El Síndic de Greuges vuelve a la carga con el Puente Rojo después de una nueva queja vecinal ante la situación de insalubridad. El defensor del pueblo valenciano pide al Ayuntamiento de Alicante que actúe sobre la zona, situada entre San Blas y el PAU 1, en la que viven personas sin hogar. En concreto, el Síndic recomienda al bipartito que lidera Luis Barcala a que, «en el ejercicio de sus competencias en materia de limpieza viaria, recogida de residuos y mantenimiento de un medio ambiente urbano adecuado, siga realizando las actuaciones necesarias para que la zona reúna las condiciones adecuadas de salubridad». Además, le pide que, «en el marco de sus competencias y en coordinación con el resto de administraciones, autonómica y estatal, siga controlando, vigilando y erradicando, mediante la adopción de medidas efectivas, las conductas incívicas denunciadas, muchas de las cuales son causantes de los episodios de molestias por contaminación acústica y de inseguridad ciudadana que expone la interesada en su escrito inicial de queja». Y por último, solicita que las acciones sean «compatibles con las medidas que se adopten en materia de protección social de las personas sin hogar que se encuentran en la zona».
200
El Ayuntamiento tiene registrados a dos centenares de personas sinhogar
El 90% de esas personas tienen problemas mentales o adicciones, según precisan desde el gobierno local.
Esta es la respuesta que da el Síndic de Greuges, la segunda en apenas dos años, ante la situación de los bajos del Puente Rojo de Alicante, donde es habitual que vivan sintecho, lo que genera quejas vecinales por la falta de limpieza y de seguridad, pero a que a su vez también provoca que otros colectivos, según la versión del Ayuntamiento, hayan presentado quejas «relacionadas con actuaciones de la Policía Local».
La queja que deriva en esta resolución llega por primera vez al Síndic a mediados de 2019: «La autora de la queja sustancialmente manifestaba, la insalubridad, falta de limpieza e inseguridad que existe en los bajos del Puente Rojo a la altura de la calle del doctor Jiménez Díaz, números 5 y 7». Ese escrito fue resuelto el 20 de marzo de 2020, dictándose una recomendación que fue aceptada por el Ayuntamiento de Alicante el 5 de junio del pasado año. «Con la salvedad de que si transcurridos tres meses no se llevase a cabo la recomendación dictada nos lo comunicase para abrir nueva queja», explica el Síndic en su resolución más reciente. La autora de la queja alegó medio año después de que se cerrase el anterior escrito que «no se ha cumplido la recomendación del Síndic», por lo que vuelve a solicitar, añade el Síndic, «el desalojo y limpieza de enseres y basuras, la desratización y desinfección del Puente Rojo, una mayor presencia policial y tomar las medidas oportunas para que la situación no se repita e impedir las pernoctaciones en ese lugar».
QUEJAS
Zona frecuentada por vecinos, que une los barrios de San Blas y del PAU 1
La zona en la que viven los sintecho se sitúa en una zona de paso, en los bajos del Puente Rojo, al unir dos barrios: San Blas y el PAU 1.
En el nuevo expediente abierto a principios de este año, el Síndic vuelve a solicitar al Ayuntamiento un informe al respecto. Desde el bipartito, en la documentación remitida a la institución dependiente de las Cortes, explican que a mediados del pasado año se actuó sobre la zona, «pero se evidenció situaciones encontradas». Por un lado, «los vecinos que exigen actuaciones de limpieza y desalojo» y, por otro lado, «la Asociación Reacción Solidaria exige otro tipo de medidas, en estas circunstancias la Policía va a llevar a cabo sus actuaciones en coordinación y bajo las indicaciones que al efecto indique la acción social».
Respuesta municipal
Desde el bipartito de Alicante explican que en ocasiones los agentes de la Policía Local de Alicante «han invitado» a estas personas a abandonar los bajos del Puente Rojo. Sin embargo, afirman que la situación se ha reproducido días después, al igual que sucede en otros puntos, como el Rico Pérez o Teulada.
Por otro lado, las mismas fuentes aseguran que «el área de Acción Social tiene registrados a unos 200 sintecho en la ciudad, de los que el 90% son enfermos mentales o tienen adicciones». Además, añaden que las actuaciones son «competencia es autonómica». Con todo, apuntan que «el Ayuntamiento tiene también obligación de atenderlas».
Respecto a ese problema competencial, fuentes del gobierno municipal aseguran que este próximo jueves está prevista una reunión entre la concejala de Acción Social, Julia Llopis, y la directora general de Gestión y Organización del Sistema, Patricia Ramón, «a la que se le va a pedir que tome cartas en el asunto y permita el uso del albergue de La Florida», tal y como sucedió durante el confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus, cuando este recinto acogió a personas sin hogar para sacarlas de la calle, al menos, en esos meses.
