El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana podría financiar hasta dos tercios del coste previsto de «Alicante Central», la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital alicantina que debe ser una realidad en 2023 y que cuenta con un presupuesto de 37,3 millones. Así lo confirman desde el departamento que dirige Raquel Sánchez: «Alicante cerró el año 2020 con 337.482 habitantes, lo que implica que puede pedir un máximo de 15.186.690 euros a través de la primera solicitud de ayudas del programa para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones». Esta primera línea de subvenciones fija un tope de 45 euros por habitante. Por otro lado, el bipartito puede aspirar a «otros 10.124.460 euros a través de la segunda línea de ayudas, que sitúa el máximo en los 30 euros por habitante». Es decir, Alicante puede aspirar como máximo a una subvención de 25,3 millones.
En la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recoge que la primera línea de ayudas («Solicitud 1») será financiada con cargo a la línea del crédito disponible. «La Solicitud 2 que presenten los municipios solo podrá ser financiada, de acuerdo con su respectivo orden de valoración, con cargo a la línea general del crédito disponible si en ésta quedara remanente después de asignar las cuantías a las Solicitudes 1», explica el documento oficial.
Al cierre del periodo de solicitud de las subvenciones, el ministerio informó que 187 ayuntamientos habían solicitado en total unos 1.500 millones de euros para la convocatoria del programa de ayudas a municipios para descarbonizar las ciudades y la movilidad. «La convocatoria se articula en concurrencia competitiva por lo que se seleccionarán los proyectos que, cumpliendo los requisitos de madurez, impacto y calidad, mejor ayuden a alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea, que abarcan desde rigurosos compromisos de plazos de ejecución, a objetivos relacionados con el impulso de la movilidad activa (a pie, en bicicleta…) y sostenible», según el ministerio, que prevé que las primeras transferencias a los ayuntamientos se realicen en invierno. Además, se espera la publicación de una segunda convocatoria en el año 2022 con un presupuesto de 500 millones de euros.
La iniciativa del Ayuntamiento de Alicante se configurará a partir de dos anillos de restricciones al tráfico. El interior, que será el primero en ponerse en marcha, estará ligado al centro urbano y de servicios, incluyendo el Centro Tradicional y afectando a unas 56 hectáreas, mientras que el segundo, el exterior, se desarrollará por la Gran Vía, la arteria principal de distribución de tráfico, y todo el frente litoral, ocupando una superficie de unas 750 hectáreas.
Dos anillos
Tanto en el primer anillo como en el segundo, la limitación se realizará de «manera progresiva», estableciéndose un «calendario de restricciones vinculado a elementos contaminantes». El bipartito de PP y Cs trabaja en que al anillo interior sólo puedan entrar, además de los residentes y los camiones de reparto, los vehículos con etiqueta ECO y Cero (eléctricos e híbridos). Por su parte, las exigencias para acceder al anillo más periférico serán menores, con la previsión de que afecte a los vehículos sin etiqueta, es decir, a los modelos de gasolina anteriores al año 2000 y a los diesel previos a 2006.
En ambos casos, tanto en el anillo interior como el exterior, las restricciones a la circulación irán acompañadas de intervenciones de peatonalización y actuaciones de calmado del tráfico. El Ayuntamiento prevé que la primera actuación sea el proyecto de peatonalización del eje entre el Mercado y la Explanada, que dejará sin tráfico a la avenida de la Constitución y la calle Bailén. Las primera obras, que arrancarán este año, afectarán al entorno del Portal de Elche, donde se eliminarán las plazas de aparcamiento de motos.
