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Diputación y regantes reclamarán al Supremo que pare el recorte del trasvase

La institución y Asaja-Alicante centrarán el recurso contra el cambio de las normas de explotación del Tajo-Segura en que el Gobierno ha vulnerado el proceso de participación pública, y obrado sin atender al CEDEX que planteó esperar a 2022

Asaja sostiene que los recortes previstos en el trasvase amenazan 140.000 ha de cultivos.  | TONY SEVILLA

Asaja sostiene que los recortes previstos en el trasvase amenazan 140.000 ha de cultivos. | TONY SEVILLA

Decisión unilateral que vulnera el proceso de participación pública e, incluso, va en contra de la recomendación de los propios técnicos del CEDEX que han recortado el trasvase máximo mensual en 11 hm3, pero que trasladaron a la vicepresidenta Teresa Ribera que lo mejor era esperar, y vincular el cambio puntual de las normas de explotación del Tajo-Segura a tener aprobado el nuevo plan hidrológico del Tajo. Es decir, a principios de 2022 a fin de fijar mejor y para un periodo más largo las reservas y disponibilidades de agua para Alicante, Murcia y Castilla-La Mancha. Esta será, en su conjunto, la línea argumental del recurso contencioso-administrativo que preparan los servicios jurídicos (asesorados por el Instituto del Agua de la Universidad) de la Diputación, las comunidades de regantes y Asaja-Alicante, para presentar ante el Tribunal Supremo, e intentar que los jueces paren lo que no ha podido hacer la política: el cambio de las normas de explotación del trasvase que, en el mejor de los escenarios hidrológicos , costaría a la provincia 132 hm3 al año, suponiendo doce meses con el trasvase máximo.

Agricultores trabajando la tierra en la comarca de la Vega Baja, donde todos los municipios también beben agua potable que llega desde el Tajo. | TONY SEVILLA

Ayer, tras publicarse en el BOE la decisión del consejo de ministros, una decisión unilateral del Ministerio para la Transición Ecológica y avalada por el Consejo Nacional del Agua controlado por Teresa Ribera, el director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo sacó cuentas. «Si el cambio del los parámetros de las normas de explotación se hubiera aprobado en diciembre de 2020, Alicante y Murcia se hubieran quedado este año sin 66 hm³ de agua del Tajo». Al margen del recurso de Diputación y agricultores, el Consell prepara el suyo propio, que puede presentar por su cuenta, no así la Diputación.

Agricultores trabajando la tierra en la comarca de la Vega Baja, donde todos los municipios también beben agua potable que llega desde el Tajo. | TONY SEVILLA

La reacción de la Diputación y los regantes se produce justo tras publicarse en el BOE la resolución del Consejo de Ministros certificando el cambio puntual de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que deja el envío mensual máximo en 27 hm3, once menos que con las reglas que estaban en vigor desde 2013. Una paso adelante en la hoja de ruta para ir sustituyendo el trasvase de agua del Tajo por agua desalada, que tomará aún más ritmo a mediados de 2022, cuando entre en vigor el nuevo plan hidrológico del Tajo, y haya que recortar aún más el envío máximo al tener que recalcular, de nuevo, las normas de explotación porque habrá menos agua circulando por el río al haberse aumentado el caudal ecológico.

«El recorte de trasvase es el primer clavo en el ataúd, en la mortaja del Tajo-Segura»

CARLOS MAZÓN - PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN

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De momento, la modificación de este martes impedirá que, por ejemplo, en un año bueno, como el último que hemos tenido dejen de llegar en torno a los 66 hm³, que se han trasvasado desde enero, y que deberán ser suplidos por agua desalada en Torrevieja, que, ahora mismo, tampoco la puede producir. Con la actuales reglas de explotación, el trasvase máximo anual no podrá superar los 324 hm3, cuando como mínimo se necesitarían 400 hm3, el déficit hídrico de la cuenca del Segura. Agua desalada que cuesta a razón de 0,60 euros/m3 por los 0,17 euros/m3 del caudal del Tajo.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, volvió a mostrarse tajante. «Estamos ante un nuevo atropello del Gobierno a la provincia de Alicante, el primer clavo en la mortaja del ataúd del Tajo-Segura, y debemos reaccionar ante la sinrazón del Consejo de Ministros desde tres vías: la jurídica, la política y la social. Hay tres meses para presentar el recurso pero vamos a trabajar con rapidez. No obstante, no me queda otra que insistir en que lo mejor que le puede pasar al Tajo-Segura es un cambio del Gobierno central». Mazón aprovechó también para criticar «el doble juego del PSOE. No puede estar todo el día diciendo que el trasvase es irrenunciable y mirando para otro lado cuando nos lo recortan».

