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Movilidad sostenible y eficiencia energética contra la despoblación de la provincia de Alicante

Transición Ecológica aprueba una línea de ayudas para los municipios de menos de 5.000 habitantes

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Movilidad sostenible y eficiencia energética para combatir la despoblación. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado una partida de cinco millones de euros que enviará al Consell para subvencionar proyectos que favorezcan la movilidad sostenible y la eficiencia energética como un paso más para tratar de frenar la pérdida de población, que afecta ya hasta a los municipios de menos de 5.000 habitantes. En la provincia de Alicante, 82 municipios tienen derecho a las ayudas pero deben presentar proyectos con una inversión minima de 40.000 euros. El objetivo del programa es incentivar la transición energética y el cambio hacia la movilidad sostenible de los pequeños municipios, que tienen más dificultades para acometer grandes inversiones, mediante proyectos singulares de energía limpia. Así, se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes –en particular del autoconsumo–, o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo eléctrico, entre otros.- El plan está dirigido a ayuntamientos, diputaciones, con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes, que presenten proyectos con una inversión mínima de 40.000 euros.

El programa cuenta para toda España con un presupuesto inicial de 75 millones de euros procedentes de los fondos europeos, que podrá ser ampliado siempre que exista disponibilidad presupuestaria y hasta que expire su vigencia en noviembre de 2022. El objetivo es incentivar la transición energética y el cambio hacia la movilidad sostenible de los pequeños municipios, que tienen más dificultades para acometer grandes inversiones, mediante proyectos singulares de energía limpia. Así, se subvencionarán proyectos de mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes –en particular del autoconsumo–, o de infraestructuras de recarga e impulso del vehículo eléctrico, entre otros.

El plan está dirigido a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consejos insulares, consejos comarcales, cabildos y otras entidades públicas con ámbito de actuación en municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000, en los que sus núcleos de población tengan hasta 5.000 habitantes, que presenten proyectos con una inversión mínima de 40.000 euros. Las ayudas subvencionarán el 85% de la inversión y el 100% en el caso de que tengan la consideración de “proyectos integrales” por su significativo impacto en la transición energética en el municipio. Se podrán solicitar a partir de los tres meses de la publicación en el BOE del real decreto y durante un periodo de un año, a través de la sede electrónica de IDAE.

El compromiso con el reto demográfico persigue, según el Ministerio, a datos objetivos. El fenómeno de la despoblación se aprecia a escala municipal y es eminentemente rural: de los 8.131 municipios españoles, tres cuartas partes pierden población. En España hay 6.827 municipios con menos de 5.000 habitantes que concentran a 5,69 millones de personas, el 12% de la población total española, según datos del censo de 1 de enero de 2020.

En la última década han perdido población ocho de cada diez de estos municipios, de manera que, en conjunto, tienen 410.000 personas menos que hace diez años. En municipios de menos de 1.000 habitantes, el fenómeno es más agudo y la despoblación llega al 86%.

Para revertir esta tendencia, en el marco del PRTR se pretende impulsar proyectos, actuaciones y estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos entornos, mejorar sus conexiones y accesibilidad, así como propiciar ecosistemas favorables para la creación de oportunidades laborales que puedan, por tanto, atraer a nueva población.

Al margen de los beneficios medioambientales, la mejora de los servicios y de las instalaciones de estos municipios, así como la activación de inversiones en ahorro y eficiencia energética, pueden llevar asociados beneficios adicionales que hagan más atractiva la residencia en ellos o la instalación de pequeños negocios.

Asimismo, las medidas de movilidad son un vector para la potenciación económica de zonas en riesgo de despoblación al hacerlas más accesibles a núcleos que concentran los servicios públicos, mientras que el hecho de facilitar desplazamientos entre distintos núcleos poblacionales incide de manera positiva en el turismo, especialmente rural o de interior.

El desequilibrio demográfico que ya se da en la provincia de Alicante entre la costa y el interior se acentuará en los próximos 15 años, al concentrarse el crecimiento exclusivamente en la zona litoral. Así lo vaticinan las proyecciones de población 2020-2035 elaboradas por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, que desglosa por comarcas y municipios los datos que a nivel nacional, autonómico y provincial y ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística. Según esos cálculos, se estima que la demarcación alicantina podría tener 1.990.019 habitantes a mediados de la próxima década, pero este aumento sería absolutamente desigual en el territorio.

Así, mientras que en el conjunto de la provincia se ganarían 104.460 habitantes, un 5,54% en términos relativos, las comarcas de El Comtat, l’Alcoià, el Alto Vinalopó y el Vinalopó Medio perderían población. Es decir, justo las cuatro alejadas del litoral. Esa pérdida no sería cuantitativamente muy elevada, poco más de un millar de personas, aunque porcentualmente sería algo significativa en l’Alcoià y sobre todo en El Comtat, del 1,98 y el 3,85%, respectivamente.

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