El juzgado de Instrucción 8 de Alicante investigará al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), y a tres funcionarios del área por el cierre de una planta de tratamiento de residuos en el valle de Fontcalent. El juez acuerda abrir diligencias tras la denuncia que en julio presentó la empresa que explota la instalación, Llegando a la Cima S. L., que acusa al edil y a los técnicos de desobediencia (desacato) por ignorar presuntamente el Ayuntamiento un auto judicial de una instancia superior (el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad) y clausurar la planta cuando los querellantes entienden que el dictamen, de 2019, autorizaba el tratamiento y valorización de residuos de construcción y demolición en las instalaciones de Fontcalent. El concejal renunció este viernes a hacer valoraciones asegurando no tener constancia de la denuncia. Fuentes municipales indicaron que solo conocen «un comunicado de prensa que ha enviado la empresa a los medios de comunicación. Mientras no tengamos constancia de la denuncia los servicios jurídicos no van a estudiarla».
No es la primera vez que las fricciones entre Ayuntamiento y Llegando a la Cima acaban en el juzgado. La asesoría jurídica municipal presentó una denuncia en Fiscalía en julio de 2019 por desacato después de que la mercantil reabriera pese al precinto de las instalaciones y la orden de paralización de la actividad; y la empresa interpuso un contencioso contra el precinto.
La empresa denunció el pasado julio al concejal de Urbanismo al entender que cerró la planta ignorando una resolución del TSJCV que entienden permitía la actividad, saltándose el Ayuntamiento, afirman los querellantes, ese dictamen «que legitima la actividad que llevan a cabo». El Ayuntamiento, en cambio, interpreta la resolución del TSJCV como un informe sectorial favorable a la actividad de tratamiento de residuos lo que no implicaría una autorización a operaciones sin licencia.
Según la denuncia, «(el concejal y los técnicos) se han venido caracterizando por una especial animosidad en contra de la mercantil», con actuaciones «en perjuicio» de la empresa «y en beneficio de terceros con una falta de adecuación (...) a las reglas del procedimiento administrativo con ocasión de la apertura de una planta de reciclaje en el polígono de Fontcalent, y las licencias de dicha instalación y actividad». Indican en la denuncia que «el Ayuntamiento ha mantenido una actitud «evasiva y obstruccionista» con la actividad a desarrollar y en todo momento «ha cuestionado las herramientas con las que contaba (la empresa), negando su validez para acabar reconociendo la misma cuando se veía forzado a ello (...). En todo momento la actitud de los citados ha sido engañosa y dirigida a ralentizar y obstruir la obtención de los permisos necesarios para la total regularización de la actividad mediante toda suerte de excusas y retrasos injustificados en clara vulneración de las prácticas y normativa vigente».
En un comunicado, la empresa valoró este viernes positivamente el auto judicial de apertura de diligencias previas para investigar al concejal de Urbanismo y a tres técnicos del área; y precisa que las razones que llevaron a su departamento jurídicos a emprender acciones legales contra los cargos públicos mencionados, «tras agotar todas las vías de diálogo», son «la indefensión en la que se ha visto sumida la empresa durante los últimos dos años, en los que se han ignorado y vulnerado por parte de la Concejalía los derechos más básicos que asisten a cualquier mercantil y ciudadano que solicita un trámite a su administración más cercana; y sobre todo la desobediencia reiterada al auto judicial que reconoció en su día a Llegando a la Cima su legitimidad para el tratamiento de residuos, auto que fue acatado por la conselleria correspondiente. Una desobediencia que los ahora investigados han llevado hasta sus últimas consecuencias, dictando el cierre de las instalaciones, ante las presiones de los vecinos de la zona, que han pesado más que el auto emitido por el TSJCV y que a nuestro juicio ha llevado a dichos cargos públicos a incumplir con su deber de acatar la orden judicial, como dicta la Ley».
Denegación de la licencia por falta de documentación
El Ayuntamiento ordenó en febrero el cierre de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent tras constatar que faltaban los informes de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y la Confederación del Júcar. Tras denegarles la licencia de actividad, la empresa alegó alegaciones y el Ayuntamiento desestimó el recurso al faltar documentación y decretó el cierre.
