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El fiscal sostiene que tres alcaldes de la provincia se sirvieron de su cargo para vacunarse del covid antes de tiempo

El Ministerio Público denuncia por cohecho al regidor popular de La Nucía (PP) y a los socialistas de Els Poblets y El Verger y archiva las diligencias para los otros ocho investigados, entre ellos el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante y su familia

Bernabé Cano el día en que se vacunó

La Fiscalía de Alicante considera que tres alcaldes de la provincia se aprovecharon de su cargo para vacunarse contra el covid cuando no les correspondía por turno. Los regidores son el popular de La Nucía, Bernabé Cano, y el matrimonio formado por los primeros ediles socialistas de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll. Contra los tres ha presentado denuncia por un delito de cohecho al entender que recibieron la primera dosis «por la especial posición y poder que el cargo les otorgaba, siendo éste lo único que les dio acceso a la vacuna».

Las denuncias dejan abierta la puerta a que en el curso de la instrucción judicial «se pueda ampliar la imputación a otras personas que hubieran intervenido en el supuesto de demostrarse una especial connivencia (por propia iniciativa) con los denunciados, en cuyo caso se valorarían otros posibles delitos», según recoge la nota difundida por la Fiscalía. Entre estos cargos podría estar el de prevaricación o incluso el de malversación.

Los tres políticos denunciados son «relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o el centro sanitario donde se les suministró la vacuna». Y existe la «aceptación» por parte de ellos «de una dádiva o regalo dado que no cabe otra interpretación por la fecha en que recibieron la vacuna», en uno de los picos de la pandemia, «sin cumplirse los criterios de priorización establecidos».

El fiscal Pablo Romero, quien ha llevado la investigación, archiva las diligencias para los otros seis cargos públicos de los que también se han indagado las circunstancias en que se les administró la vacuna: el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; el vicario general, Vicente Martínez; el diputado responsable del centro Doctor Esquerdo de la Diputación, el popular Juan Bautista Roselló; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, José Galiano, del PP; el excomisionado de Sanidad de Torrevieja y edil socialista de Benejúzar, José Antonio García Gómez; y quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Dénia, Cristina Morera, del PSPV, que dimitió por estos hechos. También se han archivado para la hermana y el cuñado del obispo.

Carolina Vives y Ximo Coll, matrimonio y regidores de Els Poblets y El Verger, respectivamente. | INFORMACIÓN

La Fiscalía concluye que la vacunación de Murgui y su familia, la de Roselló y la de García Gómez se realizó «en el turno que a cada uno les correspondía conforme a las instrucciones dadas por Salud Pública teniendo derecho a ella en ese momento». Y sobre el edil de Sanidad de Orihuela y la exteniente de alcalde de Dénia afirma que «no fueron provocadas ni forzadas por los mismos». En el caso de Galiano, «se realizó una vez que se agotaron las posibilidades de que la dosis se aplicara a otra persona». Y en el de Morera, «fue llamada por los servicios de la residencia de la que era responsable política para que buscara personas mayores a las que vacunar, lo que la concejal hizo. Si bien, al no localizarse las suficientes para las dosis sobrantes, una se le suministró a ella a las 20 horas, de lo que no cabe inferir que se aprovechara de su condición de edil para tener un indebido acceso al proceso de vacunación», afirma la Fiscalía.

La investigación comenzó hace cuatro meses después de que dos representantes vecinales, José María Hernández Mata y José Luis Valdés, tuvieran conocimiento a través de los medios de estas inmunizaciones y las trasladaran a la Fiscalía.

Suspensión de cargo público

El artículo 422 del Código Penal, por el que se han presentado las denuncias, establece penas que van de seis meses al año de prisión y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años «a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera por sí o persona interpuesta dádiva o regalo que le fueran ofrecidos en consideración de un cargo o función».

Cano recibió la primera dosis el 6 de enero en una residencia de mayores de La Nucía cuyo acceso estaba restringido y a la que el político se desplazó en compañía de otras personas cuando estaban procediendo a la vacunación de los internos. Al saltar la noticia , el PP, que le ha abierto expediente, dijo que tanto el alcalde como su concejal de Sanidad (que no ha sido denunciado) se vacunaron bajo la autorización de los responsables del área de salud.

