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Mazón: «Me pregunto quién responderá y compensará ahora por el daño causado»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anuncia que el Ayuntamiento, acusación particular durante todo el proceso del PGOU, no recurrirá el fallo

Mazón, presidente regional del PP. ALEX DOMÍNGUEZ

La sentencia de la Audiencia por el caso PGOU de Alicante, que supone la absolución de Sonia Castedo y una multa de 6.000 euros para Luis Díaz Alperi, llevó este miércoles a que el presidente regional del PP, Carlos Mazón, mostrase su satisfacción por el fallo judicial, además lamentó las consecuencias irremediables para acusados, para el PP y también para las instituciones: «Me alegro de esta decisión, y ya van muchas veces. Me pregunto quién responderá y compensará por el daño causado. Pero no solo a las personas, sino también al PP e incluso a la credibilidad de las instituciones. Debe haber alguna reflexión seria». Mazón, por otro lado, subrayó su «máximo respeto a las decisiones judiciales», en relación a la sentencia sobre el PGOU de Alicante. Fuentes próximas a Castedo recuerdan que la exregidora está suspendida de militancia del PP, una decisión que tomó el partido en 2017 tras su procesamiento, que le abocaba al banquillo.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia, Toni Pérez, manifestó que «el Partido Popular respeta el fallo judicial», a la vez que señaló que espera que esa reacción sea extensible al resto de formaciones políticas: «Pero no solo nosotros, sino que esperamos que todos respeten la decisión. Sabemos que algunos no van a pedir perdón por lo dicho durante años, y que el daño, irreparable para personas y en gran medida para las instituciones, ya está hecho. Más de 200 compañeros han visto cómo, tras ser vapuleados, los casos se han resuelto con su inocencia o quedado archivados. En un estado de derecho, los juicios paralelos no deberían existir», zanjó el dirigente popular, quien no hizo alusión a los dirigentes populares condenados por corrupción en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, en clave municipal, el alcalde de Alicante, el también popular Luis Barcala, anunció que el Ayuntamiento no recurrirá la resolución judicial sobre el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, tras conocerse la sentencia derivada del «caso Brugal», que recoge la absolución de la exalcaldesa Sonia Castedo y una multa para el exalcalde Luis Díaz Alperi (6.000 euros) y el empresario Enrique Ortiz (18.000 euros), ambos por cohecho. El Ayuntamiento, que ejerció la acusación particular en el proceso judicial, pidió en su escrito de conclusiones penas de dos años y nueve meses para los tres principales acusados: los exalcaldes Castedo y Alperi y el empresario Ortiz. Después de «examinar» la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, Barcala confirmó que el Consistorio no presentará ningún recurso ante el Tribunal Supremo. «A la vista del fallo y sus fundamentos y hechos probados, el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia», apuntó Barcala, quien se mostró respetuoso con el fallo judicial: «Como no puede ser de otro modo, acato y expreso mi máximo respeto a la sentencia judicial, como siempre he dicho». A través de un comunicado del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, el regidor añadió que «después de más de doce años ha hablado la Justicia, que es a quien correspondía hacerlo, aunque se trata de una justicia lenta y tardía que no puede reparar el enorme daño, de todo tipo, infligido».

Por su parte, la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), prefirió no entrar a valorar la sentencia. «Como siempre, desde Ciudadanos respetamos la decisión de la Audiencia Provincial, nos guste más o menos», señaló la portavoz del socio de gobierno del PP en el bipartito de Alicante, en una reacción por escrito enviada a los medios.

En el Ayuntamiento de Alicante, en el pleno celebrado en abril de 2020, se impulsó la creación de una comisión con el objeto de «esclarecer y depurar las responsabilidades políticas y municipales derivadas del contenido del sumario judicial del caso Brugal que investiga el presunto amaño del PGOU de Alicante». La propuesta de Compromís contó con el apoyo del resto de la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Vox), frente al rechazo de los socios de gobierno (PP y Cs). La comisión, que se constituyó en mayo de 2020, presidida por el popular Manuel Villar y con Mari Carmen Sánchez de «número dos», nunca ha llegado a celebrar ninguna sesión.

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