La sentencia del Plan General sigue generando reacciones. «Si surge algún asunto similar a éste, la Fiscalía Anticorrupción seguirá acusando, en cuanto depende de estos fiscales, y volvería a acusar por delito a quienes consideren responsables. No debe quedar ninguna duda». Con estas afirmaciones respondían este lunes los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero a las críticas por la actuación del Ministerio Público en esta pieza derivada del caso Brugal.
Como ya publicó este diario la semana pasada, la Audiencia Provincial absolvió a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como al promotor Enrique Ortiz y otros seis acusados de presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana al no ver probado el tribunal las acusaciones. Los doce años de instrucción de esta causa se saldaron con dos multas por cohecho a Alperi y a Ortiz. En estos momentos, la Fiscalía está estudiando el fallo sobre un posible recurso de casación ante el Supremo.
La semana pasada pidieron una ampliación del plazo para apelar, dada la complejidad del asunto, y con ella podrían conseguir que hasta septiembre puedan hacerlo, ya que agosto es inhábil judicialmente.
Los fiscales recordaron que son cuestiones «hartamente meditadas» por ellos a quiénes se acusa y de qué delitos y, por lo tanto, actúan con seguridad en lo que hacen. En esta línea insistieron en que para llegar a la vista, un magistrado de instrucción debe haber decidido antes abrir juicio oral contra todos los acusados y por todos los delitos, «naturalmente después de haber dirigido toda la instrucción él mismo». Por lo que, «los escritos de acusación descansan en los indicios que previamente ha observado y acordado un juez», subrayaron.
«Cada juez, cada tribunal tiene su criterio. Cuando archiva, absuelve o condena está cumpliendo la Ley, faltaría más. Las decisiones judiciales no van de eso, sino de fijar los hechos e interpretar y valorar las pruebas», aseguraron, a lo que añadieron que «tampoco es la función del tribunal aprobar o reprobar a las partes: su misión es la de síntesis de lo acaecido en el juicio». Los fiscales insistieron en que «cada institución del Estado debe cumplir su labor; la de la Fiscalía Anticorrupción es la de luchar contra la corrupción con todos los instrumentos legales. La corrupción es un delito y una lacra social muy grave», recalcando que su trabajo cumple «con la imparcialidad exigida a los empleados públicos, es decir, «el ejercicio de nuestra función con objetividad y sin prevención a favor o en contra de alguien».
Este lunes la mayoría de los encausados acudieron a la Audiencia a recoger una copia en CD de la sentencia que les exonera de los amaños del Plan General. Los primeros en acudir fueron los abogados urbanistas Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; mientras que Sonia Castedo fue acompañada de su abogado, Ignacio Gally. Enrique Ortiz acudió acompañado de su hermano Virgilio y de uno de sus empleados Santiago Bernáldez. A Alperi no lograron localizarle para citarle. Posteriormente se pudo ver a Castedo y a Ortiz charlando en la terraza de un bar de la zona. La exalcaldesa fue la única que quiso hacer valoraciones recalcando que esperaba que el fallo «suponga el final de una larga historia y nada agradable. La sentencia recoge lo que desde hace muchos años se viene diciendo por las defensas. Bien está lo que bien acaba».
