El corte de un vial de 400 metros para rehabilitar el paso elevado de Aguamarga lleva más de un mes obligando a dar un rodeo de unos doce kilómetros a los vehículos que quieran ir desde Alicante a Urbanova, además de a otras zonas del litoral sur como Arenales del Sol, o forzándoles a recurrir a un «atajo» que reduce la vuelta a unos dos kilómetros pero a través de un camino estrecho que incluye un paso a nivel por encima de las vías del ferrocarril. Esa situación anómala, en un momento complicado del calendario por la llegada del verano y el consecuente aumento del tráfico en ese punto de la red de tráfico, parece que se prorrogará en el tiempo más allá del anunciado en un principio por el Ayuntamiento. La previsión municipal era reabrir el tráfico a mediados de julio. Esa fecha queda en el aire por un retraso que se debe, según confirman desde la Concejalía de Seguridad y Tráfico, a que ADIF (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) no está cumpliendo con lo acordado. Y es que en apenas dos semanas (la pasada y la actual) el agente de seguridad vial de ADIF, que resulta necesario que esté presente para la realización de las obras, ha estado ausente o lo va a estar. En concreto, las noches de los días 2, 3, 7 y 8 de este junio. Sin embargo, el hecho más allá de ser puntual se repetirá, al menos, durante el mes de julio por las vacaciones, tal y como han informado desde ADIF al Ayuntamiento de Alicante. Este diario contactó con la entidad dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad, aunque no obtuvo respuesta este lunes.
La actuación sobre los pasos elevados está dividida en dos fases. La actual, en Aguamarga, tiene un presupuesto de 409.510 euros.
La falta de agente todo apunta a que retrasará el final de una actuación que se inició a principios de mayo porque fue, según el gobierno municipal, cuando ADIF dio permiso. El concejal de Tráfico, José Ramón González, exige «seriedad y cumplimiento de los acuerdos y los plazos establecidos para poder finalizar las obras en tiempo y forma, ya que se llevan a cabo cuando ADIF las ha autorizado porque es necesario tener personal de control de trafico ferroviario para ejecutarlas». Asimismo, el edil González denuncia que el Ayuntamiento lleva «años esperando hacer estas obras que son necesarias y si se sigue con retrasos y demoras en el plan de trabajo se van a tener que alargar al mes de agosto en plena temporada alta, con el consiguiente perjuicio». Con ese objetivo, el concejal popular urge a ADIF a que «dote del personal necesario para poder finalizar cuanto antes la actuación».
Desde el Ayuntamiento explicaron hace algo más de un mes, coincidiendo con el inicio de la obra, que la intervención era «necesaria ejecutarla para la conservación y mantenimiento del puente con el fin de mejorar las condiciones actuales y de durabilidad de la estructura del paso elevado con el saneado del hormigón dañado». Están motivadas, según prosiguieron, «por la antigüedad y oxidación de las armaduras dada su proximidad al mar, sobre todo las impostas y protecciones, así como la adopción de medidas de contención de vehículos adaptadas a la normativa vigente». Además se prevén realizar las «operaciones necesarias de saneado, limpieza y pasivación de armaduras, reparación de la sección de hormigón mediante mortero estructural aplicado a mano, y la recuperación de la sección con hormigón proyectado, así como se establecerán unas protecciones de las superficies reparadas».
La obra en el entorno de Aguamarga, con un presupuesto de 409.510 euros, la ejecuta la mercantil Pavasal, que también será la encargada del mantenimiento del paso superior sobre la línea de ferrocarril a su paso por San Gabriel, que supondrá una inversión de 427.511 euros. Esta intervención aún no tiene fecha confirmada. Estas infraestructuras viarias, fueron realizadas por el Ministerio de Fomento y son de titularidad municipal, por lo tanto es competencia del Ayuntamiento proceder a realizar las labores de conservación.
El Consell recurre ante el TSJ la nueva la sentencia sobre Pino y Ruaya
La Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad anunció este lunes que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la reciente sentencia del juzgado contencioso-administrativo número cuatro de Alicante, que rechazó el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el acuerdo del Pleno municipal, de octubre de 2018, que acordó -en ejecución de una sentencia del TSJ de 1992- la calificación como urbanizable de 47 hectáreas de suelo en las fincas Pino-Ruaya, con un uso predominantemente residencial, estableciendo una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, lo que podría permitir la construcción de unas 2.300 viviendas.
