Punto y final para la investigación a la mayor red de blanqueo procedente de las ventas de calzado asiático en la provincia de Alicante. Tras nueve años de análisis de miles de albaranes, información contable y facturas falsas emitidas por empresas pantalla que buscaban dificultar el rastreo del dinero, el magistrado Santiago Hoyos ha dictado la apertura de juicio oral por el que acuerda sentar en el banquilllo a un total de 44 acusados, de nacionalidad tanto española (29) como china (15), así como a quince mercantiles del entramado como responsables civiles subsidiarias.
El magistrado les ha impuesto fianzas que suman hasta 172 millones de euros y cuya cuantía se reparte en función de los fraudes que se atribuyen a cada acusado. Este dinero se reclama para garantizar el pago del dinero que reclama la Agencia Tributaria en concepto del dinero presuntamente defraudado. El auto es firme y contra él no cabe recurso, salvo para pedir cambios en la cuantía de las fianzas, por lo que dadas las cantidades que se han impuesto hay probabilidad de que se recurran. Una vez abierto juicio oral la causa irá rotando entre todas las defensas para que presenten su escrito de conclusiones provisionales. Dado el volumen de las diligencias es probable que aún tarden otros dos años más en enviarse a juicio.
Como ya publicó este diario, la Fiscalía les reclama penas que suman cerca de mil años de cárcel entre todos y multas de hasta 3.000 millones de euros como presuntos autores de 18 delitos fiscales, falsedad documental y blanqueo de capitales. Una petición a la que se ha adherido íntegramente la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en nombre de la Agencia Tributaria.
Al frente del entramado, las acusaciones sitúan al empresario Alejandro R. N., cuya mercantil Nepalia, aparece implicada en otras redes similares. Alejandro comenzó su trayectoria delictiva facilitando la confección de facturas falsas entre empresas del sector del calzado, hasta que entró en contacto con mercantiles de origen asiático a las que cobraban una comisión por ayudarles a blanquear sus ingresos. Este implicado llegó a sufrir un intento de secuestro por parte de otros miembros del entramado que pretendían arrebatarle el control de la operativa. La Policía descubrió el plan porque tenía los teléfonos de todos los implicados intervenidos y logró frustrar el rastro cuando los implicados se disponían a llevarse al empresario. Aunque después ese proceso se saldó con absoluciones porque la Audiencia anuló las escuchas en las que se apoyaba el caso.
La Abogacía del Estado se adhiere a la petición de la Fiscalía de penas para los acusados que suman mil años de prisión
De hecho, fue un atraco a miembros de la organización cuando iba a hacer uno de los envíos de dinero al continente asiático lo que puso a la Policía sobre la pista del entramado, a cuyos miembros ya conocían por otras investigaciones anteriores.
La actividad del grupo se desarrolló entre los años 2009 y 2012, un periodo en el que se pudieron desviar hacia China cerca de 100 millones de euros procedentes de la venta de calzado en toda la provincia de Alicante. Los presuntos beneficiarios de este fraude eran mercantiles asentadas en su mayoría en el polígono Carrús de Elda y donde se efectuaron en su día gran parte de los registros.
Hasta cincuenta empresas fueron investigadas en esta causa, aunque de ellas un total de 36 eran mercantiles fantasma, sin actividad y sin trabajadores, cuyo verdadero propósito era ocultar los beneficios de las sociedades que sí eran reales. Estas mercantiles solían manejar facturas falsificadas para presentarlas en Aduanas y eludir el pago de los aranceles correspondientes.
El objetivo de este entramado era que empresarios chinos pudieran defraudar la Hacienda Pública con la entrada de mercancía en el territorio nacional, evitar el control del dinero obtenido por sus ventas y enviarlo a su país mediante transferencias bancarias. Los implicados españoles cobraban una comisión a los comerciantes asiáticos por poner a su disposición el entramado de blanqueo y por las transferencias al extranjero, según relata el escrito de acusación. Era una maquinaria para el desvío de fondos en la que cada uno de los integrantes tenía asignada una función determinada.
Entre los años 2009 y 2011 fue el momento en que mayor actividad tuvieron. El análisis de la documentación reveló que, a partir de 2012 hubo menos movimiento, debido a que los comerciantes chinos empezaron a moverse con otras organizaciones. De esta manera, en 2009 el IVA reclamado asciende a 2,2 millones; en 2010, 8,2; otros 12,8 millones en 2011; y 4,4 millones en 2012. En el caso de las empresas pantalla, algunas de éstas presentaron facturas falsas para deducirse el IVA por ventas ficticias, motivo por el que la Fiscalía reclama 933.216 euros por los impuestos de 2010; así como 216.410 por 2011.
Otro macrojuiciopendiente de fecha en la Audiencia
La Audiencia de Alicante tiene pendiente de señalar otro macrojuicio por una red blanqueo en las ventas de calzado asiático entre 2005 y 2009 y en el que algunos de los implicados ha sido acusados también en la otra investigación. El macroproceso no ha podido celebrarse a causa de la pandemia, ya que algunos de los acusados estaban confinados en Wuhan la primera vez que se intentó enjuiciar. La dificultad para encontrar una sala adaptada a la treintena de acusados ha retrasado la fecha y se podría celebrar a comienzos de 2022.
