Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Urbanismo estrenará la consulta previa en el ajuste del PGOU por Pino y Ruaya

El concejal Adrián Santos Pérez pretende escuchar a los ciudadanos y los sectores implicados antes de redactar el plan en busca del mayor consenso

Imagen de archivo del entorno de la finca La Ruaya, situada cerca de la avenida de Dénia. ALEX DOMÍNGUEZ

La Concejalía de Urbanismo, que dirige Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), pretende recurrir al artículo 49 bis de la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para abrir un proceso de consulta pública previa a la elaboración del borrador del plan que se debe impulsar para ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TJSCV), de 1992, que dictaminaba que se calificara el suelo como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta es la hoja de ruta de Urbanismo después de que la titular del juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante haya rechazado el recurso de la Generalitat contra el acuerdo del Pleno municipal, de octubre de 2018, que acordó la calificación como urbanizable de 47 hectáreas de suelo en las fincas Pino-Ruaya, con un uso predominantemente residencial, estableciendo una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, lo que podría permitir la construcción de unas 2.300 viviendas. El terreno está situado en el entorno de Orgegia.

En cumplimiento de esa sentencia, Urbanismo tiene que promover ahora una modificación puntual del PGOU. Para ello, según fuentes municipales, se pretende impulsar la ordenación de bolsas de suelo no urbanizable, además del ámbito reclasificado por la sentencia del TSJ.

El Ayuntamiento tiene vía libre para ejecutar una sentencia de 1992, salvo que la conselleria recurra la sentencia

decoration

Con ese objetivo, Urbanismo prevé exponer al público, a través de la página web del Ayuntamiento, un documento con la información relativa a este ajuste urbanístico, en el que se incluirán los problemas que se pretenden resolver y las posibles soluciones alternativas para que cualquier persona pueda remitir sugerencias. La consulta previa, de veinte días, servirá en la redacción del plan. «Desde Urbanismo, una de las premisas era sacar adelante los atascos que había. Además, pretendemos dar mayor participación pública y consenso a las cuestiones urbanística de calibre», señala el edil Pérez, quien adelanta que su concejalía se acogerá «por primera vez al artículo de la Lotup que permite una participación previa en la redacción de cualquier plan para recoger la sensibilidad de la ciudadanía y de los sectores implicados». Según el edil, se trata de un espacio «sensible, próximo a Santa Faz, una zona de la huerta». Por eso, admite que el objetivo es buscar «el máximo consenso, con un plan lo más sostenible posible, adaptado a los estándares actuales y poniendo en valor la huerta alicantina y dando cobertura a la necesidad de vivienda».

«Es un espacio sensible, próximo a Santa Faz, en zona de la huerta, por lo que buscamos la máxima unidad», afirma el edil

decoration

La Generalitat acudió a la justicia en marzo de 2019 al creer que el acuerdo aprobado medio año antes no era «ajustado a derecho al exceder de los términos fijados en la sentencia del TSJCV de mayo de 1992, al haber sido adoptado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

La jueza, en su reciente resolución, señala que «el acuerdo plenario tiene como finalidad cumplir con el requerimiento de la Generalitat para dar cumplimiento y ejecutar la sentencia del TSJCV, siendo un acto administrativo dictado en ejecución de sentencia». Al respecto, la jueza añade que, «si la administración autonómica considera que no se está llevando a cabo la ejecución como corresponde o que el Ayuntamiento se está excediendo del alcance o términos contenidos en dicha sentencia, debería haber hecho valer estas cuestiones en el incidente de ejecución de la misma a sustanciar ante el TSJCV». La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, no confirmó este viernes si da por buena la resolución judicial o si seguirá plantando batalla legal con un recurso ante el TSJ.

Compartir el artículo

stats