cultural y compromete a los estados firmantes a hacer posible la enseñanza, en todo o en parte, en estas lenguas y también poder usarlas en la Administración, la justicia y los medios de comunicación, entre otros ámbitos".

En este contexto, STEPV plantea "la necesidad de un Pacto Valenciano por la Igualdad Lingüística, que sirva para establecer los objetivos y las actuaciones necesarias para avanzar en el proceso de recuperación y normalización lingüística".

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