Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Encarcelan al acusado de estafar 10 millones a inversores con bitcoins

El investigado por apropiarse del dinero de al menos 140 personas estaba en libertad provisional en Alicante y ha ingresado en prisión dos semanas después de no ayudar a acceder a los ordenadores incautados por la Policía

Dos policías con los ordenadores incautados por la estafa con bitcoins. | INFORMACIÓN

Dos policías con los ordenadores incautados por la estafa con bitcoins. | INFORMACIÓN

Un juzgado de Alicante que investiga una de las mayores estafas con bitcoins en España ha acordado esta semana el ingreso en prisión del considerado por la Policía como cabecilla de un fraude que ronda los diez millones de euros, aunque está pendiente de concretarse el perjuicio exacto al barajarse cifras que triplican dicha cantidad. Esta persona se encontraba en libertad provisional tras ser detenida hace unos siete meses y su encarcelamiento se acordó el pasado lunes.

La decisión se produce apenas dos semanas después de otra comparecencia judicial con la Policía y el investigado para acceder al contenido de unos ordenadores y un teléfono móvil, operación que no se pudo realizar porque el acusado de la estafa alegó que sus claves de acceso no funcionaban.

Desde el entorno del investigado, defendido por el abogado Juan Carlos López, niegan la estafa y vinculan la orden de prisión con la diligencia en la que no se pudo acceder a los ordenadores y a su teléfono móvil. La Policía Nacional de Alicante le detuvo por estafar a decenas de inversores de varias provincias a los que prometía elevadas rentabilidades por las criptomonedas que le confiaron.

El auto del juzgado de Instrucción número 8 de Alicante que acuerda prisión provisional sin fianza para Héctor C.P. recoge expresamente que la decisión de encarcelarlo no se adopta por «la no colaboración del investigado» en la diligencia para acceder a los ordenadores y el teléfono intervenidos por la Policía. La prisión por dicho motivo «es una cuestión prohibida» por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, indica el magistrado en su resolución.

El número de perjudicados se sitúa actualmente en unos 140, según el último auto judicial. No obstante, la Policía estima que hay más perjudicados. El magistrado precisa también en el auto que está pendiente de determinarse el perjuicio exacto y que hay diversas contabilidades sobre la cantidad de bitcoins estafados.

Es una cifra muy elevada porque de acuerdo a los contratos aportados a la causa se trata de 280 bitcoins, 9,2 millones de euros al cambio actual. No obstante, en una querella presentada se hablaba de 495 bitcoins (16 millones de euros) y en informes policiales se llega a hablar de que el investigado manejó hasta 800 bitcoins (26,4 millones). La valoración en euros de la presunta estafa varía mucho, ya que esta criptomoneda llegó a alcanzar un precio de algo más de 53.000 euros hace unos meses.

El magistrado investiga a siete personas por la macroestafa con bitcoins y en el auto de prisión señala que el investigado suscribió numerosos contratos para gestionar inversiones financieras y de nuevas tecnologías y se atribuyó la representación de la empresa Rentbitcoin S.A., que nunca ha llegado a existir. Anteriormente formalizó otros contratos a nombre de Rentbitcoin PLC y otros con identidad falsa.

Los contratos más antiguos se remontan a 2018, pero se intensificaron a finales de 2019 y sobre todo a principios de 2020. Los inversores entregaron su dinero a «el asesor» para que lo invirtiera y tradeara con el fin de conseguir unos importantes beneficios mensuales. Sin embargo, el ahora encarcelado dejó «de pagar los beneficios comprometidos y de devolver las cantidades que hubieran sido entregadas», afirma el juez del caso. Esta persona llegó a realizar reintegros parciales con anterioridad y actualmente, precisa el auto, se ignora la ubicación de las criptomonedas entregadas por los inversores.

El investigado por la macroestafa, según el auto judicial, ha declarado durante la instrucción que tenía «fama» como trader y por ello le buscaban los inversores, además de por la elevada rentabilidad que les ofrecía. Héctor C. ha admitido que disponía de 27 cuentas para realizar las operaciones de inversión.

En el verano de 2020 se introdujo en la operativa otra empresa propiedad de otra persona investigada en la causa, pero señala el magistrado que Héctor C.P. tuvo el control en todo momento de los wallets (monederos o billeteras de criptomonedas) a las que transferían los bitcoins los clientes y «en un momento dado deja de pagar los beneficios y rentabilidades prometidas y no devuelve los importes entregados».

Los ordenadores y el teléfono intervenidos por la Policía y a cuyo contenido aún no ha podido acceder estaban en poder de otros investigados en la causa y podrían haber sido manipulados y contaminados, como alegó la defensa del ahora encarcelado. No obstante, los indicios de la implicación de Héctor C. son evidentes para el juzgado que le investiga.

Para justificar el encarcelamiento del presunto estafador siete meses después de ser puesto en libertad por un juzgado de Cuenca, donde fue localizado por la Policía de Alicante, el juez recuerda que no se conocía entonces la magnitud del fraude y la investigación posterior ha elevado la cifra de perjudicados a un mínimo de 140 personas.

El juez considera oportuna la prisión ante el riesgo de fuga por la gravedad de los hechos y «la posible afectación a elementos de prueba y de investigación». El investigado puede acceder a los wallets donde están las criptomonedas y «puede seguir manejando las mismas a voluntad, perpetuando así los efectos y consecuencias del delito y fuentes de prueba».

El día que las claves informáticas no funcionaron

El procesado recuerda que los equipos estuvieron meses en poder de otros implicados

Desde el principio de la investigación, Hector C. P. ha venido diciendo que los bitcoins estaban en los ordenadores requisados en la Comisaría y que solo con acceder a su contenido los denunciantes podrían recuperar su dinero. El día que el juzgado preparó el volcado de los dispositivos informáticos, el procesado no pudo acceder a su contenido. Su abogado, el letrado Juan Carlos López Vidal, ha alertado de que durante cuatro meses el ordenador portátil y el teléfono móvil habían estado en poder de uno de sus socios, también investigado en esta causa, como de uno de los denunciantes. «Intentado acceder han podido bloquear el contenido», explicó y esta es la tesis a la que se aferra la defensa para sostener que no hay estafa, sino que el problema llegó cuando otros de los investigados trataron de arrebatarle a Héctor el control de la empresa y hacerse con el negocio. El procesado adujo en su día que sus conocimientos consisten en las transacciones de bitcoins pero que desconocía las claves del funcionamiento de una empresa, aspectos que dejaba en las manos de sus asociados. Él aportaba la experiencia en el manejo de bitcoins y sus socios el conocimiento en gestión empresarial. En el momento en el que se produjeron las detenciones a finales del año pasado, el sospechoso se encontraba en Cuenca. Según dijo, no se estaba escondiendo de la Policía, sino de sus propios socios. Tras la decisión del juez de dictar prisión, la defensa insiste en que el investigado es ajeno a una posible trama delictiva. El juez sostiene en el auto es el acusado quien en todo momento ha tenido el control de los wallets hasta que en un momento dado deja de pagar los beneficios prometidos.

Compartir el artículo

stats