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Un juzgado de Alicante admite la denuncia de una empresa de tratamiento de residuos contra el edil de Urbanismo

El juez abre diligencias previas tras la querella de Llegando a la Cima por desobediencia al ignorar presuntamente el Ayuntamiento un auto judicial que autorizaba la actividad de la planta y clausurarla. El bipartito asegura no tener constancia de la denuncia

Actividad de la planta de tratamiento de residuos en 2019 Rafa Arjones

El juzgado de Instrucción 8 de Alicante ha acordado en un auto incoar diligencias previas tras estudiar la denuncia que el 26 de julio presentó la mercantil Llegando a la Cima, que se dedica al tratamiento y valorización de residuos en el Valle de Fontcalent, contra el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, y tres técnicos municipales para investigar la presunta desobediencia a un auto judicial anterior. Llegando a la Cima denunció al entender que el concejal cerró la planta ignorando una resolución de un juez (del TSJCV) que permitía la actividad, saltándose el Ayuntamiento, afirman los querellantes, ese dictamen "que legitima la actividad que llevan a cabo". La administración local puede apelar o impugnar este auto.

Según la denuncia, "(el concejal y los técnicos) se han venido caracterizando por una especial animosidad en contra de la mercantil", con actuaciones "en perjuicio" de la empresa "y en beneficio de terceros con una falta de adecuación de determinados actos a las reglas del procedimiento administrativo con ocasión de la apertura de una planta de reciclaje situada en el polígono de Fontcalent, y las licencias de dicha instalación y actividad". Asimismo, indican en la denuncia que "el Ayuntamiento de Alicante ha mantenido siempre una actitud evasiva y obstruccionista con la actividad a desarrollar y en todo momento ha cuestionado las herramientas con las que contaba (la empresa), negando su validez para acabar reconociendo la misma cuando se veía forzada a ello". En resumen, "en todo momento la actitud de los citados ha sido engañosa y dirigida a ralentizar e incluso a obstruir la obtención de los permisos necesarios para la total regularización de la actividad mediante toda suerte de excusas y retrasos injustificados en clara vulneración de las prácticas y normativa vigente", indican los denunciantes, que entiende que el Ayuntamiento ha cedido a la presión vecinal.

El Ayuntamiento ordenó en febrero el cierre de la planta de tratamiento de residuos de Fontcalent, muy criticada por los vecinos, que cada semana estaban celebrando protestas en su exterior. El bipartito acordó seguir adelante con la denegación de la licencia de actividad, lo que implica el cierre, después de constatar que faltaban los informes de impacto ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente, y el de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Después de denegarles la licencia de actividad, la empresa Llegando a la Cima S. L. presentó alegaciones y el Ayuntamiento les dio un mes para subsanar las falta de documentación, pero una vez estudiado el recurso "se desestima porque falta documentación. Se decreta el cierre porque ya no tienen licencia de actividad", confirmaron fuentes municipales. La empresa informó entonces de que en cumplimiento del decreto municipal decidía cesar temporalmente la actividad hasta subsanar las deficiencias que impiden la regularización de dicha actividad y la consecución de la preceptiva licencia

Al respecto de la admisión de la denuncia, fuentes de la Concejalía de Urbanismo se abstienen esta mañana de hacer valoraciones ya que "no tenemos constancia de ninguna denuncia, solo de un comunicado de prensa que ha enviado la empresa a los medios de comunicación. Mientras no tengamos constancia de la denuncia los servicios jurídicos no van a estudiarla".

A continuación, el citado comunicado de prensa íntegro:

"La mercantil Llegando a la Cima S.L. quiere hacer constar lo siguiente: Que valora positivamente el auto judicial que expresa la necesidad de abrir diligencias previas para investigar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y a tres técnicos del área así como su gestión en los hechos que se ponen de manifiesto en la denuncia. Que las razones que llevaron al departamento jurídico de Llegando a la Cima a emprender acciones legales contra los cargos públicos mencionados, tras agotar todas las vías de diálogo, no es otra que la indefensión en la que se ha visto sumida la empresa durante los últimos dos años, en los que se han ignorado y vulnerado por parte del Ayuntamiento de Alicante, concretamente desde la Concejalía de Urbanismo, los derechos más básicos que asisten a cualquier mercantil y ciudadano que solicita un trámite por parte de la Administración más cercana, su Ayuntamiento, así como (y sobre todo) la desobediencia reiterada al auto judicial que reconoció en su día a Llegando a la Cima su legitimidad para el tratamiento de residuos, esto es, su recogida, clasificación y reciclaje de RCDS, auto que fue acatado por la Conselleria correspondiente, rehusando dicha administración a recurrir la mencionada decisión judicial. Una desobediencia que los ahora investigados han llevado hasta sus últimas consecuencias, dictando el cierre de las instalaciones, ante las presiones y movilizaciones de los vecinos de la zona, que han pesado más que el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV y que a nuestro juicio han llevado a dichos cargos públicos a incumplir con su deber de acatar la orden judicial, tal como dicta la Ley.

Sin más que añadir, Llegando a la Cima quiere detallar a continuación la cronología de los actos que han llevado a la presentación de la querella y, como consecuencia, el posterior auto judicial

1. Presentación de solicitud de licencia: 18 de octubre de 2018

2. Se recibe informe de la Conselleria de Medio Ambiente atribuyendo la competencia al Ayuntamiento: 3 de diciembre de 2018

3. Auto del TSJCV, de 27 de septiembre de 2019, de acatamiento por Conselleria el 7 de noviembre de 2019 y comunicado ese mismo día al Ayuntamiento

4. Resolución expresamente contraria a dicha decisión por el Ayuntamiento decretando el precinto de las instalaciones el 23 de octubre de 2020

5. En julio de 2021 se presenta querella contra el concejal de Urbanismo y técnicos de su área

6. En septiembre de 2021 se presenta querella contra determinados vecinos y políticos por las falsedades vertidas en los medios

7. El juez abre diligencias previas por la presunta comisión de delitos de desobediencia de autoridades o funcionarios. En el auto el juez expresa que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito. Octubre de 2021".

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