Trabajadores de los servicios de Radiología de los hospitales públicos de la provincia se han concentrado este viernes a las puertas de los centros sanitarios contra la intención de la Conselleria de Sanidad de crear una nueva empresa pública de salud para asumir los servicios externalizados, entre ellos las resonancias magnéticas y la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas.
La protesta de los trabajadores cuenta con el respaldo de la Sociedad Valenciana de Radiología, que ha exigido la integración de las Unidades de Resonancia Magnética en los servicios de radiodiagnóstico, dentro del sistema público, tal y como se pactó antes de la llegada del covid, ahora parece que la Conselleria ha dado un giro de 180 grados. Esto sucede, además, cuando la Radiología va ganando importancia cada día en la lucha contra muchas enfermedades.
Durante los últimos 20 años, concretamente desde 1998, el servicio ha estado externacionalizado y gestionado por empresas privadas, apoyados con sus propios trabajadores, que desempeñaban su labor en hospitales públicos. La Conselleria de Sanidad decidió ir liquidando estos contratos a medida que iban cumpliéndose, lo que ha generado la queja de estos trabajadores que, después de muchos años, se enfrentan a un futuro incierto porque pertenecían a la privada y ahora va a seguir fuera del sistema público "es como si dentro de una especialidad unos estuvieran dentro y otros fuera", ha explicado un profesional. La consellera Ana Barceló ha puesto en marcha ahora este proyecto de empresa pública para la gestión, lo que se ha hecho coincidir con la decisión de que el Hospital de Torrevieja se revierta desde una empresa privada a una de gestión pública, pero al margen de Sanidad.
Los costes excesivos derivados de estos conciertos, que incluso aparecieron en una auditoría llevada a cabo por el propio Síndic de Comptes, se quieren aminorar ahora con esta fórmula. El Sindicato Médico, por ejemplo, ha dicho que la solución es mucho más sencilla, "implantar, de una vez por todas, una gestión única e integral de los Servicios de Radiología". De ahí su oposición al proyecto de Decreto Ley del Consell por el que se autoriza la creación de una empresa pública de salud en la Comunitat Valenciana.
La Sociedad Valenciana de Radiología ha exigido a la administración la "integración inmediata" de las Unidades de Resonancia Magnética en los Servicios de Radiología de los diferentes departamentos mediante la fórmula de gestión única "que garanticen la asistencia integrada, la docencia y la investigación a sus profesionales, en igualdad de condiciones al resto de especialidades
La creación de esta empresa ha sido rechazada tanto por personal de estos servicios, como por los sindicatos. Para CC OO la creación de una empresa pública de salud en su modalidad de sociedad pública mercantil "es un nuevo disparate, como en su día fueron las concesiones administrativas que no garantizan ni resuelven los problemas ni financieros ni de gestión de recursos humanos". Problemas, añaden, "que sólo se solucionan con talante político y con voluntad negociadora".
Una empresa mercantil de estas características, a pesar de ser de capital público y de gestión directa, sostiene CC OO, "no deja de ser un nuevo elemento distorsionador en la gestión sanitaria que podría poner en riesgo la continuidad asistencial y el funcionamiento de los servicios a prestar, si no se da de forma inmediata y sin alteraciones, situación que genera muchas dudas por la complejidad del proceso".
Por su parte, el Sindicato Médico sostiene que la creación de una empresa pública para la gestión de las concesiones sanitarias "no contribuye a igualar las condiciones laborales del personal y, por lo tanto, difícilmente puede garantizar la homogeneidad de la asistencia sanitaria a toda la población".
El CESM-CV reclama "una decisión valiente que perdure en el tiempo y que sea impermeable a los cambios que se puedan producir como resultado de próximos procesos electorales". Consideran que esta “reversión reversible” genera "inseguridad laboral y jurídica a medio plazo a la todos los trabajadores". En opinión de este sindicato, la decisión pasa por igualar las condiciones laborales en todo el ámbito sanitario de la Comunidad, "dando seguridad a los trabajadores en aras a conseguir una atención sanitaria realmente universal e igualitaria".
