La vicepresidenta Teresa Ribera dejó colgados a los regantes y se fue, entre otros, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente Pedro Sánchez a Toledo a hablar de las bondades del hidrógeno. Cerca de 4.500 agricultores, trabajadores y empresarios del sector hortofrutícola de Alicante, Murcia y Almería tomaron este lunes el madrileño Paseo de la Castellana para implorar al Gobierno que dé marcha atrás y no recorte el trasvase Tajo-Segura, cuyo caudal mantiene desde hace 42 años cien mil empleos y representa 3.000 millones de euros de las exportaciones agrícolas de España, generados en la bautizada como «huerta de Europa».
La convocatoria resultó todo un éxito pese al boicot inicial del Gobierno, que había limitado la presencia de camiones a solo diez trailers frigoríficos, y mantuvo retenida a la caravana dos horas en Ifema, punto de encuentro, donde se habían concentrado 200 camiones, algo que alteró las previsiones de los propios organizadores, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y el Círculo del Agua. Al final y tras mil y una negociaciones con la Policía Nacional, la Delegación de Gobierno de Madrid dio el visto bueno y, junto a diez camiones y otros tantos tractores, marcharon por el Paseo de la Castellana dos mil coches particulares llegado de las tres provincias y unos treinta autobuses.
CARLES PERIS, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓ DE LLAURADORS: «El recorte es una jugada sucia del Consejo del Agua»
La cita final a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica donde no estaba la ministra Teresa Ribera ni nadie del Ministerio para escuchar a los agricultores. Una más. El Gobierno les dio con la puerta en las narices y mantiene la firme intención de cambiar las reglas de explotación del trasvase y aumentar el caudal ecológico del río Tajo, lo que recortará en 200 hm³ el envío anual de agua a Alicante, Murcia y Almería. Cansados pero satisfechos de que los madrileños les hubieran escuchado después de haber salido de Elche, Murcia, Benferri, Dolores… a las tres de la madrugada los regantes volvieron a subirse a los coches y pusieron rumbo a Alicante. La huerta no espera y pese a la buena lluvia del domingo, el martes vuelta al tajo, que no al río.
El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, volvió a reclamar a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que reconsidere su posición de reducir el volumen trasvasable y, al mismo tiempo, aumentar los caudales ecológicos del Tajo porque puede suponer un golpe de «consecuencias impredecibles» para la agricultura del Levante.
Jiménez trasladó que los regantes lo tienen «claro» y no van a parar a no ser que el Ejecutivo cambie de postura. El presidente de los regantes alerta de que el golpe que les «pretende» dar el Gobierno tiene «consecuencias impredecibles», porque plantea reducir en un 45% los caudales «mínimos y ridículos» que se están enviado a las regiones de Alicante, Murcia y Andalucía.
MIREIA MOLLÀ, CONSELLERA DE AGRICULTURA: «Decimos no al recorte de una sola gota de agua bien aprovechada»
«Es una locura», insiste Jiménez, que advierte de que esta decisión de la ministra puede suponer «el fin de la agricultura del Levante» y reducir en un 44% las frutas y hortalizas que se producen en España y que van a parar también al resto de Europa. Respecto a la decisión del Gobierno, el presidente de los regantes reitera que es «toda» de índole política y afirma que eso es algo que lo saben «los técnicos» del ministerio. «Es una decisión política. No hay nada más», sentencia. Jiménez recordó que las aguas en Aranjuez gozan de buena calidad y de un buen potencial ecológico, por eso cuestiona la decisión de Ribera de subir caudales que trastoca la economía de unas regiones en «plena época de reconstrucción nacional» y cuando se depende del dinero que tiene que llegar de Europa. «Es un contrasentido; es una locura», subrayó.
LUCAS JIMÉNEZ, PRESIDENTE REGANTES TAJO-SEGURA: «El recorte es una decisión política, nos lo han reconocido hasta los técnicos»
Los regantes no estuvieron solos. Al margen esta arropados por muchos de los diputados alicantinos, sobre todo populares, destacados en Madrid, que no perdieron la oportunidad de hacerse la foto a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, desde la provincia llegaron al Paseo de la Castellana, cargos del Consell como la consellera Mireia Mollà y Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, y entre otros los alcaldes socialistas de Elche, Carlos González; Dolores y Benferri. Ausencia destacada fue la del diputado ilicitano y excalcalde, Alejandro Soler, miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez, que prefirió quedarse al margen.
Mireia Mollà recordó que «el Tajo-Segura es el trasvase más regulado, estudiado y avalado técnica y ambientalmente. El recorte condicionará el abastecimiento de agua y el futuro de un sector estratégico como el agroalimentario». Mollà apeló a la «obligación moral de defender una causa justa al lado de los regantes. Decimos no a recortar ni una gota de agua bien aprovechada. Nosotros hacemos un uso racional, modernizado para ofrecer grandes productos por parte de un sector esencial que ha estado a la altura de las circunstancias incluso en uno momentos tan duros como los de pandemia».
Por la Diputación Provincial participó la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, que acudió junto a Miguel Ángel Sánchez, María Gómez y Juan de Dios Navarro. «Es un día muy importante para la provincia de Alicante porque nos jugamos mucho. En la provincia de Alicante no vamos a ceder ni a plegarnos ante los constantes ataques y amenazas de Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Ribera». A la concentración también acudió Juan Ignacio López-Bas, diputado de CS, que pidió acabar con las guerras del agua.
Por su parte, La Unió de Llauradors aboga por un gran acuerdo sobre el Tajo-Segura alejado de las guerras políticas y partidistas y dirigido por técnicos imparciales, porque al final el cambio de las reglas actuales de explotación del trasvase lo ha orquestado un Consejo Nacional del Agua totalmente político, sesgado y a las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica.
La Unió considera que en un asunto de tanta importancia -está en juego el futuro de 30.000 familias que de una manera u otra viven del agua del trasvase para regar sus campos en las comarcas de Alicante- se debería tener en cuenta el criterio de todas las partes implicadas, tanto instituciones como usuarios, y habría que llegar a un solución de consenso y de equilibrio entre la garantía para el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo como de los intereses de los regantes de la cuenca del Segura. Para la organización agraria dejar la decisión de rebajar el límite de 38 hm3 a 27 hm3 en manos de un órgano tan poco imparcial como el Consejo Nacional del Agua es una auténtica barbaridad y es una «jugada muy sucia del Ministerio que compromete seriamente el futuro de la agricultura alicantina y no lo podemos tolerar como organización agraria que defiende los intereses de los agricultores, de los regantes de nuestro territorio», aseveró Carles Peris, secretario general de La Unió de Llauradors.
