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El PSOE asegura que el interventor insinúa en un informe que Barcala pudo cometer fraude de ley en el contrato de zonas verdes

El bipartito lleva mañana a Pleno la liquidación de 1,2 millones que se adeudan a la anterior contrata de jardines por facturas de un servicio que se prestó fuera de contrato varios meses

Zonas verdes de Alicante

Zonas verdes de Alicante Héctor Fuentes

Un informe del interventor municipal pone en cuestión la gestión del alcalde Luis Barcala en cuanto a la fiscalización del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad de Alicante cuando la contrata estaba en manos de la empresa Geamur, señala el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. El PSOE afirma que el estudio es "demoledor" al revelar que ha podido existir una omisión de la función de control del Ayuntamiento con esta contrata. Otro informe de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento corrobora la versión del interventor, añaden los socialistas. “Estamos ante unos hechos gravísimos y exigimos una explicación de por qué se ha actuado de esta manera”, ha indicado el portavoz socialista Francesc Sanguino. El equipo de gobierno bipartito, formado por PP y Ciudadanos, lleva este jueves a Pleno la liquidación de 1,2 millones que se adeudan a la anterior contrata de jardines por facturas de un servicio que se prestó fuera de contrato varios meses.

El equipo de gobierno ha destacado tras la comisión de Servicios celebrada hoy que la liquidación cuenta con informes favorables de los distintos departamentos aunque en uno de ellos el interventor afirma que utilizar el pago fuera de contrato como fórmula ordinaria podría incurrir en fraude de ley e invalidarlo. El bipartito insiste en que se va a liquidar el dinero pendiente con Geamur, en lo que serían los últimos flecos de su relación con el Ayuntamiento, y que desde hace unos meses una nueva empresa presta el servicio.

"A juicio del funcionario, podríamos encontrarnos ante un supuesto de tácita reconducción de un contrato, inadmisible en el derecho administrativo, porque va en contra del propio contrato, pero sobre todo, de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, que han de presidir la contratación administrativa. La utilización de esta práctica como fórmula ordinaria podría constituir un fraude de ley que invalidaría el contrato, según el interventor", destaca el PSOE. El edil socialista Raúl Ruiz ha señalado que la ejecución de este contrato está siendo investigada en comisión a propuesta del grupo socialista "ante las denuncias gravísimas de los propios trabajadores de la empresa y la inacción del equipo de gobierno, que no hace más que poner palos en las ruedas en la comisión, omitiendo la entrega de la documentación. Un nuevo escándalo sale a la luz en la gestión municipal de esta contrata, lo que desgraciadamente ya empieza a ser costumbre".

Acciones legales

El portavoz socialista ha manifestado que "el hecho de que Barcala llegue siempre tarde y mal tiene consecuencias negativas a la ciudadanía, pero que además darán traslado del expediente a sus asesores jurídicos para el caso que se vea oportuno el emprendimiento de acciones legales por si hubiera algo más que un comportamiento absolutamente negligente por parte del alcalde".

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