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El PSOE de Alicante culpa a Barcala de que los alumnos de ciclos del IES Virgen del Remedio comiencen las clases en un restaurante

Sanguino denuncia que habrá que pagar 24.000 euros de alquiler por haber incumplido el alcalde su compromiso de realojar a los alumnos en otro lugar

Exterior del instituto Virgen del Remedio de Alicante. ALEX DOMÍNGUEZ

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, ha culpado al alcalde, Luis Barcala, y a la concejal de Educación, Julia Llopis, de que los alumnos de ciclos del IES Virgen del Remedio vayan a empezar las clases en el salón de un restaurante debido al mal estado en que se encuentra el edificio docente, en lugar de hacerlo en unas dependencias más adecuadas. Sanguino acusa a Barcala, según han señalado este sábado fuentes socialistas, de incumplir el compromiso adquirido con el centro educativo cuando dijo públicamente que el Ayuntamiento facilitaría las instalaciones que puedan necesitar los alumnos para un normal inicio de sus clases “en previsión de que no pudieran comenzarse en las aulas del edificio de ciclos formativos”. 

El portavoz socialista sostiene que, desde entonces, la actitud del alcalde y la edil de Educación para solventar el problema en este curso ha sido la callada por respuesta. Así, los alumnos de ciclos comenzarán las clases en los Salones Juan XXIII, pero con un retraso de un mes hasta que el centro educativo pueda acceder para realojar la equipación necesaria. Sanguino afirma, en este sentido, que Barcala "deja en la estacada a centenares de alumnos de dos ciclos de FP que han agotado las plazas ofrecidas por el centro".

Para el edil socialista, el alcalde "debería explicar por qué se han negado a proporcionar un espacio alternativo desde hace cinco meses, por qué han sido incapaces de ofrecerlo hasta el curso 2022 y han causado con ello un retraso de al menos un mes en este curso y 24.000 euros en alquiler", que el instituto deberá abonar por utilizar los salones del restaurante. Sanguino recuerda que esto se suma a la indemnización de 4,2 millones de euros que ha habido que pagar a los propietarios de una parcela privada al no ofrecer a los propietarios una compensación, a los 3,2 millones de la licitación de la obra y al coste de las reparaciones de los desperfectos de la obra desde casi su inauguración. Además, señala, está aún por determinar el montante de la adaptación de los laboratorios de Secundaria para que acojan también los ciclos profesionales. Según Sanguino, ni Barcala ni Llopis han contestado al centro su petición de emergencia para poder realizar el curso este año. 

El portavoz municipal del PSOE asegura que "todo ese dinero lo debió pagar la Generalitat en 2011", por lo que "los alicantinos estamos pagando doble por la decisión del PP de comprar suelo a precio de oro, construir un centro municipal y cederlo a la Generalitat". Al respecto, apostilla que "mientras Mazón promete pagar menos impuestos, la realidad se impone: con el PP pagamos dos veces impuestos. Y además, para no tener nada".

Sanguino reitera que Barcala y Llopis "vuelven a disparar contra la educación pública, atentando contra un centro que es referencia en sus ciclos profesionales y que proporciona un 80% de ocupación laboral al salir de sus aulas", mientras planean otras polémicas como la retirada del amianto en los colegios o la no concurrencia a la convocatoria de subvenciones para las extraescolares. El edil socialista considera que "no es que no les importe la educación pública, es que demuestran un constante boicot hacia ella con las decisiones de no proveer de un espacio a unos chicos y chicas, de no ceder una vivienda a unos conserjes para erradicar el amianto, de derivar las escuelas infantiles a las privadas o de renunciar a medio millón de euros de la Generalitat en programas de refuerzo educativo, cursos y otras actividades formativas".

Sanguino afirma que "ese es el legado de Barcala: un bombardeo constante y selectivo a la educación pública porque es la que sustenta la igualdad de oportunidades". El grupo municipal socialista exige al primer edil que "de inmediato deje de obstruir la igualdad de oportunidades educativas con su conducta y comience a comportarse para lo que lo eligieron los ciudadanos: para ser alcalde".

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