Las asociaciones empresariales que gestionan los 50.000 apartamentos y villas turísticas regladas de la Costa Blanca se sumaron ayer al rechazo rotundo de la patronal hotelera contra el planteamiento de una parte del Consell -Compromís y Podemos- de establecer una tasa turística al alojamiento de cara a financiar la construcción de viviendas sociales. Algo que figura en la agenda del Botánic, que no de Turisme, desde 2017 pero que el propio presidente, Ximo Puig, había desactivado. Esta semana ha saltado la sorpresa y, además, en el peor momento. Con un sector turístico malherido aún por la factura de 10.000 millones de euros en pérdidas provocado por la pandemia. Miguel Ángel Sotillos, presidente de Aptur, reclamó ayer una aclaración urgente y subrayó, en este sentido, que el alquiler vacacional no es el responsable de la falta de viviendas, ya que el parque no llega
ni al 6% del total de las viviendas de la Comunidad.
El sector rechaza de plano la propuesta de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. “Tras más de 18 meses de pandemia, con unas pérdidas de ingresos prácticamente inasumibles y sin apenas haber recibido ninguna ayuda de verdadero calado en el plano económico llega Oltra y pretende que el sector sea el chivo expiatorio para recaudar dinero para sus propuestas sociales tendentes a captar voto joven con el tema de vivienda a costa de los turistas y las empresas turísticas”.
“Estamos totalmente a favor de políticas sociales para el acceso a la vivienda para gente joven, pero estas se deben sufragar con los impuestos que pagamos todos los valencianos, no cargar las mismas sobre el sector turístico que además es el que más ha sufrido los embates económicos de la pandemia”, trasladaron los empresarios en un comunicado. “Cualquier sobreprecio artificial como seria este tema, no haría sino lastrar la competitividad del turismo en un mercado muy complicado”.
Las asociaciones que gestionan los apartamentos rechazan que se cree un impuesto específico para las empresas y particulares legales que pagan impuestos y se esfuerzan día a día por mantener sus empresas abiertas generando empleo, impuestos y economía en los municipios en los que están implantados y, sin embargo, “se consientan los alojamientos ilegales y a sus clientes, castigando por ende a los turistas que reservan en los canales adecuados. Se envía un mensaje contrario al que durante los últimos ocho años hemos generado con la colaboración publico-privada”
“Y nos gustaría precisar que en cualquier caso debería hablarse de un impuesto turístico, que no tasa. Nos resulta del todo inaceptable porque además supondría una carga administrativa más a las empresas turísticas que todavía tenemos empleados en ERTE y hacemos malabarismos para llegar a fin de mes en los momentos actuales”. Para el presidente de Aptur, “el anuncio de este impuesto puede causar un desvío de la demanda turística tan necesaria en estos tiempos”.
Las asociaciones exgen al presidente Ximo Puig, al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, “y al PSOE en general, a desmentir hoy mismo, la posible aplicación de una medida como la propuesta por sus socios de Gobierno, de manera clara, frontal y contundente, para lanzar a los mercados emisores un mensaje de tranquilidad de que no tendrán gastos añadidos si elijen reservar sus vacaciones en Comunidad Valenciana en 2022”.
