Conforme la quinta ola del coronavirus remite, los casos en residencias de ancianos de la provincia comienzan también a disminuir. Según los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad en la provincia hay siete centros geriátricos con brotes, la mitad que hace una semana. En las dos últimas semanas, además, no se ha producido ninguna muerte por covid en estos centros.
Los estrictos protocolos sanitarios que rigen en estos espacios donde viven personas tan vulnerables obligan a que a partir de un caso positivo en un residente o en un trabajador, se declare brote y se adopten todas las medidas de precaución para evitar la propagación del virus al resto de los residentes.
Ante la mejoría de la situación, la patronal del sector ha reclamado la posibilidad de poder recuperar el contacto físico en un entorno seguro entre familiares y personas usuarias «para mejorar la calidad de la vida de las personas que residen en los centros».
Además, se ha solicitado la eliminación de la reserva de las 1.400 plazas para aislamientos en centros y la posibilidad de hacer ingresos en centros con brotes, cuando estén controlados, «lo que permitiría atender a todas las personas que se encuentran en lista de espera para acceder a un centro residencial».
Pese a que desde el pasado mes de marzo no se registraban fallecidos por covid en estos centros, la quinta ola provocó que de nuevo los casos y las muertes volvieran a las residencias durante el verano.
Con el objetivo de frenar la ola de contagios, la Conselleria de Sanidad elaboró hace unas semanas un nuevo protocolo, en el que se establecen medidas de control para los trabajadores tanto vacunados como para los no vacunados. Así, las residencias situadas en zonas de riesgo por la elevada circulación del covid deben hacer test de antígenos cada quince días a todos sus trabajadores, así como a la vuelta de las vacaciones, estén o no vacunados.
El nuevo protocolo de la Conselleria de Sanidad también establece medidas para los trabajadores de las residencias que no se hayan vacunado. En este caso, independientemente, de si el geriátrico se encuentra o no en zona de riesgo, estos empleados tienen que pasar por un test de antígenos cada dos días. Una situación poco habitual entre los trabajadores de estos centros, donde el porcentaje de vacunación es del 96%, según los datos de la Conselleria de Igualdad.
Paralelamente a estas medidas, geriatras, gerontólogos y directores de residencias privadas han pedido que se endurezcan más las medidas para quienes opten a un trabajo en una residencia, de manera que se les exija estar vacunados. Un requisito que ya estarían imponiendo residencias privadas para contratar nuevo personal. Por parte de la patronal del sector, Aerte, se ha reclamado también que se hagan serologías periódicas para comprobar cómo evoluciona el nivel de anticuerpos en los residentes, puesto que ellos fueron los primeros en ser vacunados hace más de ocho meses y temen que el nivel de inmunidad esté cayendo.
Reclaman que Sanidad administre ya la tercera dosis
El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) también ha pedido al Gobierno que aplique las recomendaciones formuladas de las agencias europeas y que se considere, de esta forma, administrar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas mayores que viven en residencias, ya que la mayoría de ellas presenta un sistema inmune debilitado. CEAPS lamenta que, «en lugar de escuchar las reivindicaciones del sector de personas mayores», el Gobierno solo se plantee la posibilidad de administrar esa tercera dosis a personas inmunodepresivas.
