El equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Alicante (PP y Ciudadanos) ha decidido finalmente dejar en manos de los servicios jurídicos municipales si se presenta ante el Supremo recurso a la sentencia del PGOU de Alicante, en la que descarta amaños en el Plan General y solo condena a dos multas por delitos de cohecho al exalcalde Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz.
El portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, desveló que serán los letrados municipales los que decidan sobre el recurso pese a que inicialmente el alcalde, el popular Luis Barcala, descartó la alegación. El Ayuntamiento ha ejercido como acusación particular en el proceso judicial. «Como no puede ser de otro modo, acato y expreso mi máximo respeto a la sentencia judicial», manifestó el regidor. Por otro lado, el bipartito planteará al Pleno la extinción de la comisión de investigación que no ha llegado a convocarse.
Según la sentencia de la Audiencia, ni el exalcalde Alperi ni su sucesora, Sonia Castedo, ambos del PP, revelaron información del planeamiento ni el mencionado empresario se benefició. Este martes, al término de la Junta de Gobierno que se celebra cada semana, y a preguntas de los medios, el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar (PP), indicó que se había pedido a la asesoría jurídica municipal que emita un informe sobre el recurso, «aunque en el equipo de gobierno algún letrado podría dar una opinión fundamentada», señaló el edil, de profesión abogado.
Una comisión «sin sentido»
Una vez solicitado a la asesoría jurídica ese informe, el bipartito confirmó que presentarán una moción para solicitar la finalización de la comisión de investigación sobre el presunto amaño del PGOU que se aprobó en abril de 2020 a instancias de Compromís para «conocer el coste real de la corrupción en la ciudad», y que aún no se ha convocado. Villar indicó al respecto que creen que ya «no tiene sentido. Así lo entendemos. No tiene sentido una comisión de investigación cuando el tribunal ya se ha pronunciado». Al respecto el edil señaló que la comisión no se convocó en su momento precisamente al estar el asunto judicializado.
Desde los grupos de izquierda, la edil socialista Llanos Cano, hizo hincapié en que les parece una contradicción que el bipartito pida un informe jurídico sobre el recurso y que a la vez anuncie la moción para extinguir la comisión de investigación. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, declaró que «nos alegra que el bipartito de PP-Cs haya recapacitado y haya dejado sin efecto las apresuradas e irreflexivas palabras del alcalde sobre la renuncia a presentar recurso del caso PGOU.
Por otro lado, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo arremetió contra su excompañero de corporación Antonio Sobrino, autor de la filtración de las fotos del viaje a Andorra investigado en el caso del Plan General. Castedo participó el lunes en el programa de entrevistas Som Fills del Poble de Fernando Sepulcre en la televisión local 12TV para hablar de la sentencia del PGOU. En la entrevista cuando se le preguntó por las fotografías de la fiesta de los pijamas de Nochevieja, la exalcaldesa explicó que «todo el mundo tendrá ese tipo de fotos cuando va con un grupo de amigos. El problema aquí es que estaba Enrique Ortiz».
El incidente de las listas
Castedo asegura que las fotos las filtró Antonio Sobrino, que también estaba en esa fiesta, y que lo hizo «porque me odiaba y me odiaba porque yo prescindí de él cuando hice las listas para las elecciones de 2011». En este sentido explicó que la causa de su decisión fue un incidente nada más hacerle responsable de la concejalía de Partidas Rurales y tras asumir ella la Alcaldía. Castedo aseguró que a finales de 2010 tuvo que llamarle al despacho porque el dinero que percibían al año los diez alcaldes pedáneos no había sido ingresado. Cuando hizo averiguaciones de las causas del retraso, se enteró de que el ingreso se había hecho en la cuenta particular de Sobrino por órdenes expresas del entonces edil. «Me dijo que a él le habían dicho que de esta manera iba a ser mucho más rápido ingresar el dinero. Me quedé como diciendo “éste debe pensar que soy imbécil” y le dije que tenía 24 horas para ingresar el dinero en las cuentas de los alcaldes pedáneos o me iba a denunciarle al juzgado. Por ese motivo no volvió a ir en las listas».
El exconcejal Antonio Sobrino replicó a preguntas de este diario, que Castedo «se equivoca» y que los motivos del retraso fueron que desde Intervención se les obligaba a que se hiciera una justificación documental de los pagos porque no había justificación documental de ningún tipo. Sobrino aseguró que en ocasiones anteriores durante este tiempo Castedo ya le había acusado en redes de haberse apropiado de ese dinero. «A mí ella no me llamó a su despacho como dice y estoy muy tranquilo porque hice lo que mis técnicos me aconsejaron», explicó.
