Tras conocer la nueva prohibición acordada en la Comisión Interdepartamental con un adelanto del cierre a las 00.30 horas, el ocio nocturno reclama la puesta en marcha inmediata de un decreto que inyecte compensaciones económicas a las pymes. La Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH)asegura que este es el momento de exigir ayudas económicas para un sector que calcula que ha perdido entre 250.000 cada pub y 450.000 euros cada discoteca desde que empezó la pandemia. En este sentido, critican que apenas ha recibido ayudas, y que éstas no cubren ni el 6% de las pérdidas acumuladas. "Unas ayudas económicas que deben proteger también a los trabajadores que acaban de sacar de los ERTE y que han quedado sin ninguna cobertura", afirman. Asimismo, hacen hincapié en el trastorno que supone para la hostelería cerrar media hora antes a la hora de cuadrar caja y plantilla, y recuerdan que por cada media hora de menos de actividad cada pub o restaurante deja de ingresar una media de 160 euros, según datos de CEOH.
La Coordinadora denuncia "los anuncios tramposos y las falsedades", señalan, de la rueda de prensa de Ximo Puig, anunciando un plan de ayudas de 4,8 millones para el ocio nocturno, que ya fueron comunicadas hace 1 mes, "después del ridículo que supuso que las primeras ayudas comprometidas para el sector, el pasado mes de noviembre, no alcanzaron al 100% de los establecimientos por el error de cálculo del Consell sobre el número de pymes existentes". La Coordinadora califica de lamentable que ahora las venda como si formaran parte de un nuevo paquete de ayudas, "mintiendo clamorosamente a las pymes" a las que obliga a volver a cerrar. "Estamos hablando de unas cifras claramente ridículas e insuficientes para compensar el daño y el sacrificio impuesto a los locales de ocio", abunda el colectivo. Al respecto, la Coordinadora pone como ejemplo Cataluña, la única comunidad que también ha cerrado el ocio nocturno y que ayer mismo puso sobre la mesa una cuarta línea de ayudas por 15.000.000 de euros, que hacen que el total de los recursos asignados para salvar a los locales de ocio de ascienda ya 48 millones de euros, frente a los míseros 12,5 millones de la Generalitat Valenciana.
Empresarios y trabajadores del ocio lamentan tener que volver a escuchar que los contagios se producen en el ocio reglado y en el irregular, criminalizando la actividad de unas empresas que llevan siendo víctimas después de 16 meses del abandono de la Generalitat. "Asimismo, y teniendo en cuenta la rabia contenida, y la indignación que existe en el sector por las falsedades pronunciadas por el presidente en su comparecencia, la Coordinadora no renuncia a ningún tipo de medida judicial ni de movilización para responder a esta nueva injusticia, sobre la que daremos puntual información a los medios de comunicación conforme se produzcan novedades", señalan en un comunicado.
Horas antes de que Puig diera a conocer las nuevas medidas, trabajadores y empresarios del ocio de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia han escenificado un botellón ante las Cortes Valencianas para mostrar su rechazo a las medidas restrictivas "desproporcionadas contra el sector" que ha aprobado hoy la Comisión Interdepartamental.
Durante la protesta, convocada por la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH), han denunciado que desde las administraciones públicas se les vuelva a señalar y a convertir en el chivo expiatorio "por la falta de organización y relajación" del Gobierno valenciano desde que finalizó el toque de queda el pasado 7 de junio.
Estas pymes piden al Consell que asuma su responsabilidad por la “caótica” planificación durante el proceso de desescalada para "frenar los desmanes que se han producido en calles, plazas y playas, con botellones multitudinarios", así como las fiestas clandestinas "y no cargue la culpa a los pubs y discotecas que tienen activados todos los mecanismos y protocolos para que el riesgo de contagio sea el mínimo posible".
En este sentido, han recordado que ya advirtieron que esta situación de ocio descontrolado y no reglado en la calle iba a producirse y que no se han tomado las medidas de prevención, control y seguridad necesarias que el propio sector viene reclamando. No obstante, desde la Coordinadora reprochan al Consell que “una y otra vez” haya hecho “oídos sordos” a las propuestas del sector para garantizar una desescalada progresiva y segura, "resistiéndose a aplicar protocolos científicos y tecnológicos para garantizar, más todavía, la seguridad en los establecimientos reglados de ocio y de hostelería"; e incluso campañas de concienciación y de prevención dirigidas a público y empresarios.
En cambio, sostienen, hasta el momento han hecho todo lo contrario: limitarse a adoptar medidas cortoplacistas, cargando el peso de éstas contra la actividad de los locales de ocio. Una situación, han asegurado, que ahora está en manos del Gobierno del Botànic poder revertir, ya que frenar, de nuevo, la actividad empresarial del sector del ocio no es la solución.
Más bien, han subrayado, es una “mera cortina de humo” ante su incapacidad para gestionar y atajar de raíz el descontrolado repunte de casos de contagios juveniles, manteniendo el orden en la vía pública, combatiendo el botellón y todo tipo de concentraciones multitudinarias que son un auténtico factor de riesgo para el contagio, en estos momentos, entre los más jóvenes.
Compensaciones económicas
Además, han insistido en que se ha hecho "sin medir las graves consecuencias que todo ello supone para los cerca de 1.100 locales de ocio" que han logrado sobrevivir a la crisis y que no tienen ya capacidad de resistencia para soportar nuevas restricciones.
Por eso, durante la protesta han vuelto a reclamar, con carácter inmediato, un tercer plan de ayudas económicas directas, que no deje fuera a ninguna empresa y que compensen las pérdidas económicas hasta que recuperen su actividad al 100%.
Asimismo, también han reclamado poner sobre la mesa la implantación del certificado digital Covid de la Unión Europea, poder utilizar la realización de test de antígenos o los carnets de vacunación, que permitiría recuperar la actividad de los locales, con total garantía sanitaria, en vez de limitarla.
