El proceso penal bloqueó una revisión urbanística que más de una década después sigue atascada

Mucho ha pasado desde entonces en la capital, salvo la necesaria actualización del planeamiento urbanístico, lo que ha lastrado el crecimiento ordenado de la ciudad.

Dos décadas después de la aprobación del actual PGOU, el Ayuntamiento impulsó los trámites para la revisión del Plan General. Sin embargo, ese intento se quedó paralizado por el estallido del «caso PGOU», que ha conocido esta semana la sentencia de la Audiencia Provincial: con la absolución de la exalcaldesa Sonia Castedo, para quien la Fiscalía pedía diez años de cárcel al hacerla responsable de los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, y multas por cohecho contra el exalcalde Luis Díaz Alperi (6.000 euros) y el empresario Enrique Ortiz (18.000 euros).

El intento frustrado de revisar el PGOU arrancó a finales de 1998, con Luis Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento de Alicante. Entonces se promovió el acuerdo inicial para la revisión del Plan General. En enero de 1999, el Pleno dio luz verde a la convocatoria de un concurso para contratar la ejecución de los trabajos. Casi un año después, se adjudicó ese contrato a Segesta S. A., la empresa de Lluis Cantallops. Tres años más tarde, se inició el procedimiento con el concierto previo con la Conselleria de Territorio y Vivienda. A finales de 2004, se produjo la entrega del documento de revisión del PGOU por parte del equipo redactor y, a mediados de 2005, los técnicos municipales informaron sobre los aspectos a rectificar. «No había coincidencias en los criterios entre el equipo de gobierno y el equipo de Cantallops, así que se veía venir que el resultado de ese contrato administrativo iba a ser malo», argumentó un técnico municipal durante el juicio, lo que explicó el cambio de redactores. En febrero de 2007 se rescindió el contrato con Cantallops, lo que paralizó la redacción del texto. Hasta un año después no hubo nuevo equipo redactor, en este caso liderado por Jesús Quesada, que a mediados de 2008 entregó a los técnicos municipales el documento propuesto para su revisión.

La Junta de Gobierno, en octubre de ese año, dio el visto bueno, como paso previo a la aprobación inicial en el Pleno municipal, para su salida a exposición pública. En de abril de 2009 se produjo la entrega definitiva del documento final del PGOU, que se aprobó por el Pleno apenas unos días después. En mayo de 2010 llegó una fecha que debería haber sido clave para el urbanismo en Alicante: se acordó remitir el plan a la consellería para su aprobación definitiva. Esa luz verde nunca llegó. El «caso PGOU» estalló y todo la tramitación se paralizó «sine dine» hasta que fue definitiva tras el cambio al frente de la Alcaldía. La dimisión de Sonia Castedo provocó la llegada al poder de Miguel Valor, que tomó posesión cuando no faltaba ni medio año para las elecciones municipales. El dirigente popular decidió que el Ayuntamiento desistiría de la tramitación del Plan General impulsado por Alperi y Castedo para «dejar a un lado controversias».

La llegada del tripartito a mediados de 2015 no supuso ningún impulso real para la revisión del PGOU. De hecho, se tardó más de un año sólo en crear la Oficina del PGOU. Tampoco se logró aprobar el Catálogo de Protecciones por el bloqueo de la oposición que era mayoría.

Hoy, superado el ecuador del actual mandato, poco más se ha avanzado, al margen de la aprobación inicial del Catálogo, que se hizo sobre la bocina. Con todo, el bipartito de Alicante, pese a ser incapaz en dos años de encontrar siquiera un director para la Oficina del PGOU, mantiene la promesa de aprobar, por lo menos, el Plan Estructural, cuya redacción se prevé externalizar. La cuenta atrás está en marcha (en mayo de 2023 habrá nueva cita con las urnas a nivel) y los avances, por el momento, son mínimos. Más de dos décadas han pasado desde que se activó la revisión del PGOU, en etapa de Alperi, y todo sigue igual.

FECHAS CLAVE EN LA REVISIÓN FRUSTRADA DEL PLAN GENERAL