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El drama de una familia del Pla: camino al desahucio sin esperanza

Sergio y Sandra tienen dos hijos menores y forman parte de la kilométrica lista de espera para poder acceder a una vivienda social, compuesta por miles de personas en toda la provincia

La historia de una familia del Pla es el reflejo de las historias de personas vulnerables que esconde la lista de espera para una vivienda social. | HÉCTOR FUENTES

El día que llega la carta que habla de un desahucio se recuerda para siempre, pero deben pasar muchas cosas antes para que pueda quedarse en un mero recuerdo. Sergio y Sandra son dos vecinos de Alicante que tienen dos hijos, y no hace mucho que recibieron la fatal misiva, el estallido de una búsqueda incesante por conseguir el bien preciado: una casa. Su situación de vulnerabilidad congela el lanzamiento al menos hasta el 9 de agosto, cuando está previsto que se acabe la suspensión de desahucios establecida excepcionalmente por el Estado de Alarma. Si llegaran a ese momento, sus opciones, como las de otras personas, son muy limitadas, pues en la provincia hay miles de familias a la espera de una vivienda social pública.

Él es fontanero y su mujer se dedica a la limpieza en distintos hogares. Pagaban desde hace años un alquiler acordado con uno de sus familiares, que era propietario del piso donde viven. Pero ese pariente falleció y el nuevo dueño del inmueble les subió el arrendamiento hasta una cifra que explican que no les resulta posible poder pagar. Menos aún con una pandemia que les ha estado mermando la actividad laboral, cuentan.

Recibieron la notificación del desahucio y desde ese momento, además de intentar frenarlo en los juzgados, han estado consultando las alternativas a las que pueden acogerse en las instituciones públicas, aunque el recorrido no ha llegado a buen puerto.

La de Sergio es una familia en situación de vulnerabilidad, con un hogar al que entre él y su pareja logran llevar cerca de 600 euros todos los meses, y con dos menores a cargo: de 4 y 7 años. «Hace unos dos meses perdimos el recurso y nos dijeron que teníamos que abandonar la vivienda, pero todavía no nos ha llegado el lanzamiento», explica el fontanero.

El primer paso que dio Sandra, al verse en esta situación, fue pedir una cita con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante. La solicitó en el mes de octubre y se la concedieron para seis meses después, en marzo. Una vez allí, preguntó por la posibilidad de acceder a una vivienda social, y le informaron de que el tiempo medio de espera para acceder a una de éstas rondaba los dos años.

Actualmente, el parque de viviendas sociales de la Generalitat Valenciana está ocupado al completo. Y no solo eso, si no que, en la provincia de Alicante, hay aproximadamente 3.500 familias a la espera de acceder a un inmueble de este tipo -de las que el 40% están en la ciudad de Alicante-. La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) cuenta con 3.671 pisos para alquiler social en la provincia, todos ya ocupados. «Hemos ido a todos los recursos y no hay nada. Nada para entrar de inmediato, de urgencia», explica Sergio.

Con la opción de una vivienda social bloqueada, una de las alternativas consiste en una ayuda económica para hacer frente a los primeros pasos de un alquiler común, pero profesionales del trabajo social coinciden en que esta opción no es aterrizable. «Sin contrato de trabajo y con los ingresos con los que contamos, nadie te alquila un piso», apunta Sergio.

Este padre explica que su situación se agrava al contar con menores a su cargo, y se muestra molesto porque, según señala, se le ha ofrecido, como una posible última alternativa, la opción de que los ellos se vayan a un albergue y sus hijos a un centro de menores. «Es algo que no se tiene ni que plantear. Separarme de ellos no es una opción en ningún caso», señala. El Ayuntamiento de Alicante, sin embargo, apunta que esto «no se corresponde con las formas de actuar de la Concejalía de Acción» y que, llegados a este punto y en un caso como este, a la familia se le ofrecería un hueco en un hostal, aunque no especifica durante cuánto tiempo.

En el mes de agosto acaba la fecha de aplicación del decreto aprobado durante el estado de alarma que ha paralizado muchos desahucios. Para cuando Sergio y su familia tengan que abandonar obligatoriamente el inmueble, este alicantino pide «un empujón». «Encontraremos trabajo pronto. Cuando esto mejore, conseguiremos salir adelante. Nos ayudaría una salida poco traumática para los niños, y, si pudiera ser, que no tuvieran que cambiar de colegio», señala. «Si no nos mantenemos fuertes, nos hundimos en la miseria», añade.

Los grandes propietarios alquilarán sus viviendas

El Consell bonificará a bancos y tenedores para dar salida a cerca de 19.000 inmuebles vacíos

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El último decreto del Consell para tratar de ampliar el parque de vivienda social, que desarrolla la ley de función social de la Comunidad Valenciana de 2017 y que se encuentra en fase de tramitación, pretende sacar intentar sacar al mercado del alquiler cerca de 19.000 inmuebles de personas físicas o jurídicas que cuenten con más de 10 viviendas.

«Con este decreto se van a intentar movilizar todas las viviendas deshabitadas que están en estos momentos en manos de grandes tenedores, a través de una declaración administrativa de vivienda deshabitada, y que va a ir acompañadas de medidas de fomento para que salgan al mercado», explica Pura Peris, la directora general de Emergencia Habitacional y Función Social de la Generalitat Valenciana.

Los bancos y la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) están obligados a notificar desde hace cuatro años las casas vacías con las que cuentan. Si las viviendas de los grandes propietarios continuaran vacías, podrán pagar las tasas que correspondan a las viviendas deshabitadas o, por el contrario, incluirse en el programa de intermediación. «Va a haber un programa de intermediación de alquiler en el cual van a ser los profesionales del mercado los que pongan en contacto la oferta con la demanda», apunta Peris., quien señala como medida fomento la rehabilitación que llevará a cabo la Generalitat en inmuebles que se pongan en alquiler en esta red al menos durante 8 años. La directora general apunta que sabe que hay familias que necesitan ya una vivienda, y asegura que están haciendo todo lo posible para que no se queden sin alternativa habitacional, aunque sea parcial o temporal, hasta que llegue este decreto como refuerzo.

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