Tras haber pedido la Fiscalía al tribunal una ampliación a diez días del tiempo para recurrir la sentencia del PGOU, el plazo en la práctica va a terminar el próximo mes de septiembre. Las partes han empezado a pedir aclaraciones de la resolución y hay algunos acusados a quienes todavía no se les había podido notificar oficialmente el fallo. Esta situación ha provocado que los plazos no se hayan puesto en marcha aún.
La sentencia no consideró probados presuntos amaños en el Plan General de Alicante y solo condenó al promotor Enrique Ortiz y al exalcalde Luis Díaz Alperi a penas de multa por delitos de cohecho. Como ha venido publicando este diario, el fallo absolvía a la sucesora de Alperi en la Alcaldía, Sonia Castedo, y a otros seis acusados de los delitos que se les imputaban. Una decisión que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Aunque la Audiencia de Alicante dio por buenas las escuchas telefónicas en las que se basó la investigación, no ha considerado probado buena parte de las acusaciones por los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
El nuevo plazo no empezará a contar hasta que todas las partes estén notificadas y una vez que se haya resuelto sobre las aclaraciones de la sentencia. Al haberse concedido diez días y ser el mes de agosto inhábil judicialmente, necesariamente el plazo no va a acabar hasta el próximo mes de septiembre, por lo que las partes tendrán todo agosto para estudiar la sentencia en profundidad y encontrar vías para fundamentar la casación.
La defensa de Ortiz pide a la sala que aclare si hay un error material en el artículo por el que se le ha condenado
El abogado Francisco Ruiz Marco que representa al promotor Enrique Ortiz ha pedido al tribunal que aclare si hay un error material en el artículo del Código Penal por el que se ha condenado al empresario. Una aclaración que, una vez efectuada, pondrá de nuevo en marcha desde el principio los plazos para recurrir, aunque las fuentes consultadas por este diario señalaron que en los próximos días otras partes también podrían pedir otras aclaraciones o subsanaciones de errores de una sentencia que tiene cerca de 300 folios de extensión.
La Fiscalía Anticorrupción ya está estudiando posibles causas para poder recurrir la sentencia, así como también lo está haciendo la acusación popular que ejerce Esquerra Unida. El Ayuntamiento de Alicante, que ejercía la acusación particular, había descartado ir al Supremo nada más hacerse pública la resolución, aunque el martes el bipartito dejó en manos del gabinete jurídico de la Corporación la decisión final.
También las defensas de Alperi y Ortiz, los dos únicos condenados, podrían recurrir el fallo al Supremo para reclamar que se les absuelva de esos delitos y las multas de 6.000 y 18.000 euros por el viaje a Creta en jet privado y la compra de una chaqueta de Carolina Herrera a Castedo.
