Justicia de proximidad. Justicia pretende transformar los 96 juzgados de paz de la Comunidad Valenciana en oficinas de asesoramiento jurídico que sean herramientas eficaces para acercar este servicio público al ciudadano. Las nuevas oficinas ya están en marcha en Cox y Monforte del Cid, y su expansión continúa.
Los juzgados de paz tal y como se conocen tienen los días contados. La Conselleria de Justicia trabaja en un ambicioso plan para transformar estas oficinas en verdaderas herramientas para acercar la Justicia a los ciudadanos y que se conviertan en Oficinas de Orientación Jurídica y Mediación, que ofrezcan asesoramiento sin necesidad de salir del pueblo para ir a las sedes judiciales de cada cabecera de partido judicial.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, presentó este miércoles a medio centenar de cargos electos, funcionarios de la Administración Local y jueces de paz las claves de este proyecto en el que ya está trabajando la Generalitat. La medida afecta a 96 municipios de más de 7.000 habitantes y sus oficinas ofrecerán una respuesta rápida a la ciudadanía a sus dudas de carácter jurídico y a sus necesidades de tramitación administrativa sin necesidad de tener que desplazarse a otros municipios. El funcionamiento de estas oficinas depende de la Conselleria de Justicia.
La presentación se ha realizado en el marco de unas jornadas sobre Justicia de Proximidad y Mediación, que coorganizan la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), para dar a conocer el proyecto en el ámbito municipal. En la inauguración de estas jornadas también ha participado el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, a quien Bravo ha agradecido la implicación de este organismo en difundir la iniciativa.
Este proyecto es ya una realidad en las localidades de Cox y de Monforte del Cid en la provincia de Alicante
En la actualidad, este proyecto es ya una realidad en las localidades de Cox y de Monforte del Cid en la provincia de Alicante. Otros municipios de la Comunidad donde estas nuevas oficinas ya están funcionando son Foios, Pobla de Farnals y Utiel. En septiembre, está previsto que se extienda a otros quince municipios más. El objetivo es llevar estos servicios de Justicia de proximidad a todos los juzgados de paz de la Comunidad Valenciana.
Hasta ahora, los juzgados de paz han venido a ser los hermanos más pobres de la Administración de Justicia con una reforma en profundidad para acercar realmente este servicio público a la ciudadanía.
Orientación jurídica
En la presentación, la consellera ha subrayado que el poner en marcha estos servicios en el ámbito local implica que cualquier persona ante cualquier problema antes de hacer un desembolso económico viéndose obligado a trasladarse a otra población o a buscarse a un letrado porque no sabe ni cómo enfocar su problema, va a tener un servicio en ese juzgado de paz convertido en oficina de proximidad, que le va a orientar.
Bravo subrayó la necesidad de redimensionar estos juzgados, que a día de hoy son «desconocidos y de carácter residual». Durante el confinamiento, en lo más duro del inicio de la pandemia, muchos de estos juzgados de paz tuvieron que cerrar a causa de los contagios y sus servicios se tenían que asumir por el más próximo. También en los años de las más duras políticas de austeridad, algunos de sus responsables denunciaron que llevaban meses sin cobrar. «Queremos dinamizarlos y convertirlos en verdaderas oficinas de proximidad para que cualquier persona pueda disponer de un servicio de orientación jurídica y de mediación a su alcance», ha asegurado Bravo. La consellera considera que con este servicio «se abre una ventana distinta a la ciudadanía para que la Justicia pueda llegar a cada pueblo y se resuelvan sus problemas antes de pisar una sede judicial. Así se ganará en rapidez, en calidad de vida, ya que se fomenta la cultura del diálogo y supone un ahorro económico tanto para la ciudadanía como para la Administración».
Proyecto pionero
Desde la Conselleria de Justicia se considera que se trata de un proyecto pionero a nivel estatal. Bravo aseguró que su departamento se ha adelantado al propio Ministerio de Justicia que, en su anteproyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa prevé la reconversión de los juzgados de Primera Instancia en Oficinas de Justicia para los Municipios.
Bravo explicó que lo que se pretende con el proyecto de Justicia Próxima es «que ese servicio público esté presente en cada pueblo de la Comunidad Valenciana. Igual que cada ciudadano tiene derecho a un centro de salud con los servicios públicos, queremos trasladar lo mismo al ámbito judicial. Que independientemente de dónde se resida y por muy alejado que se esté, la ciudadanía cuente con los servicios de la Administración de Justicia porque el lugar de residencia nunca debe ser un factor de desigualdad», aseguró.
De esta manera, las modestas oficinas que prestan este servicio público en un total de 96 municipios en la Comunidad se convertirán en herramientas para acercar la Justicia a la población.