El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el presidente de CEV- Alicante, Perfecto Palacio, el presidente de la Comisión del Agua de la CEV, Rafael Ballester, y los resposables de Asaja-Alicante, Eladio Aniorte y José Vicente Andreu, han trasladado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, su rechazo al cambio de reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y el incremento del caudal ecológico del Tajo propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica. Puig ha trasladado en esta reunión con los representantes empresariales y de los agricultores que el Consell que considera "irrenunciables" las transferencias del trasvase Tajo-Segura y trabajará junto a regantes y agricultores para conseguir "agua para siempre" para la Comunidad Valenciana.
El presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, califica de «inoportuna e injustificada esta decisión» al interferir en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo y al estar basada en datos incompletos, como se reconoce en el mismo Real Decreto 773/2014 que regula el trasvase. En opinión de Palacio este cambio de reglas «va en contra de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, eficacia y eficiencia», en tanto que esconde un trasfondo político y no se basa en datos reales completos que deberá ofrecer la nueva planificación hidrológica, prevista para finales de este año o la primavera de 2022.
Una decisión de tal calado precisa un estudio previo del impacto que pueda tener la reducción del volumen del trasvase Tajo-Segura en la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo porque tal y como ha afirmado Perfecto Palacio «esta reforma puede producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos que no han sido cuantificados y deben ser tenidos en cuenta y porque afectaría negativamente al empleo de más de 45.000 personas del sector agrario y la industria de la provincia de Alicante»
Palacio recuerda que el aporte hídrico de trasvase Tajo-Segura es estratégico para el sostenimiento económico y social de la provincia. De hecho, hace falta un volumen de 205 hm3/año adicional a los valores medios que se reciben actualmente desde la cabecera del Tajo. Por último, el presidente de CEV Alicante apela al derecho histórico de la provincia a recibir agua y reclama más solidaridad con Alicante, «ahora que tanto apelamos a la solidaridad entre pueblos, ¿dónde está la solidaridad con esta provincia en un asunto tan importante para nuestra tierra como es el agua?»
José Vicente Andreu, vicepresidente de Asaja, reitera que aunque parece que algo está cambiando y el Gobierno se muestra más receptivo, pero «en el Ministerio para la Transición Ecológica deben admitir de una vez por todas que el problema del caudal del Tajo no es el trasvase Tajo-Segura. El problema está en el curso medio del río donde Madrid y otros municipios vierten todos los años hasta 600 hm³ de agua mal depurada que la causa de la contaminación. Elevar el caudal ecológico no va a mejorar la situación del río pero sí significará el cierre del acueducto para el regadío al restarnos 200 hm3 al año del agua del Tajo. La elevación del caudal acabará con la estructura productiva de una estructura agraria que funciona y crea riqueza. El precio del agua desalada es inasumible pero es que tampoco hay suficiente caudal desalado para sustituir el trasvase».
Para Andreu, «todo está muy claro. Quieren acabar con el trasvase de agua de un río que no es patrimonio de nadie. Al presidente casteellano-manchego, García-Page habría que recordarle que, por poco, pero el río nace en los Montes Universales, en Aragón, no es su patrimonio. La subida del precio del agua no arruina porque nos restaría competitividad en relación, por ejemplo, con Andalucía, donde no se paga el agua de riego o esta es mucho más barata». Andreu produce cítricos en la Vega Baja. «Regar naranjas a 0,60 euros el metro cúbico es imposible».
