De sobresalto en sobresalto. Así se podría resumir, a grandes rasgos, la historia reciente de la Institución Ferial Alicantina (IFA). El último episodio ahora, a cuenta del «vacunódromo» que se puso en marcha a finales de abril en el recinto ferial, para habilitar puntos de inmunización masiva y, con ello, comenzar a liberar los centros de salud con la vista puesta en poder recuperar las consultas presenciales. Para ello, lo que se acordó -aunque a estas alturas aún no hay firmado convenio ni protocolo alguno por escrito- es que IFA cedía gratuitamente las instalaciones. Eso sí, la Conselleria de Sanidad tenía que asumir los costes derivados del funcionamiento del «vacunódromo»: luz, climatización incluida, con lo que eso implica en unas instalaciones del tamaño de IFA; limpieza y seguridad, fundamentalmente. Tampoco quedaba otra tras más de 16 meses sin actividad ferial por el covid, y una caída de la facturación que a estas alturas ya roza los tres millones de euros. Sin embargo, casi dos meses después el departamento de Ana Barceló no sólo no ha abonado esos gastos, sino que empieza a poner a la institución al borde de la asfixia con una deuda que roza los 100.000 euros y sigue creciendo día a día por el uso del pabellón para el proceso de inmunización.
El empresariado teme que en un mes no se pueda hacer frente a las facturas y se comprometan las ferias previstas en otoño
Una situación que, de prolongarse, podría poner en breve en riesgo la liquidez de IFA, y que ha hecho que el empresariado se mueva entre la estupefacción y la indignación, según se puso de manifiesto en el comité ejecutivo celebrado esta misma semana. Hasta el punto de que en esa misma reunión desde la Conselleria de Economía -en manos de Compromís y con las competencias en materia de ferias- se informó de que ya se ha trasladado a los departamentos de Sanidad y Hacienda -ambos, del PSPV- la preocupación que existe en el seno de la institución. En este sentido, lo que se expuso en el marco del comité es que la situación puede ser catastrófica en un mes si no se cubren esos gastos. IFA podría entrar en números rojos y, por tanto, se complicaría mucho la posibilidad de seguir haciendo frente a las facturas y, a la sazón, se comprometería la capacidad de maniobra de cara a la preparación de las ferias programadas para otoño. Todo en un contexto en el que en el recinto sólo se están celebrando en estos momentos eventos muy contados y de forma muy contenida como consecuencia de la crisis sanitaria, y cuando buena parte de la plantilla continúa en ERTE por la falta de actividad y, por tanto, de ingresos.
En el limbo
La Generalitat tuvo que salir al rescate de la feria en julio de 2017. En aquel momento, el recinto acumulaba una deuda de unos 76 millones de euros, como consecuencia del macroproyecto de ampliación ideado en tiempos del PP que nunca se llegó a materializar. El embargo de Suma por el IBI adeudado al Ayuntamiento de Elche y la ejecución de la sentencia por lo que se le debía al arquitecto responsable de la ampliación hicieron el resto, y al Consell no le quedó otra que asumir toda la deuda. Sin embargo, a día de hoy, el proceso de reestructuración no ha culminado. Está a expensas, casi cuatro años después, de que la Conselleria de Hacienda asuma formalmente el patrimonio de la feria.
Tampoco se ha solucionado el problema de la naturaleza jurídica y, en estos momentos, IFA sigue siendo una asociación sin asociados, en un contexto en el que Economía plantea que se configure como una corporación de derecho público, siguiendo el modelo de las cámaras de comercio, mientras que Hacienda parece que se decanta ahora por que se integre en el perímetro del sector público. Una concatenación de realidades que hace que en la actualidad IFA todavía continúe en una especie de limbo, pero que le obliga a seguir actuando como una asociación, aunque sea sin asociados.
«Simpas» que se repiten
Esta no es la primera situación de este tipo a la que se enfrenta IFA en los últimos años. Sonado fue el «simpa» de 8.300 euros del PP por un acto organizado por el hoy presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y celebrado en 2009, y que en noviembre pasado -once años después- se acordó que se pagaría en 24 meses, tras alcanzar un acuerdo extrajudicial, y después de que la institución fuera a la vía judicial para reclamar los importes pendientes.
Ahora, no fue el único «simpa». El PSPV también tardó siete años en cumplir con los costes de un acto de 2011, momento ése en el que la ejecutiva de los socialistas alicantinos estaba encabezada por Ana Barceló, entonces diputada autonómica y hoy, precisamente, consellera de Sanidad, el departamento al que se apunta como principal responsable de la deuda que se arrastra con IFA por los «vacunódromos».
Unas labores de montaje que dieron aire a la plantilla
Ocho trabajadores salieron del ajuste de empleo temporal únicamente unas semanas, coincidiendo con el montaje de los centros de vacunación, ya no sólo el de IFA, también los de Ciudad de la Luz, Elda o Crevillent, una labor por la que sólo se facturó la mano de obra, para poder pagar los salarios. Y precisamente esto es lo que se critica ahora en círculos empresariales: que la institución haya colaborado con la Conselleria de Sanidad y que ahora poco menos que el departamento de Ana Barceló les deje al borde del precipicio al no abonar lo adeudado.
