El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha proclamado su satisfacción con la decisión del Gobierno de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, porque, según sostiene, «estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia». García Page, principal «socio» de la vicepresidenta Teresa Ribera en el cerco al trasvase, celebra también que su gobierno no sea el único que presenta ya recursos en torno a la infraestructura, en relación a los litigios planteados en los últimos 42 años cada vez que se autorizaba un trasvase. «Hace un año no me hubiera creído que iban a bajar la hemorragia del trasvase y hoy estamos consiguiendo cubos de agua y de justicia», ha señalado García Page en referencia a la decisión del Gobierno de modificar las normas de explotación del acueducto en relación a la cantidad a trasvasar desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, en las provincias de Guadalajara y Cuenca.
Con esta modificación, acordada el pasado martes por el Consejo de Ministros, cuando los pantanos de Entrepeñas y Buendía estén en nivel 2, la cantidad máxima a trasvasar desde la cabecera del Tajo será de 27 hm3, frente a los 38 hm3 que se podían trasvasar hasta ahora, para, según el Ministerio, «garantizar la estabilidad del sistema».
La proclamación del presidente castellano-manchego no tuvo réplica en el Consell, que ayer volvió a optar por el perfil bajo. Mireia Mollà, la consellera de Agricultura, de visita en Elche, para un tema de una depuradora no dijo nada y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que tuvo ocasión de encontrarse con García Page en la conferencia de presidentes en Salamanca -se desconoce si le dijo algo- tampoco. Fuentes de Presidencia subrayaron que el paso estaba dado al preparar un recurso ante el Tribunal Supremo.
Quien sí respondió a García Page fue Ángel Urbina, presidente de la SAT Enrique, regante del Tajo-Segura e ingeniero que participó en la elaboración de las reglas de explotación vigentes hasta esta semana. «A Castilla-La Mancha, nunca le ha faltado agua, ni en las sequías más señaladas en España. Los dirigentes de su comunidad desde Bono, a Barreda... se han hecho mayores poniendo el agua como tema vital de identidad en su tierra, cuando no es una falta en sus territorios. Castilla-La Mancha ha recibido más de 465 millones de euros para compensación del agua del trasvase y solucionar sus problemas hídricos, y se los han gastado en otras cosas». Urbina subrayó que «no se puede tener 40 años a los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía sin agua corriente, y decirles que es por culpa del trasvase. Eso es manipularlos y engañarlos».
Urbina fue un poco más allá y señaló que «al aumentar el caudal circulante por el río se estarán vaciando los embalses de Entrepeñas y Buendía. Ese agua que va por el Tajo hasta Aranjuez no la aprovechará ningún agricultor de su comunidad». El presidente de San Enrique reiteró que «el incremento de agua en Aranjuez no va a diluir el caudal de mala calidad que tiene el Jarama y el Guadarrama».
Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, no se quedó atrás. «Es un incendiario que lo que hace es echar cubos de odio en la hoguera de su vanidad». Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, lo tiene claro: «Habrá que ver cómo lo está consiguiendo García Page porque, si lo consigue sin argumentos técnicos, será que lo está consiguiendo políticamente».
El aumento del caudal ecológico del Tajo amenaza 21.000 empleos
Un nuevo informe del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura alerta de que el aumento del caudal ecológico en el Tajo supondrá una reducción de un 30% de la producción agraria y la pérdida de unos 21.500 empleos. El cálculo, en base al aumento del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8,5 m3/segundo, demuestra que se recortarían en 100 hm3, un 50 % inferior a los envíos actuales. Esta cantidad repercutiría en un descenso de la producción económica de 870 millones de euros, equivalente al 1,5 % del total, teniendo en cuenta los impactos directo (538 millones), indirecto (137 millones) e inducido (194 millones).
