La interrupción voluntaria del embarazo es una prestación incluida en la cartera de servicios de Sanidad, pero que en la Comunidad Valenciana se realiza de forma mayoritaria en clínicas privadas.
Así consta en el último informe del Ministerio de Sanidad correspondiente a 2019, que apunta a que de las 8.523 interrupciones del embarazo que se hicieron en la Comunidad Valenciana, el 91,5% se realizaron en el ámbito de la privada. El informe del ministerio distingue entre interrupciones realizadas en el ámbito hospitalario y extrahospitalario. En el caso de las segundas, según los datos de Sanidad prácticamente la totalidad de las 7.784 interrupciones del embarazo se hicieron en clínicas privadas. Estas derivaciones no suponen coste alguno para la mujer, las asume Sanidad y generalmente, estas interrupciones se llevan a cabo en las primeras semanas de gestación a través del método de aspiración o mediante fármacos.
La situación es distinta para aquellas intervenciones que requieren de un ingreso hospitalario y que suelen tener lugar en el segundo trimestre de gestación por malformación del feto. De las 739 realizadas en la Comunidad en 2019, sólo doce fueron derivadas a clínicas privadas.
Para los distintos especialistas consultados por este periódico esta alta derivación en el caso de las interrupciones en las primeras semanas de gestación no esconde otra cuestión de fondo que el hecho de no abordar el tema de la objeción de conciencia entre las plantillas de Ginecología. Precisamente ayer, la Ser sacó a la luz el caso de una médico de Madrid que tuvo que acudir a un centro privado para que le practicaran una interrupción del embarazo en la semana 14 de gestación al negarse el servicio entero de Ginecología del Hospital Clínico de Madrid a realizar esta intervención, pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer. La Conselleria de Sanidad asegura no tener constancia de que en la Comunidad Valenciana se den situaciones similares.
Con todo, en hospitales como el General de Alicante, según señalan profesionales del área de Ginecología, todas las interrupciones en el primer trimestre se derivan a las clínicas privadas y las del segundo trimestre, vinculadas a malformaciones, sí se hacen en el hospital. En el hospital de Sant Joan tampoco se ha declarado nadie objetor.
La Conselleria de Sanidad estaría tratando ya de cortar estas derivaciones a las clínicas privadas. Según las mismas fuentes consultadas, la conselleria estaría sondeando a los servicios para saber cuántos profesionales querrían objetar. La intención sería primero asumir la totalidad de las interrupciones del segundo trimestre y después la de los primeros tres meses. Con estas últimas es donde Sanidad se puede topar con un mayor número de médicos objetores, a juicio de las fuentes consultadas, ya que es donde entran casos de mujer que, por ejemplo, no quieren adoptar métodos anticonceptivos o que han abortado varias veces.
Este miércoles, el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado también la toma en consideración de una iniciativa presentada por el PSOE, con la oposición de Vox y el PP, que incorpora un nuevo tipo de delito en el Código Penal para perseguir a quienes «hostiguen o coarten» a las mujeres en el ejercicio de su derecho al aborto. La medida se toma tras años de denuncias por parte de los grupos feministas y de las clínicas privadas por la actividad de presión que llevan a cabo grupos ultracatólicos a las puertas de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Aunque en la provincia de Alicante no constan este tipo de presiones, según señalan desde ACAI, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, en Valencia sí que se han registrado concentraciones a las puertas de las clínicas por parte de personas que tratan de convencer a las mujeres que allí acuden para que no aborten.
3.581 abortos en la provincia en un año
En la provincia de Alicante, según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2019, se practicaron 3.581 interrupciones del embarazo. La mayoría de estas interrupciones se dan en el grupo de 20 a 24 años, aunque en una veintena de casos se interrumpió el embarazo en menores de quince años. En un millar de casos, las mujeres tenían un aborto a sus espaldas y un centenar de ellas acumulan tres interrupciones. La mayoría de abortos se dan en mujeres con estudios de Secundaria y en más de la mitad de los casos no tienen hijos. Algo menos de la mitad de las mujeres no usaron métodos anticonceptivos.
Mayoría de casos con menos de 8 semanas
A falta de datos oficiales en el año 2020, la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo descendió levemente en el año 2019, el último del que se dispone de datos completos del Ministerio de Sanidad. Ese año se practicaron en la provincia 3.581 abortos, frente a los 3.641 del año anterior. La legislación española contempla la interrupción del embarazo por libre voluntad de la gestante hasta la semana 14. Por otra parte, la norma permite el aborto provocado por patología fetal y por salud materna (física y psíquica) hasta la semana 22. La mayoría de interrupciones en la provincia se dan por debajo de las ocho semanas.
