El Tribunal Supremo rechazó este martes la entrada en vigor del toque de queda en Tenerife que quería aplicar el gobierno canario para frenar la pandemia. Pero si alguien veía que con la resolución se podría cuestionar la autorización que los tribunales de otras comunidades autónomas sí habían dado, el fallo deja claro que no existe contradicción alguna entre lo que acordaron los jueces canarios en contra de los restricciones y lo que hicieron los de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria que sí las han respaldado. Los magistrados del alto tribunal aseguran que el Gobierno canario no ha conseguido acreditar que las circunstancias de Tenerife sean las mismas que en los territorios donde los tribunales superiores sí que han dado el apoyo a las restricciones.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias había rechazado la pretensión del Gobierno canario de establecer el toque de queda en Tenerife entre las 0.30 y las 6 de la madrugada, así como en aquellos donde la tasa de incidencia de covid superara los 100.000 habitantes. Por este motivo, el gobierno canario acudió al Supremo para tratar de conseguir lo que el TSJ le había denegado.
Situaciones diferentes
En la Comunidad Valenciana, el TSJ avaló la semana pasada las medidas propuestas por el Consell para ampliar las restricciones a la movilidad en 77 localidades de la Comunidad, 17 de ellas en la provincia de Alicante, así como la limitación a un máximo de diez personas en las reuniones sociales y privadas.
Había expectación por lo que pudiera resolver el Supremo y el impacto sobre lo que la Justicia valenciana había resuelto una semana antes. No eran situaciones equivalentes, puesto que era el gobierno de Canarias quien pedía al Alto Tribunal que revocara la decisión de su TSJ. En la Comunidad Valenciana, la Sala de lo Contencioso había respaldado las medidas y nadie ha presentado hasta el momento recurso alguno contra esa decisión. La decisión del Supremo sobre Canarias se estudiará dentro de dos semanas si el Consell vuelve a plantear nuevas restricciones en caso de que las cifras de la pandemia sigan disparadas. Las actuales restricciones finalizan el próximo 16 de agosto. Además mientras la incidencia acumulada en Canarias superó un récord la semana pasada al llegar al centenar de casos, ayer solo en la provincia de Alicante se superaban los 440 casos por cada 100.000 habitantes.
«Las sentencias contradictorias con las restricciones han dado la imagen de que esto es una lotería»
Según el fallo del Supremo, la Comunidad Valenciana y otras autonomías donde los TSJ respaldaron las restricciones «fundamentaron su pretensión de ratificación de las medidas con apoyo en los datos de la alta incidencia del número de contagiados y de su presión en el sistema sanitario, lo que la Sala de Canarias echa de menos en este caso». El auto del TSJ de la Comunidad analizaba también la situación sanitaria y la anulación del primer estado de alarma por el Tribunal Constitucional.
Ocio nocturno
Para el portavoz de la Asociación de Locales, Restauración y Ocio de Alicante (ALROA) y abogado de profesión, Francisco Javier Galdeano, en cambio, la decisión del Supremo de ayer sí que cuestiona la política de restricciones del Consell. «El Supremo plantea que el toque de queda es una situación excepcional. Aquí no hay excepcionalidad, sino una generalidad ya que la mitad de la población de la Comunidad permanece en toque de queda», explicó. También señaló que es un ataque a las libertades individuales el que personas que ya tienen la pauta completa de vacunación tengan que cumplir el toque de queda.
«La resolución del Supremo sobre Canarias sí que afecta a las resoluciones que ha adoptado la Generalitat»
Asimismo subrayó que los datos de la presión del sistema sanitario son falsos cuando la semana pasada los propios índices de la Comunidad reflejaban que había once enfermos con covid en las UCIs de toda la provincia de Alicante. «Hubo momentos en que el índice de contagios fue superior y no se estableció el toque de queda», dijo Galdeano, que añadió que «para la presión sanitaria en los centros de salud, la solución es muy fácil. Son enfermos leves y es una cuestión de contratación de personal». En este sentido, aseguró que el ocio nocturno ya está estudiando medidas de respuesta ante las restricciones del Consell.
Ponderación de derechos
El jurista y profesor de Derecho Constitucional, Manuel Alcaraz, aseguró por su parte a preguntas de este diario, antes de que se conociese la resolución del Alto Tribunal, que si alguien considera que la doctrina del fallo es aplicable a la Comunidad debería pedirlo directamente a la Sala y que ésta se pronunciara. Para Alcaraz, una de las claves de las medidas que se han estado aplicando es «modular el ejercicio del Derecho» algo que es posible hacer cuando existe una causa justificada, aunque uno de los problemas que se está viendo últimamente cada vez que se acude a los tribunales es que da la sensación de que todo «es una lotería» a causa de las sentencias divergentes que se están dictando, especialmente después de la resolución del Constitucional sobre el primer estado de alarma.
Para Alcaraz, la clave de las medidas es que se están ponderando las restricciones y no hay un recorte generalizado de derechos. Y sobre las polémicas a cuenta del ocio nocturno, apuntó que no hay libertad eterna de tener todos los bares abiertos y son los ayuntamientos los que establecen los límites y los horarios de apertura.
