La Plataforma por un Puerto Sostenible, integrada por varios colectivos vecinales y ecologistas que de la ciudad de Alicante, como las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur-Puerto y San Gabriel y los grupos ecologistas Amigos de los Humedales del Sur de Alicante y Ecologistas en Acción, ha presentado alegaciones en el Ayuntamiento de Alicante contra la solicitud de licencia ambiental de la fábrica de betunes asfálticos ubicada en el muelle 17. En primer lugar, los colectivos sostienen, como ya plantearon ante la Autoridad Portuaria al conocer la nueva concesión solicitada por la mercantil que lo gestiona, aún sin otorgar, que no pueden autorizarse instalaciones de producción industrial en una zona de uso comercial, al representar un uso no contemplado en la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto.
Los alegantes sostienen que la instalación es un peligro por los posibles vertidos a 900 metros de la isla de Tabarca
En segundo lugar, denuncian que la fábrica no dispone de diversas autorizaciones, estudios y los informes exigibles pese a que la actividad se desarrolla desde hace 30 años. Desde la licencia ambiental, que se tramita ahora ante las denuncias de la Plataforma de que la fábrica no disponía de instrumento alguno de intervención ambiental, hasta «los preceptivos informes de evaluación de impacto ambiental y de repercusiones sobre espacios de la Red Natura 2000», subraya Miguel Ángel Pavón, portavoz de la plataforma.
En concreto, aluden al espacio marino protegido de la isla de Tabarca, situado a menos de 900 metros de la fábrica, así como, según la plataforma, la falta de un estudio de integración paisajística y por distintas comunicaciones y autorizaciones relativas a la producción de residuos peligrosos como actividad potencialmente contaminadora del suelo. Respecto a la evaluación de impacto ambiental, exigen que el procedimiento aplicable sea el ordinario y no el simplificado, precisamente por el impacto de la fábrica ( vertidos accidentales, incendio, explosión) sobre la reserva marina de Tabarca.
La plataforma denuncia también la peligrosidad de la fábrica por el riesgo de producirse un accidente grave al manejarse sustancias químicas peligrosas como el betún base, el ácido clorhídrico o las aminas (compuestos derivados del amoniaco). Según Miguel Ángel Pavón, no figura en el expediente ninguno de los planes e informes exigidos por la legislación aplicable, como un plan de emergencia interior, «un plan de seguridad exterior al situarse la fábrica a menos de mil metros de barrios como Ensanche-Autobuses, Benalúa o Gran Vía Sur y a menos de 1.500 metros de San Gabriel, o un informe de seguridad».
La Plataforma pide que se tenga en cuenta, por otro lado, la proximidad de la infraestructura con otras instalaciones peligrosas, como una fábrica de fertilizantes, también en el muelle 17, o, incluso, la proyectada primera fase de la planta de combustibles del muelle 19, «por el efecto dominó que multiplicaría las consecuencias de un accidente en la fábrica al extenderse a esas otras instalaciones», apunta Pavón.
La planta se encuentra muy próxima a barrios muy poblados como Gran Vía Sur, San Gabriel y Benalúa
También proponen que la actual fábrica se traslade a un polígono industrial fuera del ámbito portuario y apuestan por la alternativa cero, que recoge el documento ambiental, «perfectamente viable y la más adecuada desde el punto de vista ambiental y de prevención de riesgos a la población. Por ello pedimos que no se renueve la concesión, y se descontaminen los terrenos donde se ubica». Por último, además de denunciar el carácter incompleto y la falta de rigor del documento ambiental, que no evalúa adecuadamente el impacto de la actividad sobre la Red Natura 2000, el carácter obsoleto de las mediciones acústicas (2011) o la inexistencia de estudio alguno de tráfico para evaluar el impacto de la actividad sobre la movilidad, piden que la resolución del procedimiento de evaluación de impacto ambiental sea desfavorable y que, al no disponer la actividad desde el 5 de marzo de 2020 de concesión portuaria en vigor, el Ayuntamiento paralice la actividad.
Por otro lado, Unides Podem insta al equipo de gobierno a convocar la Comisión Puerto-Ciudad para abordar las consecuencias ambientales. Para la coalición, es imprescindible abordar qué efectos nocivos podría tener en la emisión de partículas nocivas para la salud de la ciudadanía y averiguar si la autoridad portuaria ha proporcionado información a la concejalía de medio ambiente. El portavoz municipal, Xavier López, considera «imprescindible convocar la comisión porque el Ayuntamiento no puede lavarse las manos ante una industria a escasos mil metros de barrios como Ensanche-Autobuses, Benalúa o Gran Vía Sur y a menos de 1.500 metros de San Gabriel», subrayó López.
Unides Podem recuerda que el puerto de Alicante tiene una catalogación comercial, no industrial, por lo que deberían evitarse este tipo de instalaciones en los muelles, muy próximos al casco urbano.
