Hace poco más de un año que el Gobierno puso en marcha el llamado Ingreso Mínimo Vital, la primera renta mínima estatal en España. Su creación supuso un hito, al establecer un suelo mínimo de ingresos homogéneo en todo el país, algo que reclamaban las entidades sociales y la propia Unión Europea. Sin embargo esta ayuda, que nació en plena pandemia, no está llegando a todas las personas que más lo necesitan, como critican las ONG y demuestran los datos oficiales del Ministerio de Inclusión. En la provincia de Alicante se benefician de esta ayuda 40.216 personas, apenas un 14% de las cerca de 300.000 personas en pobreza severa que atienden las principales ONG. Además, buena parte de las solicitudes que se presentan para cobrar esta ayuda son denegadas. De hecho, en la provincia sólo se conceden el 24% de las ayudas que se solicitan.
«Es una ayuda que está hecha con muchas trampas, parece que busquen cualquier resquicio para denegarla», lamenta Fernando Patón, miembro de Marea Roja, una plataforma social de Alicante que ayuda a familias con dificultades a tramitar esta ayuda, así como la valenciana Renta Activa de Inserción.
Un ejemplo de estos obstáculos son las personas que viven en una habitación alquilada, una situación muy frecuente para muchas personas en situación de pobreza. «Les piden contratos que demuestren ese alquiler», lamenta Patón, cuando la realidad es que este tipo de arrendamientos se suele hacer en viviendas que previamente ya están alquiladas, por lo que no existe ningún contrato que regule ese subarriendo. Marea Roja tiene un punto de información en plena calle, concretamente en la plaza de Les Palmeretes de Alicante, al que, una vez a la semana, acuden una media de 15 personas para intentar tramitar estas ayudas. Desde que se creó el Ingreso Mínimo Vital han ayudado a unas 300 personas, «la mayoría de las que nos han echado para atrás es por estos problemas, y por exceso de renta solo dos».
Esperando este ingreso se encuentra A. R. Hace diez meses que presentó la primera solicitud «y todavía no me han contestado. En teoría está todo bien presentado, así que no sabemos qué pasa», lamenta. Madre de dos hijos y con otro en camino, sostiene que el único ingreso que entra en su casa es el que consiguen de la venta ambulante.
Desde Marea Roja denuncian que hay familias en una situación desesperada y están animando a la gente a que consiga abogados de oficio para denunciar.
Cáritas también ha pedido al Gobierno que simplifique la tramitación de esta ayuda y facilitar que las personas puedan gestionarla con asesoramiento y de manera presencial. También que el tiempo para concederla no exceda de los tres meses, al tratarse de una ayuda de emergencia; que se motiven las denegaciones y se incorpore la asistencia jurídica gratuita para las reclamaciones previas.
La pandemia ha disparado los problemas de pobreza y necesidad en toda España y Alicante no es una excepción. En el último año, Cruz Roja ha atendido en la provincia a 270.000 personas y Cáritas a otras 50.000. La entidad diocesana, en su último informe advierte de que las familias con niños y adolescentes en son las grandes afectadas. Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% de parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. El país de origen es otro de los condicionantes que pueden ser determinantes. La pandemia ha intensificado las situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante.
Cáritas reclama que las ayudas lleguen a jóvenes de 18 a 22 años
Cáritas ha pedido al Gobierno que incorpore para beneficiarse del Ingreso Mínimo Vital a las personas que están actualmente excluidas de este ingreso, como son los jóvenes entre 18 y 22 y las personas en situación administrativas irregular o familias con algún miembro en esta situación, además de reducir la extensión de las unidades de convivencia a la familia nuclear. Para Cáritas, el IMV también es «claramente insuficiente en su cuantía y está pensando como un sistema formado por el IMV como suelo mínimo y complementado por las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas». En este sentido, añade la entidad, es imprescindible que las comunidades autónomas mantengan sus rentas mínimas.
