El Gobierno ha ninguneado a regantes, empresarios, universidades Consell y Diputación, y tiene previsto aprobar el próximo martes, en el que quizá sea el último consejo de ministros antes de las vacaciones de agosto, la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para reducir en 11 hm³, de los actuales 38 hm³ a 27 hm³, el trasvase máximo mensual de agua del Tajo a Alicante y Murcia. La decisión está tomada, avalada por el Consejo Nacional del Agua y no parece que haya marcha atrás.
Esta medida supondrá, en base la estadística del comportamiento de la reserva del agua en la cabecera del río, un recorte anual de entre 13 hm3 y 60 hm3 que son, estos últimos, los hectómetros cúbicos de agua que no hubieran venido en el último año, en el que durante cinco meses consecutivos el Ministerio para la Transición Ecológica ha trasvasado el caudal máximo mensual hasta este mismo mes de julio. Los técnicos ya han advertido, en este sentido, de que a partir de agosto la situación del trasvase volverá a nivel 3, por lo que según las reglas de explotación actuales y futuras -este aspecto no cambia-, el trasvase mensual será de hasta 20 hm3 previo informe y según determine la vicepresidenta Ribera.
Los regantes recuerdan al Consell que prometió frenar cualquier cambio en el trasvase al no tener caudales alternativos
El presidente de la Sociedad de Transformación Agraria San Enrique, Ángel Urbina, recuerda, en este sentido, que «quizá este mes de julio haya sido el último de la historia en el que vamos a recibir los 38 hm3 de agua en un mes y, además, en la misma sesión del Consejo de Ministros se va aprobar la subida de las tarifas del trasvase». La Confederación del Tajo está trasvasando actualmente agua a razón de 22,3 m3 / segundo, por lo que se estima que a lo largo de este mes hayan llegado un total de 60 hm3. Si no cambia la situación el 1 de agosto la deuda del agua pendiente será de unos 33 hm3. Los problemas reales llegarán a partir de 2022, cuando al cambio de las reglas de explotación se sume el aumento del caudal ecológico del río.
De nada han servido los informes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, del Instituto del Agua de la UA y los planteamientos del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, que viene apostando por la solución del Tajo-Medio donde el agua es casi mineral, según recuerda su director Antonio Rico, para abastecer a Madrid y quitar presión a la cabecera del río.
El Gobierno cumple a rajatabla con la hoja de ruta, que no es otra que ir sustituyendo el agua del Tajo por la desalada en Torrevieja. En este sentido, el vicepresidente de la Federación Valenciana de Comunidades de Regantes, el almoradidense, José Andújar, reprochó ayer al Consell su silencio ante el cambio de las normas de explotación del trasvase. «Hasta ahora defendía el trasvase mientras no hubiera una alternativa y el Gobierno central avanza ahora con el cambio de las normas de explotación y la Generalitat no reacciona»
El Consejo Nacional del Agua ratificó a finales de mayo, hace hoy justo dos meses, la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que recortarán en hasta 60 hm3 al año el envío de agua a Alicante y Murcia. El Ministerio hizo caso omiso de las peticiones del Consell, y abrió la vía del recurso judicial del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que, según afirmó el Consell en mayo, se presentaría cuando esté negro sobre blanco en el decreto, o sea a partir de su aprobación en el BOE a lo largo de la próxima semana. En el consejo de mayo hubo de nuevo rodillo.
Las nuevas normas se hubieran cobrado 55 hm3. De haber estado en vigor las nuevas normas de explotación del Tajo-Segura, en los últimos 5 meses se hubieran dejado de trasvasar 55 hm3 de agua del Tajo a Alicante y Murcia.
En la votación telemática que se desarrolló entre el 20 y el 29 de abril, el consejo avaló la modificación con 43 votos a favor, 19 en contra y 18 en blanco. Una ligera inclinación, pero insuficiente, a favor de que el trasvase no se tocara en relación a la primera votación. En la consulta de marzo hubo 45 votos a favor, 15 en contra y 18 en blanco. La vicepresidenta, Teresa Ribera, ha impuesto siempre el rodillo. De la votación se descolgó el vocal que representa a las Cámaras de Comercio de España, que había votado a favor en la primera consulta, lo que provocó la protesta unánime de los presidentes de las Cámaras de Alicante y Murcia. Tras la ratificación, la decisión era política y dependía en exclusiva de la vicepresidenta Teresa Ribera. Seguir con la hoja de ruta y plasmarla en un decreto, o aplazar la decisión hasta contar con la nueva planificación hidrológica del Tajo en 2022. Ha optado por lo primero, la solución más lesiva para los agricultores del sur de la provincia.
El Sindicato Central de Regantes ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que aplace hasta 2025 la entrada en vigor de las medidas para recortar el trasvase Tajo-Segura. El intento se basa en ganar tiempo y tratar de convencer a Teresa Ribera -reforzada tras la remodelación del Ejecutivo- de que no hace falta modificar el estatus del trasvase.
Desalación
Para paliar los futuros recortes del envío de agua del Tajo, la Confederación Hidrográfica del Segura maneja bombear la producción de los 80 hm3 destinados al regadío desde la planta de Torrevieja hasta el embalse de Ojós para su posterior distribución por las comunidades de regantes de la región. Otra posibilidad sería la distribución parcial hasta el embalse de Ojós y también a la presa de Algeciras, mientras que la tercera contempla la ampliación de la balsa del Cerro Colorado en Lorca para que beneficie también a la ampliación de la producción en la desaladora de Águilas.
El agua del Tajo posibilita mantener cien mil empleos en la industria hortofrutícola de Alicante y Murcia, que exporta todos los años productos con un valor de 4.000 millones de euros.
Las infraestructuras anunciadas, que se centrarán en ampliar la capacidad de desalación de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas en 70 hm3, y la interconexión de las plantas, dotándolas además de energía fotovoltaica para abaratar la producción y que esto luego se traduzca en una rebaja del precio del agua desalada, estarían terminadas entre finales de 2024 y principios de 2025, lo que no va a impedir que el próximo martes arranque el plan para reducir los aportes del río Tajo a la provincia.
Puig reitera que ha pedido a Madrid «agua de calidad y precio razonable»
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, volvió a reiterar ayer la posición «inamovible» en defensa del trasvase y de reivindicar «agua de calidad, a precio razonable y para siempre» y aseguró que así se lo ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica. Puig clausuró la asamblea general de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana. Puig insistió en que «no hay futuro si no se garantiza la alimentación», por lo que «tenemos que hacer lo imposible para mantener un sector que no solo sirve para el autoabastecimiento sino que además constituye una actividad económica esencial en la Comunidad», aseveró.
