Con una inversión de 3,3 millones, el Ayuntamiento de Alicante ampliará el parque público de viviendas en un plazo previsto de 18 meses con la construcción de 48 nuevos pisos sociales. Es el objetivo del bipartito que gobierna el Ayuntamiento (PP y Cs), que sacó adelante este jueves en el Patronato Municipal de la Vivienda sendos proyectos en el Casco Antiguo y San Blas para atender la emergencia habitacional. Pese a que el bipartito recibió en ambas propuestas el voto unánime de todos los grupos, la oposición de izquierdas considera que se trata de una cifra escasa para atender la actual demanda en Alicante, que creen necesitaría al menos 700 pisos más. Aparte, entienden que los plazos son muy largos, ya que la obra del Portón ha estado una década paralizada y las viviendas no estarán hasta 2023.
En el Casco Antiguo, el Patronato ha dado el visto bueno a la licitación de las obras del edificio de El Portón, en la calle Álvarez; el ascensor a Santa Cruz con la urbanización del entorno; y la construcción de una vivienda de nueva planta en la calle San Bartolomé 4, con una inversión de 1.305.575,19€. También se aprueba la construcción de otro edificio de viviendas para ofrecer más alquileres sociales en un solar de la calle Ceuta 5 de Alicante, en San Blas, propiedad del Patronato, para la creación de 34 viviendas, por otros dos millones de euros. De momento en junta se ha aprobado la redacción del proyecto por 102.850 euros. El anteproyecto contempla 19 viviendas de dos dormitorios para familias con uno o dos hijos, tres de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, y 15 de un solo dormitorio.
El edil José Ramón González, del PP, destacó la «inversión histórica» aprobada desde el Patronato para la construcción de dos edificios de pisos públicos que «amplían nuestro parque público municipal, el más grande y con mayor oferta de toda la Comunidad, para garantizar un acceso a una vivienda a las personas que más lo necesitan en Alicante». El proyecto de El Portón tendrá dos perfiles para sus viviendas, con cuota para jóvenes y otra para mayores, y se financia con las inversiones de remanentes. Las obras del nuevo edificio que se licitan comprenden 13 viviendas con servicios comunes, local social, una adaptada para personas con movilidad reducida, zona de lavandería y trasteros, y un local comunitario a cota de la nueva plaza, y un local en las plantas baja y primera y con fachada. El plazo de ejecución es de 18 meses. «Con este plan de viviendas públicas el Patronato ofrece un hogar a cientos de personas todos los años. Esto sí que es una realidad y una verdadera política social en vivienda, el construir nuevos edificios con inversión pública creando un patrimonio», dijo el edil de Infraestructuras, que insta a la Generalitat a «prometer menos y ejecutar más, y seguir nuestro ejemplo».
Sin embargo, la izquierda tiene una visión completamente distinta. Unides Podem incidió en que la emergencia habitacional es uno de los mayores problemas de Alicante, y que se necesitaría, al menos, doblar el número de viviendas del actual parque público municipal, que ronda las 750 viviendas, «para poder hacer frente a la necesidad de los alicantinos», afirma la edil Vanessa Romero.
El concejal de Compromís Rafa Mas valora positivamente la ampliación de vivienda pública pero lamenta la demora en ejecutar la obra de El Portón e insta a dotar en el Presupuesto de 2022 dinero suficiente para el concurso, la adjudicación y la construcción del nuevo edificio de vivienda social que se construirá en San Blas.
Una lista de espera de 4.000 personas en la provincia
No solo el Ayuntamiento gestiona vivienda social. El Consell tiene 4.211 pisos sociales en la provincia y prevé construir 1.155 en cinco años en cinco municipios, entre ellos Alicante, aunque tiene una lista de espera de 4.179 potenciales inquilinos. Alicante cuenta con un parque público de vivienda social municipal en torno a las 750 unidades y lista de espera que critica la oposición, que entiende que la ciudadanía no puede esperar como mínimo otros 2 años para tan solo 48 viviendas (en referencia a las que se aprobaron ayer para su construcción) después de que la crisis del covid haya agravado la emergencia habitacional en Alicante. Por ello piden al Ayuntamiento que utilice el derecho de tanteo y retracto que le ofrece la Generalitat.
