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Los geriátricos denuncian que Igualdad les adeuda 2,5 millones de euros por la paga y los gastos derivados del covid

Aerte sostiene que 20 centros que pagaron hace nueve meses las gratificaciones extraordinarias a los trabajadores todavía no las han cobrado

Una trabajadora de un geriátrico da de comer a una anciana

 La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) ha reclamado a la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas que pague los más de dos millones y medio de euros que debe aún a las empresas por las ayudas para las pagas extraordinarias a la plantilla y el resto de los gastos provocados por el covid en los centros residenciales que acumula, en algunos casos, más de nueve meses de atrasos.

El decreto 186/2020 publicado en noviembre del año pasado obligaba a pagar las gratificaciones al personal por el esfuerzo durante la primera ola del covid antes del 31 de diciembre de 2020. Para ello, señalan desde Aerte, "se informó a los centros de que se recibiría la parte correspondiente a esa ayuda antes de esa fecha para que pudieran llevarlo a cabo sin necesidad de adelantar el dinero y que, a posteriori, deberían justificar adecuadamente todos los gastos hechos". A pesar de eso, "el importe principal se pagó mediante un confirming con Bankia en febrero de 2021, lo que ya supuso un problema importante para las entidades, en un año económicamente muy complicado". Aun así, prosigue la patronal, "unos veinte centros no recibieron esa primera parte de la ayuda y hoy, nueve meses después de que venciera la obligación, todavía tienen pendientes unos 650.000 euros por ese concepto".

Otra parte de la subvención, destinada a cubrir los costes de las adquisiciones de material y adaptación de instalaciones, "se debía pagar una vez justificados todos los gastos. La fecha límite para dicha justificación fue el 31 de marzo de 2021". Esta parte de la ayuda, que Aerte calcula en unos dos millones de euros, "sigue sin pagarse seis meses después de haber finalizado ese plazo y sin que los centros hayan recibido noticia de la correcta justificación o de las posibles subsanaciones necesarias".

“El sector cumplió en su momento todos los requisitos que exigía la Conselleria para acogerse a las ayudas y, de nuevo, son las empresas las que soportan todo el esfuerzo financiero sin recibir ninguna respuesta de la administración, más allá de que están intentado solucionarlo. Llevan meses con la misma respuesta, pero sin solucionar nada” declaró José María Toro.

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