La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, sigue adelante en su cruzada por la contratación de un abogado externo a los servicios jurídicos municipales para representar al Ayuntamiento como acusación particular en la causa del caso Brugal, sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Recientemente, el gobierno municipal de PP y Cs entregó a la exregidora documentación solicitada en la que se recogía el gasto de 40.280 euros en la contratación del letrado, que se impulsó durante la etapa del tripartito de izquierdas y que ha continuado hasta ahora, con la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante.
Sin embargo, Castedo quiere más. En un nuevo escrito registrado, la exalcaldesa solicita cinco nuevos escritos relativos a la contratación de José María López Coig: documento de inicio del expediente por parte del órgano de contratación «motivando la necesidad del contrato», documento donde conste el «registro de entrada de la petición de provisión de fondos del letrado designado», junto al acuerdo económico de Intervención relativo a la adjudicación, al documento de la Intervención Municipal relativo a la «necesidad de tramitar un Procedimiento Negociado dado que la cuantía de las minutas excedería de 18.000 euros» y, por último, el ADO (Autorización, Disposición y Reconocimiento de obligación) relativo al pago de la última factura, con fecha del 15 de julio de 2021 por importe de 10.030 con la retención a cuenta del IRPF de 1.243 euros, derivada de las sesiones del juicio.
A raíz de la contratación realizada durante la etapa del tripartito de izquierdas y que se mantuvo por el bipartito de PP y Ciudadanos, López Coig quedó facultado para representar al Ayuntamiento como acusación particular en la fase de instrucción del caso y también durante la vista oral, celebrada en la Audiencia Provincial, que finalizó con la absolución, entre otros acusados, de la propia Castedo.
