La elección del muelle 10 para ubicar allí el palacio de congresos de Alicante obligará a desmantelar dos muelles en los que actualmente se mueven graneles en el puerto de Alicante y que, en principio, iban a quedar como auxiliares una vez comience a funcionar a principios de 2022 la terminal cerrada en el muelle 17. Esta coyuntura y el problema de los accesos a la zona para los vehículos particulares y los autobuses que lleven a los congresistas son los dos principales escollos a solucionar antes de iniciar una tramitación que, según fuentes cercanas a la operación, durará 18 meses, aunque el alcalde, Luis Barcala, ya dijo en la pasada primavera que el Ayuntamiento no pondría ninguna pega.
Entre los antecedentes figura, por otro lado, el que hace ya casi 20 años el puerto planteó ubicar, en la misma zona donde se levantará el palacio, un barco-tienda con restaurantes. Iniciativa que se frustró tras hacerse público un estudio de la Cámara de Comercio que advirtió, precisamente, de los problemas de acceso. Por otro lado, desde finales de marzo, cuando se anunció la iniciativa, sigue sin concretarse cómo será la participación del Consell, pieza clave, cuyas relaciones con la Diputación empeoran por días debido a que Ximo Puig y Carlos Mazón han entrado ya en la prebatalla por la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no ha movido ficha, porque tampoco se ha avanzado nada, pero en marzo ya dijo que apoyaba la construcción del Palacio de Congresos en el puerto de Alicante siempre que mejorara la imagen de la ciudad de Alicante.
Al final serán los técnicos de las consellerias de Urbanismo y Transición Ecológica los que tengan que determinar si el complejo cabe en el puerto, antes, incluso de que se pronuncie Puertos del Estado. En concreto, en los muelles 7 y 9 cuyo uso actual es exclusivo para carga y descarga de mercancía portuaria, algo que habrá que cambiar y tiene un procedimiento complejo que al final pasa por València, como ha sucedido, por ejemplo, con la colocación el muelle 5 de un edificio del Distrito Digital y la transformación del complejo de ocio de Panoramis en un centro de negocios, ya que en esa zona portuaria el uso máximo para oficinas era del 25% y ha habido que aumentarlo al 85%.
El cambio de uso en los muelles 7 y 9 para acoger el palacio obliga, en primer lugar, a que se cree un consorcio para impulsar el proyecto, ya que ahora mismo, por muy buenas que sean la intenciones, el Ayuntamiento y la Diputación no pueden solicitar ni la concesión, ya que si fuera así la Autoridad Portuaria debiera denegarla porque en dichos muelles el uso es exclusivamente portuario. En el escrito entregado a finales de marzo al presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, el alcalde, Luis Barcala, y Carlos Mazón, presidente de la Diputación, le trasladaron la intención como promotores de afrontar la construcción bajo la figura jurídica de un consorcio, en el que podría tener cabida también la Generalitat.
El Ayuntamiento y la Diputación sí han pedido la modificación de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y del Plan Especial del Puerto con el fin de incorporar los usos y ordenanzas urbanísticas que hagan posible la ejecución del proyecto. Ambos trámites deber recibir el visto bueno de la Generalitat antes de remitirlos a Madrid. Fuentes conocedoras de estos procesos calculan que la tramitación durará unos dos años.
Salas para congresos y vips sobre una superficie de 12.000 m2
La intención es que el edificio que pagará Suma tenga dos salas principales, tres auxiliares, oficinas y salas vip, camerinos, salas de traducción e interpretación, salas de exposiciones, cafetería, restaurante, un sky-bar y un aparcamiento de 4.000 m2. El espacio para los congresos será de 12.000 m2, a los que se sumarán otros 5.000 m2 para la zona administrativa, donde se ubicarán funcionarios de Suma, y 4.000 m2 para un gran aparcamiento. Además se urbanizarán otros 10.000 m2 de espacios exteriores. El Ayuntamiento ha encargado un estudio para contar con información y datos para elaborar el posterior pliego de condiciones para licitar el concurso público.
