El Consell ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que prepare su recurso jurídico para tratar de anular el decreto del Gobierno que cambia las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, y que supone que una parte del agua del río que llega a la provincia que deberá ser sustituida por agua desalada. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trasladó ayer a la Abogacía que estudie dicho recurso, una decisión en consonancia con la posición de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. Mollà volvió a rechazar cualquier modificación previa a la aprobación de los planes hidrológicos, prevista para 2022. «El orden de los factores altera el producto. Plantear un cambio de las reglas explotación antes de culminar el proceso de planificación hidrológica no solo es un insulto, sino también un peligro para el trasvase», señaló Mireia Mollà.
Los regantes buscan alianzas con Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha para retomar las protestas en otoño
La consellera subrayó la importancia de la agricultura del sur de la Comunidad Valenciana, uno de los sectores productivos más importantes no solo de la Comunidad sino a nivel estatal. «Me parece que el sector agrícola tiene la suficiente magnitud como para que el Gobierno de España se repiense está dinámica que no responde a unos intereses sociales, económicos ni siquiera ambientales».
Por otro lado, el descontrol del covid ha obligado a aplazar este verano las movilizaciones de los agricultores en las calles de la provincia contra los recortes del Tajo-Segura este verano, pero se va a montar un frente común con los regantes de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha (que no reciben un litro de agua porque el Ministerio quiere la recortada para fines ambientales) para exigir la marcha atrás del Gobierno. Los agricultores y la propia Diputación están convencidos de que llevar la protesta a las calles y Madrid es la única medida que les queda para presionar al Gobierno. De hecho, tras la marcha por el Paseo de la Castellana de la pasada primavera, la ministra Teresa Ribera accedió a recibir a los agricultores y les prometió inversiones por valor de 500 millones de euros para modernizar regadíos y abaratar los costes de la desalación. Un primer paso aunque en lo más importante, dejar el trasvase Tajo-Segura como está, no solo no ha habido ningún avance sino que desde esta semana la situación está peor, porque se han modificado las normas de explotación.
La Asociación de Empresas Productoras de Plantas de Vivero de la Provincia de Alicante (VAME) rechazó el recorte y anunció que se sumará a las movilizaciones previstas.
