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El Ayuntamiento mantiene ante el juzgado su rechazo a los macrodepósitos de combustible

La promotora, en sus conclusiones previas a la sentencia, insiste en su derecho a lograr la licencia de obra por silencio administrativo positivo

Recreación virtual inicial del proyecto, en el caso de tramitarse todas las posibles fases. | INFORMACION

El proceso judicial entre la promotora de los macrodepósitos de combustible en el puerto -XC Business 90 SL- y el Ayuntamiento de Alicante ha quedado visto para sentencia después de que ambas partes hayan presentado sus conclusiones ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número tres de Alicante. La resolución judicial se espera para dentro de una semanas. De ese auto judicial dependerá la implantación de los macrodepósitos en suelo portuario y, a su vez, posibles indemnizaciones que podrían ser millonarias.

En sus respectivos escritos, tanto la promotora del proyecto como el Ayuntamiento de Alicante no se han salido del guión marcado en los últimos años. A grandes rasgos, mientras la empresa insiste en su derecho a conseguir la licencia por silencio administrativo positivo, el Consistorio rechaza esa vía legal al alegar que la solicitud estaba «incompleta» y «no subsanada».

Este proceso se remonta a febrero de 2013, con un gobierno del PP, cuando la empresa presentó la solicitud de licencia ambiental y licencia de edificación u obra mayor ante la Concejalía de Urbanismo para la «instalación de un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos».

La empresa prevé reclamar al menos cinco millones de indemnización si logra el permiso por vía judicial

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En las conclusiones del Ayuntamiento, se asegura que en junio de 2013 se emitió un primer informe técnico con reparos por la falta de documentación preceptiva. Tres meses después llegó la subsanación por parte de la empresa que, según el Consistorio, no aportó todos los documentos. A mediados de diciembre de ese mismo año se emitió un nuevo informe técnico, con nuevos reparos. «A la vista de que no se subsanan las deficiencias planteadas, se propone la denegación de la licencia», aseguró el Ayuntamiento. Con todo, en febrero de 2014, se abrió el trámite de audiencia. Entonces ya había entrado en vigor la ley de evaluación ambiental. La promotora, según se recoge en el escrito de conclusiones de la administración pública, presenta de nuevo el proyecto de actividad. «Sigue sin aportarse contenido», añade el Ayuntamiento. En mayo de 2015 hubo un nuevo trámite de audiencia entre las partes. Un mes después, según consta en las conclusiones municipales, se emitió informe sin reparos para la licencia de obra, al igual que para la licencia de actividad. Eso sí, se subrayó que carecía de los informes preceptivos de otras administraciones, para la versión del gobierno municipal. Cuatro años más tarde, a mediados de 2019, un nuevo informe técnico «constató la necesidad» de hasta cinco autorizaciones.

Una fecha clave del proceso es septiembre de 2017, cuando la mercantil presentó un escrito solicitando el otorgamiento de la licencia en base al silencio positivo. Esta petición se vuelve a realizar en julio de 2019. Dos meses después, el Ayuntamiento desestima la solicitud: «Para considerar otorgadas las licencias urbanísticas por silencio positivo, se exige que lo solicitado no sea contrario a la legalidad urbanística». Esta decisión es la que provocó que el asunto haya acabado en los tribunales tras la interposición de un contencioso por parte de la promotora, que defiende una postura enfrentada a la municipal. Sostiene que ha demostrado durante el proceso, a través de pruebas documentales, que tiene «derecho a la obtención de las licencias por silencio positivo», lo que supondría la nulidad del decreto por el que se rechazó el permiso por licencia positiva. Según su versión, han transcurrido más de ocho años de la solicitud y seis meses desde que el Ayuntamiento «verificó la documentación y no detectó ninguna insuficiencia». Esa fecha la marca en noviembre de 2013.

Con todo, la decisión queda ahora en manos del juzgado: si habrá o no macrodepósitos en el puerto y si se reclamarán indemnizaciones al Ayuntamiento, que la promotora calcula que sería como mínimo de cinco millones de euros.

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