El Síndic de Greuges de la Comunidad, Ángel Luna, ha pedido a la Conselleria de Sanidad y a la de Igualdad y Políticas Inclusivas que se pongan de acuerdo y no demoren más la solicitud de un beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para acceder de forma gratuita a prestaciones farmacéuticas, tal y como le reconoce la ley. Es la respuesta del defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, a la queja presentada por una persona perceptora de esta renta desde mayo de 2020 que, también en agosto del pasado año, se dirigió a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para reclamar el acceso a este derecho.
A la petición de información del Síndic, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le respondió que el caso en cuestión era competencia de la Conselleria de Sanidad. Por su parte, este departamento comunicaba al defensor del pueblo que en su base de datos no le constaba que el interesado fuera perceptor de la Renta Valenciana de Inclusión y por tanto no le podía aplicar la exclusión de aportación farmacéutica. Así que le redirigía a Bienestar Social o al INSS (Seguridad Social) para subsanar la falta de información entre administraciones.
El Síndic concluye que no corresponde a la persona beneficiaria de esta ayuda el reclamar el cumplimiento de cada uno de los derechos que le son reconocidos al ser destinataria de esta prestación. Además, le «sorprende que dentro de la misma administración autonómica no se puedan comprobar datos tan elementales como si un ciudadano está percibiendo una determinada ayuda autonómica». El defensor considera que, al final, es el ciudadano el que sufre esta falta de comunicación interdepartamental, dejándolo abocado a un círculo de gestión sin salida.
La resolución, que se publicará en la página web de esta entidad, se dirige a las Consellerias de Igualdad y Políticas Inclusivas y a Sanidad para recordarles la obligación legal de hacer efectivos todos y cada uno de los derechos reconocidos en la ley 19/2017 «dado que el no cumplimiento de tal obligación aumenta la incertidumbre y perpetúa la situación de vulnerabilidad de las personas beneficiarias» de esta renta. Asimismo, la Sindicatura sugiera que, dado que la citada ley reconoce el derecho a la prestación farmacéutica y ortoprotésica a las personas beneficiarias de la renta de inclusión, «ambas Consellerias establezcan el cauce (protocolo, acuerdo...) por el que las personas beneficiarias accedan a los derechos reconocidos, tal y como prevé la ley, de manera directa. Asimismo, sugieren que procedan a resolver la solicitud de acceso gratuito a las prestaciones farmacéuticas y da un plazo de un mes para que le comuniquen la aceptación de las consideraciones o las razones que estimen para no aceptarlas.
