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El padre que llevó al juzgado una nota en valenciano pide imputar al director de Educación

La Abogacía de la Generalitat reclama al magistrado el archivo del caso por entender que no ha existido discriminación lingüística

Recogida de firmas en la entrada del colegio en apoyo a las investigadas.

Recogida de firmas en la entrada del colegio en apoyo a las investigadas.

El padre que denunció un presunto caso de discriminación lingüística por una carta con un párrafo en valenciano para una excursión ha tirado hacia arriba y pide al juzgado que impute al director territorial de Educación en Alicante, David Vento. Sobre la mesa del titular del juzgado de Instrucción número ocho de Alicante, Ángel Manuel Villanueva, se han juntado dos peticiones contradictorias, ya que mientras el denunciante solicita la práctica de más diligencias, desde la Abogacía de la Generalitat, que defiende a los funcionarios investigados, se ha pedido el archivo del caso por entender que no ha existido delito alguno.

Los hechos se remontan al 22 de enero de 2020 en el colegio Mediterráneo de la playa de San Juan que tenía programada una excursión al centro de Alicante. El centro envió una carta a los padres informando de la actividad y pedía que autorizaran a sus hijos a asistir. La misiva contenía un párrafo en valenciano, que el colegio atribuye a un error, en el que se explicaban los objetivos de la actividad. El padre exigió que se la volvieran a enviar traducida al castellano. Tras el conflicto en el colegio, acabó presentando una denuncia por coacciones, prevaricación administrativa y un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. En este proceso está representado por el abogado Valentín Quiroga, que es el vicesecretario jurídico de Vox en Alicante.

Tras la imputación de la directora del colegio, una tutora y una inspectora de Educación, el abogado del denunciante ha reclamado la declaración en calidad de investigado del director territorial de Educación al entender que tuvo participación en los hechos a raíz de una reunión que tuvo con los inspectores educativos cuando surgió el problema.

Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat ha reclamado el sobreseimiento del caso por no existir delito alguno y en todo caso debería solventarse por la vía administrativa. El letrado que representa al gobierno autonómico entiende que un error en una circular no puede ser constitutivo de delito alguno.

La petición de sobreseimiento podría causar la intervención de la Fiscalía, que hasta ahora ha estado al margen del proceso. Toda las diligencias se han practicado a instancias de la acusación particular y desde el Ministerio Público no se ha pedido diligencia alguna.

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