El Gobierno compensará económicamente, a cargo del plan vivienda, a los dueños de pisos que renuncien a desahuciar a los inquilinos que no puedan pagar la renta, siempre que demuestren estar afectados por la crisis del covid. El objetivo es dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios durante la pandemia, garantizando así su protección social. En la provincia de Alicante, 90.000 familias o personas individuales viven de alquiler y, según un informe de la Universidad de Alicante, el 26% de los hogares (12.500) cuyos moradores pagan un alquiler tienen dificultades para llegar a fin de mes, tras haber sido sacudidos por la crisis económica del covid, al haberse quedado en el paro o estar bajo la protección de un ERTE, lo que reduce sensiblemente sus ingresos mensuales.
La compensación consistirá en la cantidad equivalente al valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler u otras referencias objetivas representativas del mercado de arrendamiento. Además, la ayuda incluye los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador por el periodo que medie entre que se acordara la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Juzgado. No obstante, si dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el arrendador, la compensación consistirá en la renta dejada de percibir durante el mismo periodo.
Estas suspensiones por motivos sociales y sanitarios dan derecho a una compensación a los propietarios o arrendadores de las viviendas por la suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos, si los Servicios Sociales no han podido encontrar una alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad y cuando se produzca una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
Las compensaciones ya estaban recogidas en el Real Decreto-ley 37-2020, que establece las suspensiones de los desahucios, en el que fijan las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones, dentro de su ámbito territorial. El objetivo es dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad de los arrendatarios, garantizando así la protección social, pero también equilibrar los esfuerzos realizados por pequeños propietarios, evitando trasladarles situaciones de vulnerabilidad.
Radiografía
Un informe de la Universidad de Alicante sobre el impacto que ha tenido en el acceso a la vivienda la crisis económica desde la explosión de la «burbuja inmobiliaria», que se agravará en los próximos años por la recesión originada por el covid, alerta de que Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana con un mayor porcentaje de falta de ingresos en los hogares. En concreto, un 26% del total de las viviendas, cuatro puntos más que en Castellón y València. Coyuntura que castiga a las familias con rentas más bajas. Muchas han perdido su vivienda y ahora, por los problemas laborales, tampoco pueden afrontar el pago del alquiler. El problema se agrava por el descenso de los ingresos debido a la dependencia de la población laboral del turismo y los servicios, ingresos que, en condiciones normales, son, además, entre un 15% y un 20% más bajos que la media de España.