En el caso de Vives y Coll, también inmunizados en los primeros días en enero, ambos alegaron que se les llamó porque sobraban dosis. Los dos políticos socialistas, suspendidos cautelarmente de militancia, se vacunaron en su centro de salud junto al jefe de la Policía Local de El Verger y a otros cuatro policías y guardias civiles, según confirmó en su momento el propio Coll.

El PP dice que Cano pedirá declarar

El PP ha emitido un comunicado en el que asegura que Cano pedirá declarar ante el juez para aclarar cuanto antes las circunstancias de su vacunación, de la que solo recibió la primera dosis al renunciar a la segunda, según se afirma en la nota. «Desde el PP de la provincia de Alicante ya se le abrió un expediente informativo y ya se le retiraron las competencias en la Diputación en una actuación clara y rápida del partido. Ahora será el momento en el que Bernabé Cano dé explicaciones ante un juez si así lo considera la Fiscalía y que se aclare también qué protocolo de actuación se cumplió o se incumplió si es que había protocolo con las dosis sobrantes», remarca el coordinador general, Juan Francisco Pérez Llorca, quien añade que «hay otras situaciones sobre las que no se ha actuado, como la de la concejal socialista del ayuntamiento de Valencia que entró a la residencia sin que estuviera permitido el acceso porque vacunaban a su madre o la de los otros cargos socialistas de los que no sabemos qué ha pasado con ellos y que aparentemente se habrían saltado el protocolo de vacunación».

El PP pide a la Conselleria de Sanidad más transparencia en relación a las vacunaciones presuntamente irregulares de cargos públicos y otras de «interés social», como las calificó la propia consellera Ana Barceló, y ha recordado que ni el Grupo Popular de Les Corts ni en Alicante se ha recibido ni puesto a disposición de nadie la información que dijo Sanidad que iba a aportar sobre los más de 200 expedientes de vacunación que en un principio iban a estudiarse. Y reitera que «es Sanidad la que ha decidido qué expedientes se archivan previamente o no sin haber realizado un total ejercicio de transparencia, después de que se detectaran 233 expedientes dudosos según los datos que hizo públicos Barceló, que luego pasaron a 62 y de los que finalmente quedaron diez en la Comunidad Valenciana, 9 políticos y un fiscal que finalmente dimitió».

Decisiones dispares: Las denuncias a tres políticos de Extremadura y el reproche moral en el caso Murcia

Mientras la Fiscalía de Murcia no ha visto delito en lo investigado sobre la denominadas vacunas Vip, la del Tribunal Superior de Extremadura se ha inclinado, al igual que ha hecho la de Alicante, por denunciar aquellos casos en los que ha detectado indicios de delito por saltarse el turno de vacunación establecido: dos alcaldes y un edil extremeños, todos del PSOE, así como a las personas que les incluyeron en el listado de vacunación. En Alicante únicamente se ha actuado contra los receptores de las dosis. Sobre las inmunizaciones de Murcia, que afectaban a la cúpula de la Consejería de Salud y a la de la Diócesis de Cartagena, la Fiscalía ve «reproche moral» pero no delito.

Investigación en Valencia

 La Fiscalía de Valencia está investigando al alcalde de Rafelbunyol, Fran López, al ex secretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana Arturo León y al secretario de Salud de UGT PV, Jesús García, por una posible vulneración del turno debido en la vacunación contra el coronavirus, según informó el fiscal portavoz de Valencia.

El alcalde de Rafelbunyol (Valencia), el socialista Fran López, reconoció que se vacunó contra el coronavirus antes de su turno porque se lo ofrecieron y no lo pensó, y pidió disculpas, aunque no ha dimitido. El PSPV-PSOE le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido cautelarmente de militancia por aceptar ser vacunado contra la covid-19, pese a no estar incluido en ninguno de los grupos de riesgo, antes de su turno de edad.

El exsecretario general de CCOO en la Comunidad Valenciana Arturo León confirmó que había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y defendió la legalidad y la ética de su vacunación, pero también insistió en que quería preservar "el buen nombre" del sindicato, razón por la cual renunció a su cargo ante la polémica desatada porque se le administrara la primera dosis contra el coronavirus.

El secretario de Salud de UGT PV, Jesús García admitió haber recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de ser liberado sindical y, por tanto, no estar en la primera línea sanitaria. Puso su cargo a disposición del sindicato, pero la Ejecutiva respaldó su actuación por su responsabilidad profesional.

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