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Ingenieros y regantes exigen que sean los técnicos quienes decidan el futuro del trasvase

El agua del Tajo impulsa un negocio de 6.000 millones de euros solo de la industria agroalimentaria

Infraestructura del Tajo-Segura en la Vega Baja. | TONY SEVILLA

El Consejo General de Colegios de Ingenieros y Técnicos agrícolas se ha sumado a la batalla que libran los regantes del Tajo-Segura contra los recortes del trasvase Tajo-Segura y reclama al Gobierno que saque la infraestructura del debate político, y que sean los técnicos los que decidan su futuro. Una petición complicada vista la hoja de ruta que ha adoptado el Ministerio para la Transición Ecológica, primero con el cambio unilateral de las reglas de explotación y a medio plazo con el aumento de los caudales ecológicos, lo que reducirá sensiblemente el caudal del trasvase, que será suplido por agua desalada, seis veces más cara.

Los ingenieros técnicos agrícolas ha sentado en una mesa redonda virtual a distintos protagonistas del trasvase. En la misma participaron Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, ingeniero técnico agrícola, agrónomo y agricultor, y Tomás Fernández, vocal de la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha e ingeniero agrícola.

Todos ellos coincidieron al subrayar el complejo panorama que le espera a la agricultura de regadío en España si se incrementan los caudales del Tajo. Todos los expertos solicitan al Ministerio que convoque una mesa de diálogo donde prime la ciencia y la técnica, y se dejen de lado aspectos políticos e ideológicos que, según los participantes, son los que están marcando la actualidad de este asunto.

Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, recordó en su intervención las cifras contundentes sobre los beneficios de esta infraestructura, que genera entre 90.000 y 110.000 empleos en toda el área de influencia, y no solo en las zonas receptoras del agua. Además, el movimiento económico supera los 6.000 millones de euros, derivados de la producción agraria y de efectos diferidos en la industria agroalimentaria. Melgarejo destaca, además, que las alternativas que ofrece el Ministerio no son realistas. «Las desaladoras tienen mucho mayor coste energético que el trasvase y tratar de reducir el precio del agua con la energía fotovoltaica tendría un elevado coste de inversión. La mejor alternativa es dejar las cosas como están. El trasvase es la solución más rápida, barata, eficiente y la que más paz social genera» subraya Melgarejo.

El oriolano José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, ingeniero agrícola y agricultor, advierte de que la situación de los regantes de la cuenca del Segura es crítica. «Vamos a presentar alegaciones y se tomarán medidas en la calle en protesta de lo que no es lógico ni justo». Andreu critica la falta de colaboración del Ministerio. «Hemos intentado establecer un diálogo, pero sólo quieren imponer sus tesis. La visión ecologista se ha impuesto en el actual Gobierno de España. Tendrían que dejar hablar a los regantes de ambas zonas, los técnicos, los científicos, porque con una buena gestión hay agua para todos», señala presidente de Asaja-Alicante.

Una reparación de fugas con 12 años de espera

El senador de Compromís, Carles Mulet, denuncia la falta de fechas para el inicio de los trabajos de reparación del gran embalse regulador del Júcar-Vinalopó, cerrado desde hace 12 años tras detectarse fugas de agua. El Gobierno elude detallar la situación en la que se encuentran los trámites para el inicio de las obras. Desde la coalición recuerdan «el papel estratégico del embalse, la segunda mayor balsa de Europa que se concibió con el objetivo de paliar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó con agua del Júcar».

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