«Los propios técnicos del CEDEX plantearon retrasar el cambio de las normas a 2022»»

JOAQUÍN MELGAREJO - DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL AGUA

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Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, explicó, tras revisar a fondo el BOE, el hilo argumental en el que ya trabajan los servicios jurídicos de la Diputación para redactar el recurso ante una decisión del Gobierno que, por otro lado, es legal porque la Ley del Trasvase de 2014 -última revisión- contempla la posibilidad de modificar las normas para mejorar la gestión del agua, como sostiene el Gobierno.

De entrada, la Diputación y los regantes denuncian que el informe del CEDEX está «cocinado», ya que se basó en los datos de lluvias de la última gran sequía en la cabecera del Tajo (2014-2017) y no, por ejemplo, de los del periodo 2019-2020. «Si los técnicos del CEDEX hubieran tomado esa serie, el recorte se habría quedado de 38 hm3 a 30 hm3, lo que nos hubiera dado un colchón de agua», subrayó Melgarejo. En el recurso se incidirá en el planteamiento de los propios expertos del Ministerio para la Transición Ecológica, que aconsejaron retrasar el cambio de las normas, y en que el paso adelante del Ejecutivo, ya negro sobre blanco, incumple el principio de transparencia, y es arbitrario y desproporcionado.

«Nos mienten y el agua que nos recortan no irá para Castilla-La Mancha, sino para Portugal»

JOSÉ VICENTE ANDREU - PRESIDENTE ASAJA-ALICANTE

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José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, calificó el hecho de «una perversidad absoluta que, además de obligarnos a pagar cinco veces más por el agua debido al coste energético de la desalación, provoca un impacto ambiental sin precedentes. Y todo en un contexto de adversidad económica provocada por una pandemia en la que los agricultores hemos sido clave en el abastecimiento de la población». Andreu subrayó que «nos empujan hacia el abismo y encima en un año hidrológico en el que no hay problemas en la reserva de agua y, además, ni una gota de agua va a ser para los agricultores de Castilla-La Mancha. Toda se va a ir al mar o a Portugal». El presidente de Asaja reiteró que «gracias al agua del Tajo hemos convertido 140.000 hectáreas en un vergel productivo y ahora nos venden que este se mantendrá con agua desalada. ¿De dónde, si nos van a quitar 150 hm3 cuando se aumente el caudal ecológico y solo tienen 80 hm3 de agua desalada para sustituirla?». Andreu acusó al Gobierno de «mentirnos porque tampoco pueden vender que la energía fotovoltaica resolverá el problema. Una desaladora puede funcionar 8 horas con energía solar pero el resto necesita de la convencional».

Andreu enfatizó que para Alicante el recorte del trasvase es una condena, «porque casi el 40% del valor de la producción agraria de la provincia está asociada al trasvase y mantiene 140.000 empleos directos y 100.000 indirectos»..

«El trasvase no puede limitarse sin alternativa»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reitera su compromiso con los agricultores

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró a ayer, por su parte, que la Generalitat está al lado de los regantes. «El trasvase no puede limitarse hasta que no haya alternativa», subrayó el presidente, que insistió en que no hay que buscar guerras del agua, «para eso con nosotros que no cuenten», y sí negociaciones para encontrar soluciones, pero los regantes de la Comunidad Valenciana tienen que tener agua de calidad y a un precio razonable para siempre». Puig reiteraba su compromiso al mismo tiempo que Juan José Sellés, presidente de Uepal, le pedía que se plantara ante Madrid. 

Por su parte, la delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno reclamó a Carlos Mazón que abandone la «política de pasarela» y comience a ofrecer trabajo y soluciones a favor de los agricultores. «Mientras el presidente Puig prepara alegaciones a las nueves reglas de explotación para defender los intereses de los agricultores , Mazón hace lo de siempre, lo que hizo Zaplana toda la vida. Apariencia, fachada y pasarela». Moreno subrayó que el mayor recorte al trasvase «se dio en 2013». Moreno aseguró que se ejecutan inversiones en los regadíos por un valor total de 11,6 millones de euros. «Estos trabajos afectan directamente a una superficie total de 63.114 hectáreas y van a permitir el ahorro de 4,3 hm3 de agua».

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