La Audiencia de Alicante sentó este viernes en el banquillo a nueve acusados de pertenecer a una red que fabricaba narcolanchas para desembarcar cargamentos de hachís en las costas de la provincia. El hundimiento de un yate cargado con tres toneladas de esta droga en febrero de 2020 fue el que puso a las Fuerzas de Seguridad sobre la pista de esta organización a la que se acusa de delitos contra la salud pública, contrabando, organización criminal y encubrimiento con arrestos en Alicante y Murcia. A los nueve acusados se les piden penas que oscilan entre el año y medio y los doce años de cárcel, en función de su participación en los hechos. Entre ellos se encuentran las personas que iban a bordo del yate hundido con la drogas, trabajadores de una empresa náutica de Santa Pola donde supuestamente se preparaban las lanchas, así como transportistas y otras personas implicadas en el traslado de las embarcaciones para recoger alijos en alta mar.
En prisión preventiva permanece una de las dos personas que se encontraban a bordo del yate hundido. El otro tripulante del yate está en paradero desconocido y no ha podido ser juzgado. El resto está en libertad. Asistidos por los letrados Francisco Galiana Botella, Mari Paz Alarcón, Alejandro Baos, Mari Paz Giraldez y Santiago Candela, entre otros, se limitaron a negar todos los hechos y alguno solo respondió a las preguntas de su abogado. El juicio se retomará el miércoles con la declaración de los agentes que hicieron la investigación.
El responsable y los trabajadores de una empresa náutica en Santa Pola, donde según las acusaciones se preparaban los barcos rápidos, aseguraron que era un negocio de reparación de barcos de recreo y alguno sostuvo que ni siquiera sabía lo que era una narcolancha.
