Los representantes de las confederaciones de padres de alumnos Covapa, de centros públicos, y Concapa, de centros concertados, han vuelto a sumar fuerzas para convocar a las familias a movilizarse contra «las imposiciones en la educación», porque consideran que las autoridades educativas no cuentan con sus opiniones y funcionan a base de «decretazo», según concreta Sonia Terrero, presidenta de Covapa.
Tanto Terrero como Rafael Araujo por Concapa, han solicitado ya y obtenido el correspondiente permiso para utilizar la «plaza de la Montañeta y alrededores», como detalla Araujo, para poder concentrarse guardando las distancias y durante una hora el sábado día 26 de junio, en lo que esperan convertir en una «masiva afluencia» de padres y madres de toda la Comunidad.
«Nos movilizamos ahora para que a las autoridades les de tiempo a reflexionar este verano después de no haber hecho los deberes durante el curso», ironiza Terrero. Afirma que no se trata de una batalla política, sino educativa, tras años solicitando un pacto nacional para acabar con la nueva Ley Celaá sin consenso.
«Defendemos el Valenciano, pero no una ley que exige impartir asignaturas troncales en Valenciano», añade la representante de los centros públicos. Por la concertada, Araujo abunda en que hay que revisar la Lley d´Us del 83 «y poder elegir la lengua de enseñanza independientemente del territorio en el que se viva, que cada familia pueda decidir».
Advierte, por otra parte, de que el nuevo decreto que ha suprimido los actuales servicios pedagógicos escolares, llevando directamente los orientadores a los centros, «es una falacia, porque no habrá profesionales en cada centro, se comparten, y se hurta el derecho de las familias a participar en el proceso de inclusión de los niños con necesidades educativas. Lo decidirán sin dar voz al padre o la madre, una barbaridad», lamenta. Estas situaciones añade el portavoz de los centros concertados que lleva camino de «judicializar» la educación, «habrá recursos», aventura.
La elección de la jornada u horario escolar, que Educación pospone hasta disponer de una nueva normativa el curso 2022-23 es otro de los argumentos en los que ambas confederaciones apoyan la convocatoria de movilización. «Deberían facilitarlo ya para el colegio Gabriel Miró de Alicante, no es justo lo que ha pasado y los perjudicados son los niños por errores de la conselleria», añade Sonia Terrero.
La presidenta de Covapa aboga asimismo por la libertad de elección de centro y de pensamiento crítico porque sostiene que se adoctrina a los alumnos.
