La cuenta atrás de un macroproceso. Tras la sentencia en la causa del Plan General de Alicante, ya solo quedan por juzgar dos de la veintena de piezas separadas en las que en su día se desgajó el caso Brugal y que están señaladas para el último trimestre del año en distintos tribunales en Alicante y en Elche.
Sentenciado el caso del Plan General de Alicante, de la veintena de piezas separadas en las que se desgajó en su día el llamado caso Brugal, tan solo quedan ya dos por juzgar: el del plan zonal de la Vega Baja en el que está acusado, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll; y el de las presuntas irregularidades en la gestión de la planta de basuras de Calp. Ambos juicios ya tienen fecha para finales de año en distintas secciones de la Audiencia en Alicante y en Elche. A éstos se añaden los recursos que todavía faltan por resolverse en el Supremo tras las últimas sentencias.
Tanto en el juicio de las basuras de Calp como en el del plan zonal hay acusados que repiten en el banquillo y las salas se han encontrado con el problema en que hay jornadas en las que coinciden en el calendario los dos señalamientos. Es el caso Ángel Fenoll, el empresario sobre el que se iniciaron las pesquisas. Fuentes cercanas al caso indicaron que las dos salas se han puesto de acuerdo para tratar de evitar duplicidades. Otro problema va a estar en que no solo algunos acusados van a tener que usar el don de la ubicuidad, también los fiscales Anticorrupción asistirán a ambas vistas.
LAS BASURAS DE CALP
Cobrar de más por los residuos
En esta pieza se sientan en el banquillo el empresario Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel; el exalcalde de Calp, Javier Morató; el exedil y diputado provincial Juan Roselló, su mujer Amparo Femenia y su cuñado Francisco Artacho; el también exconcejal Fernando Penella; y el técnico responsable de la concesión Juan Cervantes. Se les acusa de haber urdido un sistema para facturar de más al Ayuntamiento de Calp entre 1999 y 2012 por las basuras que entraban en el vertedero de la localidad. Se estima que el perjuicio a las arcas municipales fue de 4,2 millones. La Audiencia intentó celebrar el juicio el pasado mes de enero, pero las restricciones por la pandemia obligaron a suspenderlo. La Sección Segunda ha señalado para el 20 de septiembre una sesión para que las defensas planteen las cuestiones previas, que principalmente se van a centrar en una de las principales reclamaciones de los letradas desde el inicio del proceso: la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha basado el proceso. El juicio se retomaría en sesiones repartidas entre el 18 de octubre y el 17 de noviembre.
EL PLAN ZONAL DE LA VEGA
La ubicación del vertedero
Es otra de las principales piezas del caso Brugal y en ella se sentarán en el banquillo el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como Ángel Fenoll y su hijo, el empresario Enrique Ortiz, entre otros, hasta un total de trece acusados. La Fiscalía Anticorrupción considera que, entre 2008 y 2009, Ripoll auspició un pacto entre los aspirantes al contrato del vertedero del Plan Zonal por el que Ortiz lograba la adjudicación, pero compraba una finca a Fenoll para compensarle. En ese acuerdo, según la acusación pública, medió la supuesta entrega de prebendas, como dos viviendas situadas en el centro de Alicante a favor de Ripoll. Entre el 2 y el 24 de noviembre se celebrarán diez vistas en la sección desplazada a Elche de la Audiencia para plantear las cuestiones previas. El juicio del Plan Zonal no se reanudaría hasta enero de 2021, una vez resueltas las alegaciones de las defensas, y se extendería hasta junio de 2022.
LA ESTAFA DE AUTISA
Pendientes del Supremo
En estos momentos aún están pendientes de resolver los recursos en el Supremo y que presentaron las defensas, pero fue una de las pocas piezas de Brugal que terminó en condena. La Audiencia de Alicante tuvo que analizar los autos que autorizaban las escuchas de Brugal y sus prórrogas en un proceso por estafa en la mercantil Autisa que sentaba en el banquillo a los hermanos Rafael y José Vicente Gregory. Las magistradas dieron por válidas las escuchas y condenaron a los empresarios a tres años y medio de cárcel. La sentencia absolvía a otros doce de los quince acusados porque sí veía algún defecto de forma en los autos que autorizaban los pinchazos. Según el fallo, la medida de intervenir los teléfonos era «proporcionada a la gravedad de los delitos investigados».
LAS BASURAS DE ORIHUELA
La pieza que lo inició todo
La Sección Séptima de la Audiencia con sede en Elche absolvió a los 34 acusados de la pieza que dio origen al caso Brugal juzgados por una presunta trama de sobornos en la adjudicación de las basuras del Ayuntamiento de Orihuela. Se trata de otro asunto que aún está pendiente del Tribunal Supremo, pero en este caso es la Fiscalía Anticorrupción quien apeló. El Ministerio Púbñico quiere que el Alto Tribunal avale las escuchas telefónicas en las que se apoyó la investigación. Todas las escuchas se autorizaron al presentar el empresario Ángel Fenoll unas grabaciones con las que pretendía acreditar la existencia de esos sobornos. La sala declaraba que estos audios se obtuvieron de manera «subrepticia» y con la intención de dañar y engañar. Motivo por el que todas las pruebas obtenidas a raíz de estas grabaciones se declaraban nulas por la vulneración de derechos fundamentales.
EL PGOU DE ALICANTE
En plazo para apelar
La Audiencia de Alicante ha dictado esta misma semana sentencia en el caso del Plan General de Alicante y por el que estaban acusados entre otros el promotor Enrique Ortiz, así como los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. La sala ha zanjado la causa con dos multas a Alperi y Ortiz por delitos de cohecho y no ha considerado probados ninguno de los supuestos amaños en el planeamiento urbanístico de Alicante. Las acusaciones y las defensas aun tienen un plazo de diez días por delante para decidir si presentan recurso o no ante la sentencia, por lo que sería la tercera rama de Brugal que queda a expensas del Supremo en caso de que finalmente decidan apelar. En este caso, la Audiencia sí que había dado por buenas las escuchas telefónicas.
