Los 500 millones de euros prometidos por la vicepresidenta Teresa Ribera a Alicante, Murcia y Almería para mejorar la infraestructura hidráulica de regadíos en las vegas del Segura, abaratar el agua desalada y, suponemos, lograr de una vez por todas el incremento de la calidad de la residual depurada y, por ende, el caudal que circula por el río para beneficiar también al muchas veces olvidado regadío tradicional, son muy importantes, pero no deben quedarse ahí. Me explico. El paso adelante dado por el Ministerio para la Transición Ecológica anunciando esa interesada lluvia de millones a los regantes del Tajo-Segura ha devuelto, también, a la memoria, por otro lado, las deudas que tiene el Gobierno con la provincia en materia de infraestructura de cualquier tipo. Tras la llegada del AVE en 2013 –este mes se cumplen ocho años-, no ha vuelto a proyectarse -las obras del Corredor Mediterráneo forman parte de ese proyecto inacabado- ninguna infraestructura importante más, y eso que la provincia tiene cerca de veinte proyectos de más o menos envergadura parados por la coartada del covid.
Cierto es que desde hace año y medio las prioridades debían centrarse en acabar con la pandemia y en atender el drama económico y social, pero ahora que los fondos de Europa parece que ya están cerca, es hora de que Consell y los empresarios despierten y exijan a Madrid lo que nos corresponde de esos «Next Generation». Y es que, si ese dinero está enfocado en sentar las bases de cara al futuro, también debe servir para atender viejas asignaturas pendientes como son la mejora de las carreteras, del ferrocarril –seguimos viajando a Murcia en trenes diesel y en vía única- o la vivienda, porque si se pretenden resolver, por ejemplo, los desahucios, hay que ofrecer alternativas, y el parque de pisos sociales está a años luz de la demanda. No nos centremos, por lo tanto, solo en las energías verdes y la Inteligencia Artificial. Activos del siglo XXI, pero que no pueden hacernos olvidar el pasado incompleto en nuestra provincia.
Contamos con un gobierno de naciones llamado Comisión Europea, que está dispuesto a transferir a partir del próximo otoño, o eso nos han prometido hasta ahora, 140.000 millones de euros (a fondo perdido y en préstamos), para ayudar a España a salir del pozo económico. Una partida que nos lleva a recordar las palabras de Javier Verdú, presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa), que hace ya un año reveló que en la provincia, el covid ,y -esto lo añado yo- el abandono de la Administración, mantienen paralizados cerca de veinte proyectos de infraestructuras que, a bote pronto, supondrían una inyección de 4.000 millones de euros y el mantenimiento de 80.000 empleos durante varios años. Los que se tardarían, por ejemplo, en remodelar las autovías hacia Murcia y Villena.
La obra pública se ha confirmado siempre como un motor de empleo y por todos es sabido que cuantas más personas estemos trabajando, menos presión tendrá el necesitado sistema de atención social. Si no, vayan pensando en la factura que conlleva la tan necesaria prórroga, en principio hasta septiembre, de unos ERTE que, de momento, salvan muchos empleos, pero que no pueden ser la solución. Mucho tendrá que mejorar la cosa –y lamentablemente los vientos de cola no son buenos por mucho gurú político que piense lo contrario– para que en septiembre la «tirita» no tenga que seguir pegada a las empresas como mínimo hasta final de año, porque, pese al avance de la vacunación, el covid y sus múltiples cepas siguen entre nosotros. Por eso debe aprovecharse esa bolsa de miles de millones de euros que, bien utilizados, aliviarían la tragedia económica en la que el covid ha sumido a muchas familias alicantinas, y no solo a las relacionadas con la hostelería y el turismo, en general. No conozco a nadie que quiera vivir del subsidio del paro, por lo que la crisis se combate con trabajo, y ahí están los cálculos de los gurús, esta vez económicos. Por cada millón de euros en obra pública se mantienen 25 puestos empleos.
Y dado el clásico ninguneo que sufre la provincia desde Madrid a la hora de proyectar infraestructuras, hay que recordar hasta que nos atiendan, que desde la llegada del AVE en 2013 no se ha vuelto a proyectar ninguna obra importante. El presidente Ximo Puig tiene desde hace meses sobre su mesa una lista completa de asignaturas pendientes que remitió al ministro José Luis Ábalos. Se la mandó en otoño de 2020, de cara a los presupuestos aprobados a final de año, pero, una vez más, Alicante no tuvo suerte.
Reforma de las autovías con Villena y Murcia, Tren de la Costa y la conexión del puerto de Alicante con el Corredor Mediterráneo. Solo con esos cuatro proyectos en marcha, la crisis económica que ha provocado el covid se afrontaría de otra forma. Pero no solo la Administración central debe colaborar. La Diputación y los ayuntamientos también deben echar una mano si no quieren que esta provincia acabe yéndose a pique, dado que al turismo, como motor de empleo, le quedan un par de años para volver a las cifras de 2019. Es la hora de pensar bien los proyectos y, sobre todo, de ejecutarlos.
Urgen soluciones rápidas y aunque a alguno le suene «vintage» construir carreteras, embalses, colegios, líneas de ferrocarril… tira del empleo y esta infraestructuras siguen haciendo la misma falta, o más. Hay riñón en Bruselas y también iniciativa privada dispuesta a colaborar. Que no se pierda la oportunidad porque debemos concienciarnos que hay vida tras el covid y no valen excusas.
En estos momentos, en la provincia solo hay una gran obra en marcha, la ampliación de la N-338 que conecta la N-332 y la circunvalación de Alicante con el aeropuerto de Alicante-Elche. El Ministerio de Transportes (ex Fomento) invierte 28 millones de euros desde marzo de 2019, y ha ejecutado ya un 90% de la obra. La previsión es que sea una realidad ya este verano. Enhorabuena tras 15 años de espera. A esta se suma una inversión de 2,2 millones para repavimentar las pistas del aeródromo que ya se ha finalizado. No busquen más. Por eso, los 500 millones prometidos por la vicepresidenta Teresa Ribera para obras de mejora en la infraestructura hidráulica (desalación y reutilización), aunque sean para calmar el incendio provocado en el campo, no pueden quedarse en eso, en un calmante.
