Lo que aparentemente ha podido ser un lucrativo negocio durante todo el verano mediante la celebración de fiestas ilegales en una finca de la zona de La Alcoraya, en Alicante, puede convertirse en una pesadilla para no olvidar si prosperan las sanciones propuestas por la Policía Nacional para cuatro personas acusadas de formar un grupo dedicado a estas celebraciones clandestinas, en las que cobraban 20 euros de entrada. Los sancionados se enfrentan a multas de entre 30.001 euros y 600.000 como autores de una infracción muy grave recogida en un decreto del Consell que regula el régimen sancionador contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante el covid-19, según han informado a este diario fuentes cercanas al caso.
Esta es la sanción propuesta por la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana -conocida como Policía Autonómica- tras una investigación conjunta que han llevado a cabo con el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Las pesquisas se iniciaron con motivo del apuñalamiento de un hombre durante una fiesta multitudinaria ilegal en una finca de La Alcoraya.
La víctima sufrió lesiones graves e inicialmente la Policía Nacional detuvo el mismo día de la agresión a un joven de 28 años como presunto autor de la cuchillada en la pelea. Este joven pasó a disposición del juzgado de guardia de Alicante y tras negar la autoría del apuñalamiento se acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.
Tras el encarcelamiento de este joven la Policía arrestó días más tarde a su hermano, de 20 años, quien se entregó para asumir la autoría material de la agresión. Sin embargo, los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta considera que no fue él quien le apuñaló pero si le vinculan con la pelea. Pasó a disposición judicial y también se decretó su ingreso en prisión.
Paralelamente a las pesquisas de la tentativa de homicidio, la Policía detectó que la fiesta ilegal en la que se originó la pelea con armas blancas no era la primera vez que se hacía.
Los agentes verificaron que la finca, en la que hace unos años ya se desmanteló una plantación de marihuana, figuraba en el Registro a nombre de una empresa. Mediante el análisis de los miembros de la sociedad la Policía localizó a una de las personas implicadas en las fiestas.
Asimismo, identificaron a tres más: una de ellas se encargaba de cobrar los 20 euros de entrada en dinero en efectivo o mediante bizum; otra tenía la misión de la recepción de los asistentes y la tercera tenía la labor de captar clientes para las fiestas.
Para ello, acudía a conocidos pubs de la playa de San Juan, donde ofertaba la posibilidad de ir a las fiestas una vez cerraban pronto los locales por el toque de queda.
Los agentes han verificado que celebraron hasta una fiesta de la espuma y contrataban a Dj para los eventos.
Responsables
Una vez concluyeron las pesquisas los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Comisaría Provincial, efectivos de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana levantaron las propuestas de sanción por infracción muy grave a las cuatro personas consideradas como responsables de la organización de las fiestas ilegales.
La sanción se propone por incumpliento de un apartado del decreto ley 11/2020 del Consell contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante el covid.
En concreto se refiere al apartado que castiga «la organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto equivalente, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración o agrupación de personas cuando se constate por la autoridad inspectora que impiden o dificultan la adopción de las medidas sanitarias de prevención o se hallen presentes menores de edad y/o personas mayores de 65 años».
Estas infracciones muy graves pueden ser sancionadas alternativa o acumulativamente con multa de 30.001 a 60.000 euros y acumulativamente hasta 600.000 euros, según se recoge en el decreto del Consell.
